Gremios exigen sanciones a TGP por crisis del gas en Camisea
La interrupción del ducto de Camisea en marzo reabrió el debate sobre la fragilidad del sistema energético peruano y el impacto económico de depender de una sola infraestructura crítica.
Osinergmin detectó incumplimientos de TGP tras crisis del ducto de Camisea que golpeó la economía peruana.
Diversos gremios empresariales, entre ellos la Asociación de MYPES Unidas del Perú, ASPAN, APEB y ASPEFAR, reclamaron medidas inmediatas del Ministerio de Energía y Minas (Minem) tras conocerse un informe preliminar de Osinergmin que identifica posibles incumplimientos contractuales de Transportadora de Gas del Perú (TGP).
El incidente tuvo origen en una deflagración registrada en el kilómetro 43 (KP 43) del sistema de transporte de gas natural y líquidos de gas natural, en el distrito de Megantoni, Cusco. Tras las acciones de supervisión realizadas luego del accidente, Osinergmin concluyó que el concesionario incumplió obligaciones establecidas en los contratos de concesión.
De acuerdo con el organismo supervisor, la empresa no suministró el flujo ni la presión de gas necesarios para atender los requerimientos máximos diarios entre el 1 y el 13 de marzo de 2026. El contrato establece que el sistema debe ser diseñado, construido, mantenido y operado de manera que se restrinjan paros no programados y se garantice una disponibilidad anual de 99%.
En ese contexto, Osinergmin remitió al Minem dos informes de fiscalización: uno relacionado con el contrato de concesión de transporte de gas natural por ductos de Camisea al City Gate y otro referido al transporte de líquidos de gas natural desde Camisea hasta la costa. Ambos documentos buscan que el ministerio evalúe y adopte las acciones correspondientes frente a los incumplimientos detectados.
Un ducto estratégico para la economía peruana
El sistema operado por TGP es considerado una de las infraestructuras energéticas más importantes del país. El ducto transporta cerca del 95% del gas natural consumido en el Perú, desde los yacimientos de Camisea hasta Lima y la costa central.
El impacto fue tal que especialistas y autoridades calificaron el episodio como la peor crisis energética que ha enfrentado el Perú en las últimas dos décadas. Reuters informó que el corte redujo hasta en 90% el suministro de gas natural en el país durante los días más críticos de la emergencia.
Para las MYPES, las consecuencias fueron especialmente severas. “Cada corte de servicio implica producción paralizada, pérdidas económicas y mayores costos”, advirtieron los gremios en su pronunciamiento.
Asimismo, recordó que, bajo el marco legal vigente, su función es fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones técnicas, normativas y contractuales dentro de su competencia, mientras que la eventual aplicación de penalidades corresponde al Ministerio de Energía y Minas en su calidad de concedente.
Las investigaciones también revelaron que personal de TGP realizaba labores de mantenimiento el día en que ocurrió la deflagración.
El caso ha reavivado cuestionamientos históricos sobre la seguridad del sistema Camisea. Un reportaje de Reuters reveló que organismos supervisores habían emitido durante años advertencias sobre riesgos geológicos, erosión y fallas estructurales en distintos tramos del ducto. Desde 2004 se han registrado múltiples incidentes, incluidos cinco rompimientos en los primeros tres años de operación.
De acuerdo con esos reportes, varios eventos anteriores ocurrieron en zonas consideradas de “alto riesgo” y en algunos casos se habrían aplicado soluciones temporales sin atender de manera integral los problemas de estabilidad del terreno.
Mientras las investigaciones avanzan, los gremios empresariales demandan que el Minem haga cumplir las obligaciones establecidas en el contrato de concesión y adopte medidas que garanticen la continuidad del servicio energético.
“La economía y el empleo dependen de un sistema energético confiable”, señalaron las organizaciones empresariales en su pronunciamiento.
