Salir de la pobreza no garantiza comer bien en el Perú

Superar la línea de pobreza no garantiza que una familia pueda acceder regularmente a alimentos suficientes y adecuados. Así lo muestra el estudio Repensar y rearmar la política social para retomar la senda perdida. Pobreza, hambre y El Niño en el Perú de 2026, de Carolina Trivelli y Carmen Mendoza, publicado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Según su estimación, aproximadamente el 64 % de las personas que enfrentaron inseguridad alimentaria moderada o severa en 2025 no era pobre monetario.

El hallazgo adquiere relevancia ante la evolución de El Niño. En su comunicado del 30 de octubre, el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) informó que el calentamiento frente a la costa peruana había alcanzado su máxima intensidad desde el inicio del evento y mantuvo la alerta de El Niño Costero. Su pronóstico contempla una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027, referida al calentamiento del mar.

La investigación de Trivelli y Mendoza permite dimensionar las condiciones en las que los hogares enfrentan esta amenaza: en 2025, el 30,5 % de la población ya experimentaba inseguridad alimentaria moderada o severa, equivalente a unos 10,4 millones de personas. Las dificultades para alimentarse, por tanto, anteceden a los eventuales impactos adicionales del fenómeno climático.

El estudio recoge que estas personas tuvieron restricciones para acceder a alimentos en cantidad o calidad suficientes por falta de dinero u otros recursos durante el mes previo a la entrevista. Dentro de ese conjunto, el 3,4 % de la población nacional enfrentó inseguridad alimentaria severa. Ambas categorías deben distinguirse: no todos los afectados atravesaron las situaciones más extremas de privación.

La alimentación más allá de la línea de pobreza

Para analizar la relación entre pobreza y alimentación, Trivelli y Mendoza combinaron las prevalencias de inseguridad alimentaria publicadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) con el tamaño estimado de cada grupo socioeconómico.

Sus cálculos muestran que unos 3,7 millones de afectados eran pobres monetarios. Sin embargo, otros 3,7 millones pertenecían al grupo de no pobres vulnerables y cerca de 3 millones estaban clasificados como no pobres no vulnerables.

En conjunto, aproximadamente 6,7 millones de personas enfrentaron restricciones alimentarias pese a encontrarse por encima de la línea de pobreza, según la estimación de las autoras, quienes precisan que las cantidades son aproximadas.

El documento plantea que la inseguridad alimentaria parece depender de factores que van más allá del ingreso corriente: su volatilidad, el costo de los alimentos en cada territorio, el acceso físico a los mercados, las redes de apoyo y la composición de los hogares, entre otros.

Esta diferencia tiene consecuencias para la política pública. Trivelli y Mendoza advierten que los programas alimentarios y las transferencias se asignan fundamentalmente con criterios de pobreza monetaria o clasificación socioeconómica. Incorporar información sobre inseguridad alimentaria permitiría identificar necesidades que esas categorías no describen por completo.

El Niño presiona la producción y el presupuesto familiar

El escenario climático presenta riesgos distintos según el territorio. Para noviembre de 2026 a enero de 2027, el ENFEN prevé lluvias superiores a lo normal en la costa norte y central y sectores de la sierra occidental. En contraste, espera precipitaciones normales a inferiores en otras zonas, con un déficit más acentuado en la región del Titicaca. También advierte que las reservas hídricas podrían verse afectadas para la campaña agrícola de 2027 en zonas expuestas a menores lluvias.

Las implicancias alimentarias ya forman parte de la coyuntura económica. Especialistas consultados por diversos medios locales señalaron riesgos de menor oferta por daños en cultivos, falta de agua e interrupciones del transporte. Las publicaciones también recogieron reportes de comerciantes sobre encarecimiento y dificultades logísticas. Estos testimonios no permiten atribuir toda variación de precios a El Niño ni afirmar un desabastecimiento generalizado.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha advertido, por su parte, que el fenómeno puede presionar simultáneamente la producción, el traslado de alimentos hacia los mercados y la capacidad de las familias para comprarlos. Su representante en el Perú, Mariana Escobar, ha planteado anticipar medidas en cultivos, sistemas de riego y caminos rurales.

El estudio de Trivelli y Mendoza explica cómo esos riesgos pueden trasladarse al bienestar de los hogares. La pérdida de cultivos, ganado o acceso a la pesca puede reducir sus ingresos; los daños en carreteras y mercados pueden dificultar la distribución; y una menor disponibilidad de productos puede generar presiones sobre los precios.

Para una familia productora, ello puede significar perder simultáneamente ingresos y alimentos destinados al autoconsumo. Para un hogar urbano que compra su alimentación, el impacto puede llegar mediante un mayor gasto, incluso sin sufrir daños directos en su vivienda o trabajo.

Casi seis de cada diez son pobres o vulnerables

La capacidad para absorber esas pérdidas es otra de las preocupaciones del documento. En 2025, el 25,7 % de la población era pobre monetaria y el 32,8 % se encontraba en condición de no pobre vulnerable. Ambos grupos sumaban el 58,5 % de los peruanos.

Los no pobres vulnerables cubren sus necesidades básicas, pero tienen una alta probabilidad de caer en pobreza ante un evento adverso. Trivelli y Mendoza mencionan una enfermedad, la pérdida del empleo, una subida de precios o un desastre natural.

Su diagnóstico ayuda a entender por qué una reducción de la pobreza puede coexistir con dificultades cotidianas. Un hogar puede superar el umbral monetario y disponer de escaso margen para enfrentar una interrupción de ingresos o gastos inesperados.

El estudio señala que la pobreza monetaria bajó de 27,6 % en 2024 a 25,7 % en 2025. Sin embargo, todavía superaba en 5,5 puntos porcentuales el nivel de 2019, cuando alcanzaba el 20,2 %. Según el documento, alrededor de 8,8 millones de peruanos permanecían en esa condición.

Tener empleo tampoco asegura la alimentación

Las condiciones laborales muestran otra brecha. Según la información reunida por Trivelli y Mendoza, la inseguridad alimentaria moderada o severa alcanzaba al 33,7 % de la población en hogares con jefatura ocupada informal, frente al 17,9 % cuando esa ocupación era formal.

Cuando la persona que encabezaba el hogar estaba desocupada, la prevalencia subía a 40,4 %.

Estas cifras corresponden a la población según las características de la jefatura de su hogar, no exclusivamente a los trabajadores. Tampoco permiten atribuir toda la diferencia a la informalidad, aunque muestran una asociación relevante entre condiciones laborales y acceso a la alimentación.

El documento también recoge que el 96 % de las personas en pobreza extrema que trabajan lo hace en un empleo informal, sin acceso mediante esa ocupación a mecanismos de protección social contributiva.

Frente a un evento climático que puede interrumpir actividades productivas y comerciales, estos datos permiten identificar una fragilidad previa: tener una ocupación no asegura que el hogar disponga de ingresos estables o protección suficiente para sostener su consumo.

Riesgos climáticos sobre territorios con carencias previas

Trivelli y Mendoza advierten una superposición entre exposición climática e inseguridad alimentaria. Piura y Lambayeque, departamentos afectados por anteriores episodios de El Niño, registraban en 2025 prevalencias de inseguridad alimentaria moderada o severa de 38,3 % y 35,9 %, respectivamente.

Las autoras también señalan la situación de la Amazonía, donde las distancias, los costos de transporte y la dependencia de rutas fluviales y terrestres pueden dificultar el acceso a los alimentos.

A ello añaden un problema de calendario: los meses de mayores impactos previstos coinciden con las vacaciones escolares, cuando el servicio alimentario escolar no opera regularmente. Por esa razón, proponen adaptar la respuesta para proteger la alimentación infantil también durante ese periodo.

El diagnóstico territorial cobra importancia porque una misma intervención puede resultar insuficiente para necesidades distintas: recuperar medios de vida en una comunidad agrícola, asegurar rutas de abastecimiento o sostener la compra de alimentos de una familia urbana.

Un diagnóstico para anticipar la respuesta

La contribución del estudio de Trivelli y Mendoza consiste en mostrar quiénes enfrentaban restricciones alimentarias antes de los nuevos impactos climáticos y por qué la pobreza monetaria no basta para identificarlos.

Entre sus propuestas figuran incorporar la inseguridad alimentaria como criterio complementario de focalización, preparar mecanismos de asistencia que puedan activarse rápidamente y acompañar la ayuda de emergencia con intervenciones para recuperar los medios de vida.

Este planteamiento coincide con el llamado de la FAO a actuar antes de que se agraven los daños, utilizando información climática y territorial para orientar decisiones de producción e infraestructura.

Para las autoras, el desafío es atender una pobreza más heterogénea y una población vulnerable que supera ampliamente a quienes están bajo el umbral monetario. Ante El Niño, esa distinción puede determinar si la respuesta llega a tiempo a hogares que, aun sin ser clasificados como pobres, ya tienen dificultades para asegurar su alimentación.