Economía
El desafío laboral del nuevo Gobierno: formalizar sin convertir la flexibilidad en más precariedad
El Gobierno de Keiko Fujimori anunció una RMV de S/1.300 y un bono para las MYPE, mientras el MEF prepara una reforma para reducir las supuestas rigideces del régimen laboral general. Un informe del exviceministro de Promoción del Empleo Fernando Cuadros revela el problema que deberá resolver la nueva política: dos de cada tres trabajadores formales privados tienen contrato temporal y solo 39% de la PEA ocupada es asalariada privada.
La reforma laboral que el nuevo Gobierno de Keiko Fujimori ha colocado sobre la mesa tiene una primera prueba que va más allá del aumento de la remuneración mínima vital. La presidenta anunció que la RMV pasará de S/1.130 a S/1.300 y que las micro y pequeñas empresas recibirán un bono compensatorio por única vez para afrontar el mayor costo laboral y facilitar la incorporación de trabajadores a la formalidad.
El nuevo ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, había adelantado, incluso antes de asumir el cargo, que impulsaría una reforma específica del régimen laboral general para reducir las rigideces y costos que, a su juicio, dificultan la formalización. Su planteamiento es “recalibrar” las reglas de la regulación laboral para reducir la informalidad laboral.
Pero el diagnóstico del mercado laboral peruano plantea una pregunta incómoda para esta agenda: ¿el problema es que formalizar cuesta demasiado o que la economía todavía genera muy pocos empleos asalariados y productivos?
Un informe elaborado por el exviceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral Fernando Cuadros Luque ofrece varios datos que permiten medir el desafío.
El problema comienza antes de la planilla
En 2025, solo 39% de la PEA ocupada era asalariada privada, mientras 37% trabajaba como independiente y otro 9% como trabajador familiar no remunerado. Es decir, una proporción muy importante de la fuerza laboral no se encuentra en una relación laboral dependiente.
El diagnóstico de Cuadros es todavía más estructural: aproximadamente la mitad de la PEA ocupada tiene un empleo asalariado y la otra mitad trabaja como autónoma. El informe atribuye esta situación a una insuficiente demanda laboral empresarial formal, que obliga a millones de personas a generarse su propio empleo.
Este punto es relevante para la estrategia del MEF.
Si el Gobierno reduce –más- el costo de contratar en una empresa, pero esa unidad productiva no tiene suficiente productividad, financiamiento, mercado o capacidad de expansión, la reducción del costo laboral puede no ser relevante para generar un nuevo puesto formal.
Por eso, la discusión de la reforma de Cuba tendrá que responder qué parte de la informalidad pretende resolver mediante legislación laboral y qué parte mediante productividad y crecimiento empresarial.
La incongruencia: más empleo formal, pero también más contratación temporal
El segundo problema es quizá el más relevante para evaluar la reforma.
Según el informe de Cuadros Luque, dos de cada tres trabajadores formales privados tienen un contrato temporal, pese a que buena parte realiza labores permanentes. Cuadros sostiene que esta situación reduce en la práctica la capacidad de los trabajadores para sindicalizarse y negociar colectivamente mejores remuneraciones y condiciones laborales, ante el temor de que la empresa no renueve sus contratos.
De acuerdo con el análisis del experto, en 2025 los trabajadores con contratos temporales representaban 71,5% de la PEA asalariada privada formal, frente a 28,5% con contratos estables.
Este dato coloca un signo de interrogación sobre cualquier reforma cuyo eje sea ampliar la flexibilidad.
La pregunta no es si el mercado laboral peruano necesita flexibilidad. La pregunta es qué tipo de flexibilidad necesita.
Una reducción de costos y requisitos teóricamente podría facilitar la entrada de trabajadores a la formalidad, aunque ello no ha ocurrido masivamente con la creación de los regímenes MYPE, que precisamente reducen drásticamente los costos laborales. Pero si esa formalización ocurre principalmente mediante relaciones temporales, el resultado podría ser un aumento del número de trabajadores registrados sin una transformación equivalente en la calidad y estabilidad del empleo.
El propio informe plantea una dirección diferente: limitar el uso desnaturalizado de la contratación temporal y de la tercerización con destaque de personal, además de establecer reglas objetivas para el despido.
Ahí aparece uno de los principales debates que tendrá que enfrentar el MEF.
La MYPE concentra el problema, pero también buena parte de la solución
Los datos muestran por qué la microempresa ocuparía un lugar central en la agenda de Cuba.
En 2025, las microempresas concentraban 51% de la PEA asalariada privada, con 3,5 millones de trabajadores. Las pequeñas empresas representaban otro 25%, mientras que las grandes empresas concentraban 24%.
Pero la brecha de formalidad es enorme.
En el mismo año, la informalidad laboral alcanzaba 88,5% en las microempresas, frente a 37,2% en las pequeñas y 7,8% en las grandes.
Es decir, existe una razón económica para que el Gobierno concentre su reforma en las MYPE: allí está la mayor bolsa de informalidad empresarial y laboral.
Sin embargo, los datos también muestran que no se trata de un problema homogéneo.
La gran empresa tiene una tasa de informalidad laboral sustancialmente menor. La pequeña empresa se encuentra en una situación intermedia. Y la microempresa presenta la mayor dificultad para transformar actividad económica en empleo formal.
Eso sugiere que una política uniforme puede tener resultados limitados.
El punto que puede definir la reforma: productividad
El informe de Cuadros plantea una relación directa entre crecimiento económico, productividad, empleo formal y remuneraciones.
Su conclusión es que la generación de empleo formal depende fundamentalmente, aunque no exclusivamente, del crecimiento económico, mientras que una condición necesaria para elevar las remuneraciones es mejorar la productividad.
En 2025, la productividad media laboral aumentó 2%, mientras que la remuneración media real del sector privado formal creció 2,5%, según un gráfico del informe. En varios años anteriores, sin embargo, la productividad aumentó más que las remuneraciones.
Esto lleva la discusión hacia un terreno que el debate político sobre la RMV suele dejar en segundo plano: la reforma laboral no será sostenible si no viene acompañada de una reforma de productividad empresarial.
Cuadros propone precisamente facilitar a las MYPE el acceso a crédito, capacitación, innovación, nuevos mercados, compras estatales, articulación productiva y simplificación administrativa.
Esta es, probablemente, una de las áreas donde la agenda del MEF podría encontrar un punto de convergencia con el diagnóstico del informe de Cuadros.
El bono de la MYPE tiene una fecha de vencimiento; el costo laboral, no
El anuncio de subir la RMV a S/1.300 introduce otra interrogante.
El aumento salarial es permanente, mientras que el Gobierno ha anunciado para las MYPE un bono compensatorio por única vez.
Por tanto, el verdadero test no estará únicamente en el impacto inmediato del incremento.
Estará en lo que ocurra cuando termine el bono.
Si la microempresa incorpora trabajadores formales porque recibe una compensación temporal, pero posteriormente no logra elevar productividad o ventas para sostener los nuevos costos, el incentivo podría tener un efecto limitado.
El informe de Cuadros propone un instrumento distinto: un subsidio temporal a las contribuciones de salud y pensiones para incentivar la contratación formal y estable en MYPE, especialmente de jóvenes, acompañado de políticas de mejora de la empleabilidad.
La diferencia es significativa.
No se trata solamente de compensar el aumento del salario mínimo, sino de reducir temporalmente el costo de incorporación a la seguridad social para generar una relación laboral formal y estable.
La RMV: Cuba y Cuadros coinciden en una cosa, pero difieren en el instrumento
El aumento de la RMV anunciado por Fujimori también puede ser analizado desde una perspectiva menos política.
Cuadros sostiene que el Perú carece de un mecanismo técnico y vinculante para actualizar periódicamente la remuneración mínima. Según su informe, la RMV había perdido (a diciembre de 2025) 6,5% de poder adquisitivo desde 2018.
Su propuesta es institucionalizar una fórmula anual que considere inflación, productividad, canasta básica, desempeño económico, informalidad laboral, desempleo y relación entre salario mínimo y remuneración promedio.
Con ese mecanismo, el cálculo presentado en el informe ubicaba la RMV en S/1.371, frente a los S/1.130 vigentes al momento del estudio.
El Gobierno ha optado por S/1.300.
Por ello, el debate relevante ya no es únicamente si S/1.300 es mucho o poco.
Es si S/1.300 será un nuevo punto político de referencia o el inicio de una regla técnica que permita reducir la discrecionalidad en futuros incrementos.
El salario mínimo tampoco es el principal canal para mejorar los ingresos
Hay otro dato que merece atención.
En 2025, la remuneración promedio de un trabajador privado formal era de S/2.882. En la microempresa era S/1.732; en la pequeña empresa, S/2.817; y en la gran empresa, S/3.367.
La diferencia revela que el problema de los ingresos laborales está estrechamente relacionado con el tamaño y productividad de las empresas.
Y aparece un dato adicional: la remuneración promedio de los trabajadores privados formales sindicalizados llegaba a S/4.145, frente a S/2.819 entre los no sindicalizados, una brecha de 47%.
Cuadros vincula esta situación con la baja cobertura de la negociación colectiva y la sindicalización, que se sitúan en torno al 5% en el sector privado formal.
Por tanto, elevar el piso salarial puede mejorar los ingresos de quienes están cubiertos por la RMV, pero no resuelve por sí mismo la distribución de las ganancias de productividad dentro de las empresas.
El verdadero examen para el MEF
La agenda laboral de Elmer Cuba parte de un diagnóstico que reconoce que la informalidad es uno de los principales obstáculos económicos del Perú. Su propuesta es modificar el régimen laboral general y reducir supuestos costos y rigideces para que más trabajadores ingresen a la formalidad.
El informe de Fernando Cuadros permite añadir una segunda capa al diagnóstico.
Perú no solamente tiene demasiados trabajadores informales. También tiene un mercado formal con escaso empleo asalariado, alta temporalidad, baja sindicalización y una débil transmisión de la productividad hacia los salarios.
La diferencia es importante.
Una política que únicamente abarate la formalización podría aumentar el número de trabajadores registrados (cosa que no ha pasado con los regímenes MYPE). Pero una reforma laboral de mayor alcance tendría que conseguir que esos empleos sean también productivos, estables y capaces de generar mejores remuneraciones.
Ese será, en última instancia, el verdadero indicador para evaluar la reforma del MEF, que en realidad debería ser liderada por el MTPE, como sector competente.
El propio Cuadros plantea una reforma laboral integral que limite la contratación temporal y fortalezca la negociación colectiva, mientras propone políticas específicas para elevar la productividad de las MYPE y generar empleo asalariado formal.
La pregunta que queda abierta para el Gobierno de Fujimori es, entonces, más amplia que el salario mínimo:
¿quiere simplemente reducir el costo de formalizar o pretende cambiar la estructura de un mercado laboral donde la mayoría de los trabajadores todavía no tiene un empleo asalariado y dos de cada tres formales privados tienen contratos temporales?
La respuesta permitirá determinar si la reforma laboral de Elmer Cuba será una política de formalización precaria o una verdadera reforma estructural del mercado de trabajo peruano.