7 regiones: Minem respalda extensión de concesión a empresa con accionista que demanda a Perú ante el CIADI

El Gobierno busca extender por 10 años la concesión de Gas Natural de Lima y Callao S.A. (Cálidda), a cambio de que la empresa amplíe la infraestructura de distribución de gas natural hacia siete regiones del centro y sur del país: Ayacucho, Ucayali, Junín, Cusco, Puno, Apurímac y Huancavelica.

El proyecto contempla inicialmente más de 201 mil usuarios en cerca de 15 ciudades, con una tarifa equivalente a la de Lima. La infraestructura proyectada considera además una expansión progresiva del servicio hacia nuevos hogares y actividades productivas.

La propuesta llega a esta etapa después de que Osinergmin formulara observaciones a la ampliación de la concesión. El informe N.° 413-2026-GRT/OS, del 23 de junio de 2026, planteó cuestionamientos vinculados con la propuesta de adenda, entre ellos la posibilidad de una doble remuneración vía tarifas por inversiones que ya habrían sido recuperadas.

El nuevo escenario también tiene una particularidad empresarial. Cálidda tiene como accionistas al Grupo Energía Bogotá (GEB), con 60% de participación, y Promigas, con 40%. Esta última empresa opera directamente en Perú mediante las concesiones Norte y Piura, bajo la marca Quavii, y en julio de 2026 formalizó el inicio de un arbitraje internacional contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por discrepancias respecto de las tarifas de distribución de gas natural aprobadas por Osinergmin.

Minem levanta observaciones y remite expediente al MEF

A través de una nota de prensa el Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que culminó el informe técnico final del proyecto después de concluir la evaluación correspondiente y levantar las observaciones identificadas, entiéndase por el organismo supervisor.

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, señaló que el documento fue remitido al Ministerio de Economías y Finanzas (MEF) para solicitar su opinión y continuar el proceso hacia la firma de la adenda con Cálidda. El Ejecutivo espera que la suscripción pueda concretarse durante octubre, lo que permitiría iniciar posteriormente el desarrollo de infraestructura en las regiones involucradas.

De acuerdo con el planteamiento del Gobierno, el objetivo es ampliar el acceso a una fuente de energía que pueda ser utilizada tanto por hogares como por actividades productivas regionales. Las autoridades de Puno, Cusco y Ayacucho, así como representantes de otras regiones involucradas, han expresado su respaldo al avance del proyecto.

Sin embargo, el Minem no detalló en su anuncio cuáles fueron específicamente las observaciones formuladas por Osinergmin que fueron levantadas ni qué modificaciones concretas se introdujeron en el texto de la adenda como consecuencia de esas observaciones.

Es precisamente la comparación entre versiones del documento la que permite identificar algunos de los principales cambios incorporados antes de su eventual firma.

Versión Estado 3: cambios en penalidades y fiscalización

De acuerdo con un proyecto de adenda actualizado al 22 de setiembre, señalado como “Versión Estado 3” del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) que circula, se advierte que los principales levantamientos de observaciones introducidos respecto del texto analizado por Osinergmin están relacionados con los mecanismos de cumplimiento, penalización y fiscalización de las obligaciones asumidas por el concesionario.

Uno de los cambios más relevantes está en el régimen de penalidades. La nueva versión incorpora una sanción específica para el caso en que el concesionario no inicie el servicio con al menos un consumidor habilitado en cada localidad comprendida en el Hito 1 dentro de los 24 meses establecidos.

La penalidad asciende a US$2.347 diarios por localidad durante los primeros 120 días de incumplimiento y a US$4.695 diarios entre los días 121 y 365. Esta sanción no aparecía con esta estructura en el texto de la propuesta recogido y analizado por Osinergmin.

Otro cambio está en el procedimiento para hacer efectivas las penalidades. La Versión Estado 3 incorpora un nuevo numeral 10.3 que establece las reglas para su exigencia y pago, incluyendo la comunicación escrita al concesionario, los plazos correspondientes, la posibilidad de formular objeciones, los mecanismos de resolución de controversias y la aplicación de intereses en caso de retraso.

Así, el nuevo texto no solo fija las sanciones, sino que desarrolla el mecanismo para hacerlas exigibles.

También se precisa el alcance del mecanismo de compensación de las metas de conexión. La nueva versión señala que, cuando no se alcance el número mínimo de consumidores conectados, podrán compensarse las conexiones faltantes “de la localidad correspondiente” hasta en un 20%.

En el texto recogido por Osinergmin se hacía referencia a las conexiones faltantes “del hito correspondiente”. El cambio de redacción delimita de manera distinta el ámbito en el que puede operar este mecanismo.

A ello se suma una precisión sobre las facultades de Osinergmin. La Versión Estado 3 establece expresamente que la fiscalización del cumplimiento de los hitos al momento de su vencimiento se realizará sin perjuicio de las facultades permanentes de supervisión, fiscalización y requerimiento de información que corresponden al organismo regulador.

En paralelo, el capítulo de penalidades queda reorganizado. El numeral 10.1 pasa a concentrar la sanción por no iniciar el servicio en las localidades del Hito 1; el 10.2 mantiene las penalidades asociadas al incumplimiento de las metas de conexiones; el 10.3 establece el procedimiento para hacer efectivas las sanciones; y el 10.4 regula los supuestos de suspensión.

La nueva estructura permite diferenciar con mayor claridad los distintos tipos de incumplimiento y sus consecuencias.

Los parámetros centrales permanecen

Estos cambios contrastan con los principales parámetros de la ampliación de la concesión, que permanecen sin modificaciones aparentes en los documentos comparados.

Entre ellos están la extensión de la concesión por 10 años, la incorporación de siete nuevas localidades o ámbitos, la meta de 201.411 consumidores conectados, el universo de 300.613 consumidores potenciales y los 3.738,9 kilómetros de redes considerados en el proyecto.

Asimismo, se mantiene el esquema de suministro de GNL para las nuevas áreas y las disposiciones que permiten una contratación temporal de servicios de la cadena de GNL en determinadas circunstancias.

En consecuencia, la comparación documental permite identificar que los cambios más visibles de la Versión Estado 3 se concentran en cómo se controla y sanciona el cumplimiento de los compromisos de expansión, mientras que los parámetros centrales de la ampliación —plazo, metas generales, localidades y extensión de redes— permanecen, en lo que puede ser contrastado, sin cambios sustanciales.

MEF tendrá ahora la palabra

Con la culminación del informe técnico final, el proyecto de adenda entra ahora en una nueva etapa institucional. El Minem ya remitió el documento al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para solicitar su opinión y continuar con el proceso que podría llevar a la firma del acuerdo con Cálidda.

El pronunciamiento del MEF será, por tanto, el siguiente paso antes de que la ampliación de la concesión por 10 años y los compromisos para llevar gas natural a siete regiones puedan pasar de la etapa de evaluación a la suscripción de la adenda.

Mientras tanto, la comparación entre las versiones del documento muestra que las modificaciones introducidas se concentran principalmente en los mecanismos para controlar, fiscalizar y sancionar el cumplimiento de las obligaciones, mientras que permanecen los principales parámetros de expansión. Sobre esa base, será ahora el ministerio que lidera Elmer Cuba el que deberá plasmar su opinión antes de que el Ejecutivo pueda avanzar hacia la firma de la adenda con Cálidda.