Nuevo revés para Cosco Shipping: Poder Judicial confirma facultades de Indecopi en Chancay
La desestimación de la acción de amparo presentada por Cosco Shipping contra Indecopi representa un nuevo revés para la empresa china en una larga disputa con entidades del Estado peruano. El fallo reafirma las facultades del organismo de competencia para evaluar posibles fallas de mercado en el megapuerto de Chancay y reabre el debate sobre regulación, supervisión y concentración de poder en una infraestructura estratégica para el país.
El Poder Judicial declaró infundada la demanda de amparo interpuesta por Cosco Shipping Ports Chancay Perú contra Indecopi y ratificó la legalidad de las actuaciones técnicas realizadas por la autoridad de competencia respecto al Terminal Portuario Multipropósito de Chancay. Según la resolución judicial, la evaluación sobre las condiciones de competencia en el terminal forma parte de las funciones ordinarias del organismo y no vulnera derechos contractuales de la empresa.
La decisión representa un importante respaldo institucional a la labor de Indecopi, que en abril de 2025 concluyó que no existirían condiciones de competencia en cuatro mercados relevantes vinculados a la atención de naves portacontenedores y al movimiento de carga dentro del puerto.
Una controversia que viene desde la exclusividad otorgada por el Estado
El conflicto actual no surgió de manera aislada. Sus antecedentes se remontan a 2021, cuando la Autoridad Portuaria Nacional (APN) otorgó a Cosco Shipping la habilitación portuaria para desarrollar el terminal de Chancay y le concedió la exclusividad para la explotación de servicios esenciales dentro de la infraestructura.
Con el avance de las obras y la proximidad de su entrada en operación, diversos organismos públicos comenzaron a cuestionar la legalidad y los efectos de dicha exclusividad. En 2024, la propia APN reconoció que el otorgamiento de esa prerrogativa había sido producto de un error administrativo y promovió acciones para corregirla.
La controversia adquirió mayor relevancia debido a que el puerto de Chancay es considerado una infraestructura estratégica para el comercio exterior peruano y sudamericano, por lo que las condiciones bajo las cuales operará tienen implicancias que trascienden el ámbito empresarial.
En marzo de 2024, el regulador presentó una denuncia informativa ante Indecopi para que se evaluara si la exclusividad concedida a Cosco constituía una barrera burocrática o generaba restricciones indebidas a la competencia.
Posteriormente, Ositrán retiró una de sus acciones ante Indecopi debido a que existían procesos similares impulsados por otras entidades del Estado, aunque mantuvo sus cuestionamientos respecto al esquema de exclusividad del terminal.
Más recientemente, Cosco también obtuvo una sentencia favorable en otro proceso judicial que limitó temporalmente las facultades de supervisión de Ositrán sobre el megapuerto, argumentando que se trata de una infraestructura privada de uso público y no de una concesión estatal tradicional. Esa decisión ha sido cuestionada por especialistas y por el propio regulador, que sostiene la necesidad de mantener mecanismos de supervisión sobre una infraestructura abierta al público.
Una estrategia recurrente: judicializar la regulación
La reciente derrota frente a Indecopi evidencia un patrón que ha marcado la relación de Cosco Shipping con diversas instituciones peruanas: recurrir a la vía judicial cuando considera que las decisiones regulatorias afectan las condiciones bajo las cuales realizó su inversión.
La empresa ha rechazado reiteradamente las conclusiones de Indecopi sobre la ausencia de competencia en el terminal y ha sostenido que el puerto opera dentro de un mercado competitivo. Incluso ha evaluado acciones legales frente a la posibilidad de que se establezcan mecanismos de regulación tarifaria derivados de los informes técnicos emitidos por el organismo.
Sin embargo, los organismos públicos argumentan que la magnitud y relevancia estratégica del puerto justifican la existencia de controles que garanticen competencia efectiva y eviten posiciones dominantes que puedan afectar a usuarios, operadores logísticos y consumidores finales.
Más allá del puerto: una discusión sobre soberanía regulatoria
El caso Chancay ha dejado de ser únicamente una controversia empresarial. La disputa enfrenta dos visiones contrapuestas: por un lado, la defensa de la estabilidad jurídica para una de las mayores inversiones privadas realizadas en el país; por otro, la necesidad de que el Estado conserve capacidad regulatoria sobre una infraestructura considerada estratégica para el desarrollo nacional.
La decisión judicial favorable a Indecopi fortalece la posición de quienes sostienen que ninguna inversión, por importante que sea, puede quedar al margen del control de las autoridades encargadas de velar por la competencia y el interés público. Al mismo tiempo, anticipa que la controversia entre Cosco Shipping y el Estado peruano está lejos de concluir y seguirá marcando el futuro regulatorio del megapuerto de Chancay.
