El Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP Lima) pidió que la ampliación del servicio de gas natural hacia siete regiones del país se sustente en evaluaciones técnicas, económicas, regulatorias y jurídicas que permitan verificar la viabilidad de las inversiones y sus efectos sobre las tarifas.
Mediante el Pronunciamiento N.° 44-2025-2027/CIPLIMA, difundido el 27 de octubre, la institución planteó que la propuesta de adenda al contrato de concesión de distribución de gas natural de Lima y Callao, actualmente en evaluación, sea comparada objetivamente con una nueva licitación y otras alternativas técnicamente viables.
La posición del CIP Lima se conoce mientras el Gobierno avanza en la evaluación de una ampliación de la concesión de Gas Natural de Lima y Callao S.A. (Cálidda), que contempla extender su vigencia por diez años a cambio de compromisos para llevar el servicio a localidades de Ayacucho, Ucayali, Junín, Cusco, Puno, Apurímac y Huancavelica.
El gremio precisó que su planteamiento no supone respaldar o descartar anticipadamente una modalidad contractual. Su pedido es que las alternativas se sometan a criterios equivalentes de evaluación, transparencia y análisis de riesgos, y que la decisión considere tanto la expansión del servicio como sus consecuencias para la concesión existente.
Inversión superior a US$550 millones y más de 300.000 usuarios potenciales
La propuesta de ampliación contempla inversiones privadas superiores a US$550 millones, alrededor de 3.700 kilómetros de redes de distribución y la expansión del servicio a 15 localidades. La infraestructura proyectada permitiría atender potencialmente a más de 300.000 usuarios, mientras que la meta mínima de conexiones considerada en la propuesta es de 201.411 consumidores.
Frente a estas dimensiones, el CIP Lima considera necesario verificar el monto de inversión comprometido, el costo efectivo por usuario conectado, los cronogramas de ejecución y las metas de cobertura. También plantea evaluar los costos de inversión y operación, las proyecciones de demanda, la seguridad del suministro y los efectos tarifarios para los usuarios actuales y futuros.
La institución sostiene que el análisis no debe limitarse a establecer cuántas conexiones podrían instalarse. También debe determinar si las obligaciones asumidas por el concesionario son ejecutables, qué mecanismos permitirán comprobar su cumplimiento y qué garantías respaldarán las inversiones.
Estos elementos adquieren relevancia porque la ampliación regional se incorporaría a un contrato que originalmente corresponde a la distribución de gas natural en Lima y Callao. Por ello, el CIP Lima pide examinar de qué manera las nuevas obligaciones podrían incidir en la sostenibilidad económica de la concesión vigente.
Las observaciones de Osinergmin forman parte del debate
El pronunciamiento se suma a una discusión que Índice.pe ha seguido a partir de las observaciones formuladas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) a la propuesta de Novena Adenda.
En su informe N.° 413-2026-GRT/OS, del 23 de junio de 2026, el regulador planteó cuestionamientos sobre el tratamiento económico de determinados activos y la posibilidad de que inversiones cuya recuperación debería concluir al término del contrato original vuelvan a ser reconocidas en la estructura tarifaria durante una eventual extensión.
La discusión se relaciona con el vencimiento del contrato vigente, previsto para diciembre de 2033, y la propuesta de extender la concesión hasta 2043. Según el análisis publicado por este medio, uno de los puntos en controversia es el tratamiento del valor residual de las instalaciones y su eventual reconocimiento económico después del periodo contractual original.
La llamada doble remuneración alude a la posibilidad de reconocer nuevamente en las tarifas una inversión que ya habría sido recuperada durante la concesión. No significa que la factura de los usuarios necesariamente vaya a duplicarse, sino que debe determinarse cómo se contabilizarán y remunerarán los activos bajo las nuevas condiciones.
En septiembre, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que había culminado la evaluación técnica del proyecto y remitido el expediente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para solicitar su opinión. Sin embargo, en su cobertura del 27 de septiembre, este medio advirtió que el anuncio no detalló cuáles fueron específicamente las observaciones levantadas ni qué cambios concretos se incorporaron a la propuesta.
El pronunciamiento del CIP Lima incorpora ahora la exigencia de que los estudios técnicos, económicos, tarifarios y jurídicos que sustenten la decisión sean transparentes y permitan evaluar los riesgos de las distintas opciones.
El antecedente del Proyecto Siete Regiones
El CIP Lima también recuerda que los intentos anteriores de masificar el gas natural en las regiones involucradas no lograron consolidar una solución integral. Entre esos antecedentes se encuentra el Proyecto Siete Regiones, cuyo concurso fue declarado desierto en 2021.
Para el gremio, esa experiencia debe ser considerada al comparar las alternativas de expansión. La convocatoria de un concurso no garantiza por sí sola la ejecución de las inversiones, pero tampoco la ampliación mediante una adenda demuestra, por sí misma, que se obtendrán mejores resultados.
Por ello, plantea evaluar la capacidad de cada alternativa para atraer inversiones, ejecutar infraestructura, ampliar la cobertura y garantizar la continuidad del servicio. El análisis también debe considerar las características de la demanda regional y las condiciones necesarias para sostener económicamente las redes.
El debate se produce, además, mientras el Gobierno ha defendido la posibilidad de resolver la adenda durante noviembre. En una publicación del 21 de octubre, Índice.pe informó que el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, estimaba que el proceso podría definirse en ese periodo, aunque persistían interrogantes sobre las condiciones económicas y el modelo de abastecimiento.
CIP Lima pide metas verificables y garantías de cumplimiento
En su pronunciamiento, el colegio profesional exhorta al Minem, al MEF, a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) y a Osinergmin a intervenir dentro de sus respectivas competencias y sustentar la decisión con evaluaciones independientes y transparentes.
Entre los aspectos que considera necesario establecer figuran las metas exigibles de inversión y conexión, los plazos de ejecución y los mecanismos de supervisión. También solicita garantías y penalidades que permitan hacer cumplir las obligaciones del concesionario.
La evaluación, según el gremio, debe precisar además cómo se distribuirán los costos y riesgos entre la empresa, el Estado y los usuarios, y qué consecuencias podría tener la ampliación sobre la sostenibilidad económica de la concesión de Lima y Callao.
El CIP Lima sostiene que la prioridad debe ser ampliar efectivamente el acceso al gas natural, pero mediante una solución que cuente con sustento técnico y económico, tarifas sostenibles y compromisos verificables.
Asimismo, el pronunciamiento del CIP Lima insta a ProInversión, Osinergmin, MEF y Minem a hacer públicos los estudios técnicos, económicos, tarifarios y jurídicos que respaldan la decisión.
Finalmente, se destaca la necesidad de garantías estrictas. En la última versión difundida de la adenda (septiembre 2026), se han incluido penalidades de US$2.347 a US$4.695 por día por localidad ante retrasos, así como ajustes en cómo compensar conexiones pendientes.
La decisión pendiente, por tanto, no se limita a determinar si se firma o no una adenda. También requiere demostrar, mediante la comparación de alternativas, cuáles son las condiciones más convenientes para ejecutar las inversiones y extender el servicio a las regiones sin comprometer la sostenibilidad de la concesión existente.
