Agroexportadoras usarían obligaciones laborales como descuentos para comprar tierras estatales

El Gobierno de José Jerí ha puesto sobre la mesa una polémica iniciativa que busca crear un mecanismo que permitiría que las empresas agroexpotadoras puedan “canjear” las obligaciones laborales que pagan a sus trabajadores por descuentos para la compra de tierras estatales.

Esto se lograría gracias a la creación de los llamados Certificados de Aporte para la Promoción Agraria (CAPA), un nuevo instrumento que permitiría a las empresas agrarias utilizar parte de los aportes laborales obligatorios —como la Bonificación Especial por Trabajo Agrario (BETA) y la contribución al SENATI— como crédito para participar en subastas de tierras del Estado.

“El bono BETA es un salario extra que por ley tienen que pagar los agroexportadores a los trabajadores. Es un costo extra para ellos. Con la nueva ley se compensaría ese costo de manera que, en términos prácticos, el pago extra les saldría gratis a los agroexportadores”, afirmó el exministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza en su cuenta de X.

El planteamiento, presentado como un mecanismo para promover inversiones y formalizar el sector, es una de las medidas presentadas por el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley por el cual solicitan delegación de facultades legislativas en temas de seguridad ciudadana, crecimiento económico y fortalecimiento institucional.

Un bono para agroexportadoras

Según el documento presentado por el Gobierno se señala que los CAPA serían un reconocimiento a las empresas que cumplen con las obligaciones establecidas por la Ley N.° 31110, el régimen laboral agrario vigente desde 2020.

Según su argumento, las cargas adicionales que introdujo dicha ley habrían elevado los costos laborales del sector, limitando la capacidad de expansión de las firmas formales, especialmente en zonas rurales con baja productividad.

El director ejecutivo de ComexPerú, Jaime Dupuy, señaló que el Bono BETA, vigente desde el 2020, equivale al 30% de la remuneración mínima vital (RMV) y con ello, el régimen laboral del sector agrario, principal actividad económica generadora de empleo del Perú, tiene los sobrecostos más altos.

“El BETA genera incertidumbre sobre los costos de planilla, al estar indexado a la RMV, que históricamente se determina por voluntad política, sin sustento técnico”, afirmó Dupuy.

Si bien el Ejecutivo afirma que el CAPA equilibraría la estructura de costos y se incentivaría la formalidad, en la práctica convertirían los aportes laborales en un “bono” aplicable a la adquisición de tierras y de esta manera funcionaría como una subvención indirecta del Estado para la compra de tierras públicas, otorgando beneficios preferenciales a empresas que ya tienen una posición consolidada.

Se reducirían ingresos públicos

Aunque el Ejecutivo sostiene que “no genera gasto adicional” porque se basa en aportes ya realizados, lo cierto es que la conversión de obligaciones laborales en créditos para acceder a activos públicos implica un costo de oportunidad para el Estado.

En términos prácticos, con la creación de los CAPA se estaría resignando ingresos potenciales por subastas de tierras a cambio de reconocer aportes que las empresas tenían la obligación legal de cumplir.

El Gobierno también argumenta que el mecanismo ayudará a reducir la informalidad laboral en un 15% y a incorporar más de 10.000 hectáreas de tierras estatales al circuito productivo en los primeros tres años, pero la propuesta no contiene el detalle de los estudios técnicos que sustenten estas proyecciones.

¿Promueve la concentración de tierras?

Aunque el texto menciona que los CAPA permitirían “evitar la concentración” de las tierras, no se explican los mecanismos regulatorios ni los límites por empresa o grupo económico, lo que deja abierta la posibilidad de que grandes firmas agroexportadoras capitalicen estos certificados para ampliar sus extensiones a bajo costo.

Asimismo, pese a que el Ejecutivo afirma que la medida fortalecerá la competitividad agraria y promoverá inversiones sostenibles, organizaciones laborales y expertos advierten que vincular obligaciones laborales con activos públicos es un precedente riesgoso.

Si se abre esta puerta en el sector agrario, otras actividades económicas podrían exigir mecanismos equivalentes, erosionando la disciplina fiscal y debilitando la noción de que las obligaciones laborales son derechos irrenunciables, no cupones intercambiables.

Ya el exministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, se pronunció sobre este tema cuestionando el “poder” que tienen los agroexportadores para obtener más beneficios, pues recordó que últimamente también se les restituyó los beneficios tributarios.

“¿Hasta dónde llega el poder de los agroexportadores? Hace unos meses se les extendió beneficios tributarios. Ahora, los agroexportadores que paguen el bono BETA serían compensados con un Certificado de Aporte para la promoción Agraria (CAPA) para, dicen, promover inversiones. ¿Qué?”, afirmó.