El Colegio de Economistas de Lima manifiesta su preocupación por el proceder no responsable del Congreso de la República, que viene aprobando por insistencia, un conjunto de leyes que podrían calificarse de inconstitucionales, cuya ejecución pone en riesgo el equilibrio fiscal, generando un permanente y creciente gasto que afecta gravemente la sostenibilidad financiera del país.
De igual manera, manifestamos nuestra preocupación por la inacción del Ejecutivo, en no acudir al Tribunal Constitucional para impedir que estas leyes impacten en las finanzas públicas, con las graves consecuencias para el desarrollo del país, pues un elevado gasto público afectará el financiamiento de la prestación de los servicios públicos y de los niveles de inversión que se requieren para el desarrollo, además de afectar la capacidad de endeudamiento y sobre todo, ocasionará un trato discriminador de beneficios laborales y pensionales, generando un efecto multiplicador del gasto que puede llevar al país a una convulsión social por la imposibilidad de atenderlas.
Por consiguiente, recalcamos que según el Comunicado 02-2026 CF del Consejo Fiscal, el impacto del gasto fiscal acumulado puede llegar a montos insostenibles; pues en las últimas 3 sesiones del pleno se aprobaron 11 leyes y autógrafas, de las cuales solo 3 de ellas superarían los S/ 20 mil millones anuales, significando un gasto inviable.
El presidente Balcázar ha hecho caso omiso a las advertencias del presidente del Banco Central de Reserva, Dr. Julio Velarde, sobre el alto impacto negativo en las cuentas fiscales, manifestando desafortunadas frases sobre la profesión del economista, acto que como Colegio de Economistas de Lima rechazamos. Ello evidencia que el actual gobierno desconoce la trascendencia del tema económico para la gobernanza del Perú.
Por tanto, instamos al Congreso de la República que actúe con responsabilidad, absteniéndose de aprobar leyes que impliquen iniciativa de gasto y exhortamos al Ejecutivo que observe dichas leyes y, en caso el Congreso las aprobase por insistencia, que responsablemente acuda al Tribunal Constitucional, para resguardar la disciplina fiscal y el equilibrio presupuestario, y así evitar poner en riesgo la sostenibilidad financiera del país que finalmente afectará de manera negativa al bienestar de todos los peruanos y, a la gobernabilidad del país.
