- ¿Es legalmente posible que un Estado cierre unilateralmente un estrecho estratégico para el comercio mundial?
- No. Desde la perspectiva del Derecho Internacional, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) establece que los Estados ribereños no pueden suspender ni obstaculizar el tránsito por estrechos utilizados para la navegación internacional. El artículo 44 es bastante claro al respecto. Sin embargo, hay que tener presente que Irán no ha ratificado esta convención, lo que introduce un elemento adicional de complejidad jurídica.
- Frente a amenazas de cierre o represalias que afecten la libre navegación, ¿qué herramientas tiene la comunidad internacional?
- No existe una única solución. La comunidad internacional dispone de distintos mecanismos para prevenir o contener este tipo de situaciones. El más importante sigue siendo el diálogo diplomático, que permite construir consensos y evitar una escalada de tensiones. Paralelamente, pueden activarse mecanismos multilaterales de presión política y económica.
- ¿Qué rol puede desempeñar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas?
- En teoría, el Consejo de Seguridad es la máxima instancia con capacidad legal y ejecutiva para intervenir. Sus decisiones son obligatorias para los Estados miembros y puede adoptar medidas preventivas, imponer sanciones económicas e incluso autorizar el uso de la fuerza militar. No obstante, en la práctica existe una limitación importante: el derecho de veto de los cinco miembros permanentes —Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido—, que puede bloquear cualquier iniciativa.
- Aunque el Perú se encuentra lejos del Estrecho de Ormuz, ¿cómo impactaría su cierre en los precios de los combustibles?
- El efecto sería prácticamente inmediato. El Estrecho de Ormuz es una de las principales rutas de transporte de petróleo del mundo. Si se interrumpe el tránsito, se genera incertidumbre sobre el abastecimiento global y los precios internacionales se elevan. Como el Perú importa petróleo crudo y combustibles refinados, nuestras refinerías tendrían que asumir mayores costos. A ello se suman el incremento de los seguros marítimos, los mayores costos logísticos y la necesidad de utilizar rutas alternativas más largas.
- ¿Está preparado el Perú para enfrentar una eventual alza inflacionaria derivada de una crisis energética internacional?
- El país cuenta con herramientas de mitigación, como el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Este mecanismo permite amortiguar los incrementos cuando las cotizaciones internacionales superan determinados rangos establecidos por Osinergmin. Sin embargo, si la crisis se prolonga, el costo fiscal de mantener esos subsidios podría volverse insostenible.
- Entonces, ¿el aumento de precios sería inevitable en un escenario prolongado?
- Sí. Lo que puede hacer el Estado es suavizar el impacto y evitar incrementos bruscos, pero no eliminar completamente los efectos de una crisis internacional de gran magnitud. El Perú forma parte de una economía global interconectada y cualquier alteración significativa en los mercados energéticos termina trasladándose, tarde o temprano, a los consumidores. Por eso es fundamental que las autoridades adopten decisiones informadas y oportunas para reducir los riesgos económicos.
