En el marco del Día de la Tierra, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) alertó sobre el incremento sostenido de la degradación de ecosistemas en el Perú entre 2015 y 2022, una tendencia que ya impacta directamente en la calidad de vida de la población y en sectores económicos que dependen de la biodiversidad, especialmente entre los grupos más vulnerables.
La biodiversidad —entendida como la variedad de vida en aire, tierra y agua— no solo garantiza el equilibrio de los ecosistemas, sino que constituye un pilar clave para la seguridad alimentaria, el empleo y los ingresos. En América Latina y el Caribe, cerca del 20 % de los puestos de trabajo dependen de servicios ecosistémicos como la agricultura y el turismo, lo que refleja su relevancia para millones de personas.
En el caso peruano, las cifras evidencian un deterioro progresivo. Según el Ministerio del Ambiente, la superficie de ecosistemas degradados aumentó de 16,9 millones de hectáreas en 2015 a 19,3 millones en 2022, lo que representa un crecimiento cercano al 14 % en menos de una década. A este escenario se suma la pérdida de cobertura vegetal, que alcanzó su punto más alto en 2017 con 175,7 mil hectáreas y se mantuvo por encima de las 80 mil hectáreas anuales entre 2019 y 2022.
Especialistas atribuyen esta situación a la presión de actividades humanas no sostenibles, así como a los efectos del cambio climático, factores que debilitan la capacidad de los ecosistemas para regenerarse. Aunque el país ha registrado avances —como la ampliación de áreas naturales protegidas, que pasaron de 19,5 a 25,8 millones de hectáreas entre 2011 y 2024, y el incremento del número de especies registradas a 26 349, de las cuales 8 664 son endémicas—, estos esfuerzos aún resultan insuficientes para revertir la tendencia.
El panorama territorial muestra contrastes. Regiones como Piura, Lambayeque, Áncash, Tacna, Arequipa y Lima han reportado reducciones en la superficie degradada, con caídas que van desde el 26,9 % hasta el 78,4 %. Estas mejoras podrían responder a intervenciones focalizadas de restauración, mejores sistemas de información o cambios en el uso del suelo. Sin embargo, el balance nacional sigue siendo negativo.
Las proyecciones internacionales no son alentadoras. De mantenerse los actuales patrones de producción y consumo, la pérdida de biodiversidad podría agravarse hacia finales de siglo, dificultando su recuperación. No obstante, escenarios alternativos planteados por organismos internacionales señalan que acciones integrales —como la restauración de ecosistemas, una protección más efectiva y cambios en los hábitos de consumo— permitirían revertir esta tendencia entre 2040 y 2050.
Ante este contexto, el Ceplan enfatiza la urgencia de fortalecer las políticas públicas orientadas a la restauración de tierras degradadas, en línea con los compromisos internacionales del país. Entre las medidas propuestas figuran el fortalecimiento de capacidades técnicas en gobiernos regionales y locales, la promoción de prácticas sostenibles como la agroforestería y el acceso a financiamiento internacional.
Asimismo, se plantea priorizar la conservación de ecosistemas estratégicos como la Amazonía, los páramos y las zonas marino-costeras, además de implementar plenamente la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2050. El impulso de mecanismos financieros, como bonos de biodiversidad y pagos por servicios ecosistémicos, también aparece como una herramienta clave.
Finalmente, el organismo subraya la necesidad de reforzar la gobernanza ambiental en todos los niveles del Estado, mejorar los sistemas de fiscalización e incorporar criterios ambientales en las actividades productivas. El objetivo: asegurar un desarrollo sostenible que proteja tanto la riqueza natural del país como a las poblaciones que dependen de ella.
