Cámaras de comercio exigen acelerar la masificación del gas en cinco regiones y piden una política de Estado

Las Cámaras de Comercio de Cusco, Puno, Huancayo, Apurímac y Ayacucho reclamaron al Gobierno Nacional acelerar las decisiones necesarias para llevar el gas natural a las regiones del centro y sur del país y convertir su masificación en una política de Estado.

En un pronunciamiento conjunto, los gremios empresariales sostienen que, más de dos décadas después de la puesta en operación de Camisea, persiste una brecha territorial en el acceso a este energético. Según señalan, mientras Lima y otras zonas cuentan con redes de distribución, amplios territorios del centro y sur continúan dependiendo principalmente del GLP, la electricidad y otros combustibles.

Para las cámaras, esta situación tiene efectos sobre los costos de los hogares y también sobre la estructura de costos de empresas e industrias regionales. En ese sentido, consideran que un mayor acceso al gas natural puede contribuir a mejorar las condiciones para la inversión, la actividad productiva y la diversificación económica.

El pronunciamiento coloca nuevamente en el centro del debate la propuesta de ampliar la infraestructura de gas natural hacia siete regiones, iniciativa que forma parte de la discusión sobre la eventual extensión de la concesión de distribución de gas natural de Lima y Callao.

El pedido de las regiones

Las cámaras empresariales plantean que el Ejecutivo adopte decisiones políticas, técnicas y regulatorias que permitan avanzar hacia una masificación con seguridad jurídica, inversión sostenible y plazos concretos.

El planteamiento no se limita a una obra o concesión específica. Los gremios solicitan la implementación de una Política Nacional de Masificación del Gas Natural, con metas, inversiones y cronogramas que trasciendan los cambios de gobierno.

“Las regiones ya han esperado demasiado”, sostienen en un pronunciamiento, en el que plantean que el acceso a energía competitiva debe formar parte de una estrategia nacional de desarrollo y descentralización.

Desde la perspectiva empresarial, el argumento tiene una dimensión de competitividad: un mayor acceso al gas permitiría reducir determinados costos energéticos y generar condiciones para nuevas inversiones, además de ampliar las posibilidades de industrialización en las regiones.

El desafío, sin embargo, no pasa únicamente por construir redes. La discusión también alcanza a cómo se financiará la infraestructura, qué usuarios serán conectados, cuánto se utilizarán las redes y cómo se determinarán las tarifas.

Cálidda y la expansión hacia siete regiones

La discusión cobra especial relevancia frente a la propuesta de Novena Adenda al contrato de concesión de Cálidda.

Según la información analizada por Osinergmin, la propuesta contempla extender por diez años la concesión de Lima y Callao y, como contraparte, ampliar la distribución de gas natural hacia 15 localidades de siete regiones: Huancavelica, Puno, Cusco, Ucayali, Ayacucho, Apurímac y Junín.

El proyecto considera inversiones superiores a US$550 millones y aproximadamente 3.738,9 kilómetros de redes, además de nuevas plantas de regasificación y subestaciones. La propuesta establece como meta mínima 201.411 consumidores conectados, mientras que la infraestructura tendría capacidad potencial para atender a 300.613 usuarios.

Es precisamente en este punto donde las observaciones técnicas de Osinergmin introducen una discusión adicional: no basta con medir la expansión física de las redes; también resulta necesario establecer metas verificables de conexión y utilización residencial.

Osinergmin: inversión y número de usuarios deben estar vinculados

En su Informe N.° 413-2026-GRT/OS, Osinergmin observó aspectos de la propuesta relacionados con la definición de usuarios potenciales y la ausencia de un factor de uso mínimo que guarde correspondencia con las metas de consumidores conectados.

El regulador recuerda que, conforme a la Norma de Estudios Tarifarios, el Factor de Uso relaciona la meta de clientes que deberían estar consumiendo gas natural con el número de clientes potenciales ubicados cerca de la red común.

La observación tiene una implicancia económica: una mayor extensión de redes no necesariamente se traduce, por sí sola, en una mayor masificación residencial.

Por ello, Osinergmin plantea precisar las condiciones que permitan asegurar que las inversiones estén vinculadas con objetivos concretos de incorporación de usuarios y con criterios claros para la ubicación de infraestructura como las Plantas Satélite de Regasificación (PSR) y los City Gates.

El punto resulta relevante para las cinco cámaras de comercio que ahora reclaman una política nacional de masificación. El desafío consiste en que la expansión regional pueda traducirse en conexiones efectivas de hogares y empresas, y no únicamente en kilómetros de infraestructura construida.

El debate tarifario detrás de la extensión de la concesión

Las observaciones del regulador abarcan también el tratamiento económico de los activos existentes de la concesión de Lima y Callao.

El contrato vigente de distribución de gas natural fue suscrito en diciembre de 2000. La propuesta de Cálidda busca extender la concesión por diez años adicionales. De acuerdo con el análisis publicado por Osinergmin, uno de los puntos de controversia es el reconocimiento de un eventual valor residual de los activos al término del periodo contractual.

El regulador cuestiona que inversiones cuya recuperación económica estaría vinculada al periodo original de la concesión puedan volver a incorporarse en la estructura de remuneración durante una eventual extensión.

En ese contexto aparece el concepto de “doble remuneración” utilizado en el debate técnico. No significa que la tarifa de los usuarios necesariamente vaya a duplicarse, sino que se discute la posibilidad de reconocer nuevamente, dentro del esquema económico posterior al vencimiento original, inversiones que ya habrían sido remuneradas durante la concesión vigente.

Osinergmin también ha advertido que una eventual extensión no supone simplemente prolongar las mismas condiciones tarifarias. Después del vencimiento del contrato deberán revisarse variables como el Valor Nuevo de Reemplazo (VNR), las nuevas inversiones, los costos y los criterios para valorar los activos.

Masificación sí, pero con metas verificables

Las observaciones técnicas del regulador permiten introducir una dimensión adicional al reclamo de las cámaras regionales.

La pregunta no es solamente cuánto se invertirá para llevar gas a las regiones, sino también cuántos usuarios serán efectivamente conectados, qué nivel de utilización tendrán las redes y bajo qué condiciones se recuperarán las inversiones.

Osinergmin ha advertido que, si no existe una relación clara entre inversión y cantidad de consumidores, determinadas redes podrían terminar teniendo una utilización inferior a la prevista. En ese escenario, el tratamiento tarifario de una infraestructura subutilizada se convierte en un elemento relevante para los usuarios.

Esta discusión es particularmente importante en regiones donde el mercado residencial todavía debe desarrollarse. La expansión de la infraestructura requiere, por tanto, mecanismos que permitan acompañar las inversiones con objetivos concretos de conexión y consumo.

El reto de pasar de las redes a los consumidores

Para las cámaras de comercio, la masificación del gas tiene efectos que van más allá del suministro energético. Su argumento es que el acceso a un combustible competitivo puede incidir en los costos de producción, la competitividad empresarial, la generación de empleo y la diversificación productiva.

Pero para que esos efectos se materialicen, la política de expansión debe traducirse en consumidores efectivamente conectados.

El propio análisis de Osinergmin apunta en esa dirección al cuestionar que los usuarios potenciales sean considerados únicamente como una referencia y al plantear una mayor vinculación entre las inversiones comprometidas y las metas de conexión residencial.

En consecuencia, la discusión sobre la masificación regional puede ser abordada desde dos frentes complementarios: la necesidad de ampliar el acceso al gas natural y la necesidad de diseñar un modelo económico y regulatorio que haga sostenible esa expansión.

Una política que trascienda los gobiernos

Las cámaras de Cusco, Puno, Huancayo, Apurímac y Ayacucho sostienen que el país requiere una política nacional con objetivos de largo plazo y no decisiones aisladas vinculadas a una administración de turno.

Su propuesta incluye metas, inversiones y plazos definidos para garantizar el acceso al gas natural en las regiones.

En paralelo, las observaciones de Osinergmin muestran que una política de esa naturaleza deberá resolver cuestiones regulatorias vinculadas con la remuneración de inversiones, la utilización de las redes, las metas de usuarios y la estructura tarifaria.

El punto de encuentro entre ambas posiciones está en una cuestión central para el desarrollo del mercado: cómo ampliar la cobertura del gas natural hacia las regiones sin trasladar a los usuarios costos que no estén respaldados por inversiones nuevas, niveles adecuados de utilización y metas verificables de conexión.

La eventual decisión sobre la concesión de Cálidda y su propuesta de expansión hacia siete regiones será, en ese sentido, parte de una discusión más amplia sobre el modelo que seguirá el Perú para masificar el gas natural durante la próxima década.