El Ministerio de Energía y Minas (Minem) se acerca al plazo que fijó para culminar los trámites de la adenda de Cálidda con una pregunta pendiente. ¿Evaluó el ministerio si el vínculo familiar entre la viceministra de Minas, Mayra Figueroa Valderrama, y la directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), Patricia Figueroa Valderrama, podía configurar un conflicto de intereses en el proceso?
El 4 de noviembre, tras reunirse con autoridades regionales, el ministro Guillermo Shinno anunció que su despacho trabajaba con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para culminar los trámites a más tardar el lunes 16 de noviembre. “La adenda sí va y sale este año. El proyecto de masificación del gas natural tiene que ir adelante”, afirmó, según el comunicado del Minem recogido por Índice.pe. El 16 fue el plazo anunciado para concluir las gestiones con el MEF. Para la firma, el ministro señaló como horizonte el cierre de 2026.
El contrato de distribución de gas natural en Lima y Callao se suscribió el 9 de diciembre de 2000 y vence el 8 de diciembre de 2033. Si se aprueba la prórroga solicitada por Cálidda, la concesión se extendería hasta el 8 de diciembre de 2043. La propuesta vincula esos diez años adicionales con la expansión del servicio a 15 localidades de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali. El anuncio ministerial tampoco detalló cómo se atendieron las observaciones de Osinergmin, que advirtió un riesgo de doble remuneración de inversiones vía tarifas, ni presentó las conclusiones del MEF.
¿Qué acredita la declaración jurada?
En la declaración jurada de intereses revisada por Índice.pe, la viceministra identifica a Patricia Hilda Elizabeth Figueroa Valderrama como su hermana. El cargo gremial se acredita por otra vía. La propia SPH anunció el 18 de mayo de 2026 la designación de Patricia Figueroa como directora ejecutiva. En su portal institucional, el gremio identifica a Cálidda como la empresa que ocupa la presidencia de su consejo directivo.


La secuencia de nombramientos también importa. Mayra Figueroa fue designada viceministra de Minas en abril, durante el Gobierno de José María Balcázar, y antes del anuncio de la SPH. La resolución del 9 de agosto de 2026, correspondiente a su actual designación, se publicó cuando el nombramiento de su hermana en el gremio ya era público.
El Viceministerio de Minas tiene funciones en política minera y el Minem cuenta con un Viceministerio de Hidrocarburos. Para determinar si existió un conflicto en este expediente, importa establecer si Mayra Figueroa tuvo facultades para decidir o emitió opiniones de fondo que pudieran influir en la evaluación, así como precisar qué interés o intervención tuvo la SPH en el trámite. La declaración jurada documenta el parentesco y deja abiertas esas preguntas.
El artículo 8 del Código de Ética de la Función Pública prohíbe mantener intereses que puedan entrar en conflicto con los deberes del cargo. El artículo 99 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General prevé la abstención, entre otros supuestos, cuando un familiar tiene interés en el asunto y la autoridad puede resolverlo o influir con su opinión de fondo. Índice.pe consultó al Minem si la viceministra participó en reuniones, coordinaciones o revisiones de documentos sobre la adenda, si el ministerio evaluó el vínculo y si dejó constancia de una abstención u otra medida preventiva.
El antecedente de Shinno en el caso Aruntani
El titular del Minem ya afrontó cuestionamientos por un posible conflicto de intereses en otro expediente. En octubre, Punto Final, de Latina, informó que Shinno firmó una resolución que autorizó una transferencia de S/ 6,6 millones para financiar estudios destinados a modificar el plan de cierre de la unidad minera Florencia-Tucari, de Aruntani S.A.C. Según el reportaje, el ministro había sido gerente general de esa empresa entre 2019 y 2022.
Shinno rechazó que hubiera un conflicto de intereses y sostuvo que la transferencia respondía a un mandato legal. La viceministra Figueroa explicó entonces que la ley de presupuesto autorizaba financiar una etapa inicial y que todavía debía determinarse cuánto tendría que reconocer la empresa al Estado. El expediente de Aruntani corresponde al cierre de una unidad minera. Las consultas sobre Cálidda se refieren a quiénes intervinieron en la evaluación de una prórroga de concesión y a cómo se gestionó el vínculo declarado.
Al cierre de este reporte, el Ministerio de Energía y Minas no remitió comentarios sobre el caso, pese a la solicitud de Índice.pe.
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