Para hoy martes 4 de febrero la junta de acreedores de Doe Run Perú (DRP) ha convocado a una junta ordinaria, la misma que se retomará el viernes 7. Esta serie de reuniones en el marco de este emblemático caso, marca la etapa final del proceso concursal.
De acuerdo con la agenda de la Junta de Acreedores de Doe Run Perú (DRP) en liquidación, el punto de agenda es la elección de la empresa que lleve a cabo la liquidación de los activos para atender las deudas con los distintos acreedores.
De acuerdo con los acreedores laborales, es altamente probable que la empresa Consultores A-1 sea ratificada para concluir con la disposición del último activo que le queda a la empresa: un fideicomiso de US$19,4 millones que se encuentra en una cuenta bancaria.
La expectativa de los trabajadores se basa en la gestión de Consultores A-1, pues entre enero del 2022 y diciembre del 2024, ha logrado importantes hitos que cinco liquidadores antes estuvieron lejos de conseguir.
Colocación de los principales activos
El 26 de julio del 2022, Consultores A-1, por medio de subasta pública extrajudicial, adjudicó la Unidad Minera Cobriza (UMC) al Grupo Dyer Coriat (Grupo DC), por un monto de US$ 19 millones 700.000 más IGV.
Un segundo hito relevante fue la dación en pago del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO). Esta operación se concretó el 6 de julio del 2022, en favor de 1.245 trabajadores. La valorización de la dación en pago fue S/ 124 millones 054.726.
Un tercer tema a destacar, en el marco del convenio de liquidación, es la regularización (inscribir en registros públicos) de 1.045 viviendas que fueron entregados, como parte de pago, a trabajadores de Doe Run Perú. Esta regularización empezó en junio del 2023 y, actualmente, el título de propiedad del 50% de estas viviendas se inscribieron.
El último hito en la administración de Consultores A-1 ha sido destrabar, en diciembre 2024, las gestiones para la liberación de un fideicomiso generado con dinero de la empresa, de alrededor de US$ 19,41 millones y que se encuentran resguardados por el Scotiabank.
La deuda laboral es prioritaria por ley
Elvis Yupanqui, representante de los trabajadores de Cobriza, manifestó que existe la expectativa desde los acreedores labores (trabajadores), en la ratificación de Consultores A-1 para que continúe y culmine el proceso de liquidación de Doe Run Perú.
“Un problema de más de 12 años, ha sido resuelto por Consultores A-1 en su gestión, por tanto, sería irracional poner a otro liquidador y hacer más compleja y difícil la solución que todos esperamos”, aseveró Yupanqui.
En esa línea, Luis Antonio Mantari, representante de los acreedores laborales, señaló que sería perjudicial para los trabajadores que Consultores A-1 no sea ratificada porque se alargaría más el tiempo que continúen impagos, y más aún cuando el liquidador ha mostrado capacidad hasta el término del 2024, cuando destrabó las gestiones para el cobro del fideicomiso.
“Eso (el fideicomiso) ya está definido, ya hay un acuerdo entre el Minen y DRP (Consultores A-1) para resolver el tema del contrato. Esa situación tendrá que darse, pero si se nombra a un nuevo liquidador pasarán meses y hasta podría no resolverse”, advirtió Mantari.
Es importante subrayar que de acuerdo con la Ley General del Sistema Concursal, el liquidador de Doe Run Perú en liquidación, debe proceder primero con el pago de la deuda laboral. Es por esta razón, que unos 3.500 trabajadores y sus familias se encuentran a la expectativa de la resolución de este tema que sería la última tarea en el marco de todo el proceso de liquidación en marcha.
En ese sentido, un acreedor comercial tendría que colocarse en la cola con todos aquellos que tienen cuentas por cobrar con DRP.
Lo que sigue
Luego de la junta de acreedores de Doe Run Perú, la siguiente convocatoria es la semana del 17 al 21 de febrero, en donde se tiene como agenda la aprobación del convenio de liquidación.
El convenio de liquidación no es otra cosa que la hoja de ruta, el trabajo que debe hacer el liquidador.
Los representantes del crédito laboral explicaron a Índice que la quiebra final, previo aprobación de los dos puntos de la agenda y el cobro del fideicomiso, tendría que darse en un rango de cuatro a seis meses. En primer lugar porque existe concordancia con el Ministerio de Energía y Minas – que los trabajadores consideran un soporte vital en todos estos años – y, en segundo lugar, porque el presupuesto para continuar alargando este proceso sería demasiado pequeño.
