Antes de analizar las tasas del impuesto a la renta empresarial, conviene plantear una pregunta más importante: ¿qué es lo que realmente impide que las empresas peruanas se formalicen y crezcan desde una perspectiva tributaria?
La respuesta difícilmente será la existencia de una tasa del 29,5%. Los principales obstáculos siguen siendo la complejidad normativa, la multiplicidad de regímenes tributarios, los elevados costos de cumplimiento y una administración que aún concentra buena parte de sus esfuerzos en controlar el incumplimiento, en lugar de facilitar el cumplimiento.
En ese contexto, resulta positiva la propuesta de reemplazar el Régimen Especial de Renta, el Régimen MYPE Tributario y el Régimen General por un único régimen de impuesto a la renta empresarial con tasas marginales progresivas. El planteamiento busca eliminar los “saltos tributarios” que hoy desincentivan el crecimiento de muchas empresas. Así, al igual que ocurre con el impuesto a la renta de las personas naturales, la tasa superior solo gravaría el exceso del tramo correspondiente y no la totalidad de la utilidad.
Desde el punto de vista conceptual, la propuesta representa un avance. Un sistema único reduce la dispersión normativa, disminuye los incentivos para permanecer artificialmente en un régimen determinado y simplifica la administración tributaria. Asimismo, que las obligaciones contables aumenten gradualmente conforme crecen los ingresos constituye una medida razonable y coherente con la capacidad administrativa de las empresas.
Sin embargo, la propuesta también plantea desafíos que no deberían subestimarse. El primero es que la progresividad aplicada a las empresas genera incentivos muy distintos a los que existen en la tributación de las personas naturales. Mientras un trabajador no puede dividir su salario entre varias personas para reducir su carga tributaria, un grupo empresarial sí puede reorganizar sus operaciones entre distintas sociedades.
Imaginemos una empresa que tributa en el tramo del 30% y otra empresa vinculada que permanece en un tramo del 5%. Si determinadas actividades —como servicios administrativos, logística, comercialización o la explotación de activos intangibles— son trasladadas hacia la empresa con menor tasa, una parte importante de la utilidad del grupo dejaría de tributar al 30% para hacerlo al 5%. Económicamente el negocio seguiría siendo el mismo, pero la carga tributaria sería menor.
Este riesgo no se limita a las operaciones entre empresas vinculadas. También podría incentivar la fragmentación artificial de negocios para mantener varias sociedades dentro de los tramos inferiores de tributación.
Precisamente por esta razón, la mayoría de países de la OCDE no ha optado por aplicar tasas progresivas al impuesto sobre la renta empresarial. Dinamarca constituye un buen ejemplo. Es el país con mayor presión tributaria de la OCDE y, sin embargo, aplica una tasa corporativa única del 22%. Su elevada recaudación no proviene de un impuesto empresarial alto, sino de una combinación de una base imponible amplia, una administración tributaria altamente digitalizada, reglas simples y un elevado cumplimiento voluntario.
Brasil ofrece otra experiencia interesante. Aunque cuenta con un régimen simplificado para micro y pequeñas empresas —el Simples Nacional—, su principal fortaleza no reside en reducir las tasas del impuesto a la renta, sino en integrar en un solo pago diversos tributos federales, estatales y municipales, disminuyendo significativamente los costos de cumplimiento.
Ambas experiencias muestran una misma lección: las pequeñas empresas necesitan menos burocracia antes que menores tasas. Por ello, si se decide avanzar hacia un régimen único con tasas marginales progresivas, la reforma debería incorporar mecanismos que preserven la neutralidad del sistema y eviten conductas elusivas.
Entre ellos, sería recomendable considerar que los umbrales de tributación se determinen tomando en cuenta el grupo económico cuando existan empresas vinculadas; establecer reglas específicas contra la fragmentación artificial de negocios; extender el control de precios de transferencia a determinadas operaciones entre empresas domiciliadas sujetas a tramos distintos; y exigir verdadera sustancia económica a quienes accedan a los tramos más bajos.
No obstante, incluso estas medidas resultarían insuficientes si la reforma no aborda el verdadero problema estructural del sistema tributario peruano: el costo de cumplir. Cuando la propuesta señala que la SUNAT brindará apoyo para el cumplimiento contable y tributario, surge una pregunta inevitable: ¿en qué consistirá ese apoyo?
La experiencia internacional demuestra que el cumplimiento mejora cuando la administración ofrece servicios concretos y no únicamente fiscalización. Declaraciones prellenadas, registros automáticos de compras y ventas, libros electrónicos simplificados, software gratuito de contabilidad y facturación, asistentes inteligentes, cálculo automático del impuesto y alertas preventivas tienen un impacto mucho mayor sobre la formalización que cualquier reducción marginal de la tasa del impuesto.
En otras palabras, el mejor incentivo para que una empresa se formalice no siempre es pagar menos impuestos, sino que cumplir sea sencillo, predecible y de bajo costo.
Finalmente, también cabría reflexionar si la progresividad debería descansar principalmente en el impuesto a la renta empresarial o, más bien, en el impuesto a la renta de las personas naturales. La empresa es un vehículo de inversión y generación de empleo; quien finalmente disfruta de la renta es el accionista. Desde esa perspectiva, un impuesto empresarial con una tasa proporcional, una base imponible amplia y pocas excepciones, complementado con una tributación progresiva sobre las rentas de las personas, podría preservar mejor la neutralidad económica y reducir los incentivos para reorganizar artificialmente las actividades empresariales.
La propuesta de unificar los regímenes constituye, sin duda, un paso en la dirección correcta. Sin embargo, el éxito de lareforma no dependerá del número de tramos ni de las tasas aplicables, sino de su capacidad para construir un sistema simple, neutral y fácil de cumplir. La evidencia comparada demuestra que los países con mayor recaudación y menores niveles de informalidad no necesariamente gravan más a las empresas; administran mejor los impuestos, reducen la complejidad y convierten el cumplimiento en la opción más sencilla para el contribuyente. Ese debería ser también el objetivo de la próxima reforma tributaria.
