Si usted en los últimos meses siente que su dinero vale menos en el mercado, no es una percepción aislada. Detrás del aumento de precios hay una tormenta perfecta que golpea a la agricultura peruana y amenaza la seguridad alimentaria del país.
Eventos climáticos extremos, problemas energéticos internos y tensiones geopolíticas internacionales están encareciendo la producción de alimentos. El panorama para la agricultura peruana este año es preocupante pues tres factores están trasladándose al bolsillo de los hogares.
El primero es el fenómeno del Niño. El cambio climático ya no es una advertencia lejana: es una realidad que altera los ciclos del agua y vuelve cada vez más extremos los periodos de sequía y de lluvias intensas.
Tras el ciclón Yaku en 2023, el país no logró avanzar en una planificación urbana ni rural que permita reducir los impactos de eventos climáticos extremos. Hoy, 14 regiones se encuentran en emergencia. Las lluvias han vuelto a activar quebradas y provocar desbordes de ríos, con la consiguiente pérdida de cultivos y el colapso de vías de acceso. Puentes y carreteras dañadas dificultan el traslado de alimentos hacia los mercados.
A ello se suma que se podrían mantener temperaturas más cálidas hasta octubre, afectando tanto a la pesca como a varios cultivos que requieren climas más fríos para desarrollarse según el calendario agrícola habitual.
El segundo factor es el aumento de los costos energéticos y logísticos. La reciente deflagración en Megantoni, en Cusco, ha puesto en evidencia la fragilidad del sistema energético y su impacto en la cadena alimentaria.
El alza del precio del balón de gas y del combustible ya se refleja en mayores costos de transporte. Pero el impacto no termina ahí. Las interrupciones en el suministro energético también afectan el funcionamiento de la maquinaria agrícola, el traslado de cosechas hacia las plantas de procesamiento y la operación de la industria alimentaria. Además, muchos transportistas están optando por paralizar sus actividades debido al aumento del combustible y a la creciente inseguridad en las carreteras.
El tercer factor proviene del escenario internacional. A la guerra entre Rusia y Ucrania se suma ahora el conflicto con Irán, lo que genera nuevas presiones sobre los mercados energéticos y sobre el tipo de cambio. Por el estrecho de Ormuz transita cerca de una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas. Pero también circula por esa ruta un insumo esencial para la producción agrícola: la urea. Desde esa región sale aproximadamente el 35% de las exportaciones globales de este fertilizante. Dado que el Perú depende de la importación de fertilizantes, cualquier incremento en su precio repercute directamente en los costos de producción agrícola.
Ante este escenario, algunos proponen recurrir al guano de isla como alternativa. Sin embargo, el componente clave de los fertilizantes es el nitrógeno. Según el ingeniero Renato Calle, en promedio, los cultivos requieren cerca de 200 kilos de nitrógeno por hectárea. La urea contiene alrededor de 46% de nitrógeno, mientras que el guano de isla apenas alcanza el 10%. En términos simples, 400 kilos de urea aportan cerca de 188 kilos de nitrógeno. Para obtener la misma cantidad con guano de isla se necesitarían casi 1900 kilos. Esto demuestra que, aunque el guano es un recurso valioso, no puede reemplazar completamente a los fertilizantes industriales.
Otra opción es la planta de Cachimayo, en Cusco, la única en el país que produce nitrato de amonio. Sin embargo, su producción anual —alrededor de 360 mil toneladas— es insuficiente para cubrir la demanda nacional. Se debe impulsar la necesidad de instalar una planta de urea en el sur, idealmente cerca de Cusco, para aprovechar el gas de Camisea y asegurar la soberanía alimentaria. Asimismo, una medida complementaria clave es fortalecer la extensión agrícola para que los agricultores puedan optimizar el uso de fertilizantes y mejorar la productividad de sus campos.
En este contexto, el gobierno de transición no puede limitarse a administrar la coyuntura. Necesita adoptar una visión de mediano y largo plazo que deje soluciones técnicas viables para la siguiente administración. Esto exige una acción articulada entre distintos sectores del Estado. Una comisión de seguridad alimentaria que involucre al MEF, MIDIS, MIDAGRI, PRODUCE y la Cancillería podría coordinar políticas públicas junto con gobiernos regionales y municipalidades. Sus decisiones deberían basarse en las recomendaciones climáticas del SENAMHI y en la gestión de recursos hídricos liderada por la Autoridad Nacional del Agua.
Al mismo tiempo, es urgente generar empleo mediante programas de reconstrucción de infraestructura: puentes, caminos, canales de riego y campos agrícolas dañados por las lluvias. Canalizar estas labores a través del Ministerio de Trabajo permitiría poner ingresos en los bolsillos de miles de personas mientras se acelera la recuperación productiva del país. La lógica es sencilla: en lugar de depender únicamente de bonos o subsidios temporales, se puede impulsar empleo que contribuya a reconstruir la infraestructura y reactivar las actividades económicas. Finalmente, toda estrategia debe ir acompañada de mecanismos de fiscalización que garanticen transparencia en el uso de los recursos públicos.
La seguridad alimentaria del país —especialmente de los peruanos más vulnerables— es demasiado frágil como para seguir postergando decisiones. El momento de actuar es ahora.
