La masificación del gas natural (GN) es uno de los desafíos de este nuevo gobierno, por lo que la anunciada adenda de Cálidda para llevar este combustible a siete regiones pareciera una “gran oportunidad” para mostrar resultados rápidos. Sin embargo, no siempre “todo lo que brilla es oro”, y lo que se presenta como un beneficio para los peruanos podría no serlo. Por ello, resulta necesario preguntarnos: ¿quién gana y quién pierde con esta propuesta?
Llevar el gas natural a Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali es una necesidad urgente. Sin embargo, este solo argumento no debe ser suficiente para entregar el GN sin un análisis técnico-económico que permita obtener los mayores beneficios para los usuarios de estas regiones y para el país. La ciudadanía requiere conocer y entender en detalle lo que se plantea en esta adenda y si esta constituye la mejor solución para la masificación del gas natural.
En primer lugar, la adenda planteada por la empresa colombiana Cálidda pretende que el plazo de su contrato de concesión en Lima y Callao se extienda por 10 años más; es decir, que, en lugar de devolver los bienes al Estado en 2033, la empresa continúe operando hasta 2043. Se trataría de una década adicional en la que los usuarios continuaríamos pagando, a través de nuestros recibos de gas, por inversiones que la empresa ya habría recuperado durante los 33 años de concesión original (2000-2033). En este punto, es importante evaluar qué representa para la empresa estos 10 años adicionales y qué representan para los peruanos.
Los contratos tipo BOOT, como el que Cálidda tiene con el Estado, contemplan que el concesionario debe construir y operar las instalaciones durante el periodo de concesión, plazo en el que debe recuperar su inversión a través de la tarifa que pagamos los usuarios. Culminado este periodo, las instalaciones deben transferirse al Estado sin costo. Por ello, ampliar en 10 años la concesión representaría seguir pagando a Cálidda por inversiones que ya habría recuperado; es decir, por US$ 1.832 millones de ganancias adicionales que deberían responder a una situación de “ganar-ganar”.
Adicionalmente, la adenda pretende que las tarifas por el servicio de gas natural ya no sean reguladas por Osinergmin, como lo establece la ley, sino que sean establecidas por contrato. Asimismo, se plantea en la adenda un incremento del 27% en los precios unitarios de las redes y un margen de contingencia del 20% para las estaciones de regasificación.
Otro punto importante es conocer cuál será el real impacto de la masificación del gas natural en Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali, regiones que durante años vienen esperando la llegada y padeciendo la falta de este combustible y a las que se les podría estar generando “falsas expectativas”.
Al respecto, es necesario reconocer que las metas de conexiones previstas en la adenda permitirían llevar el gas a 200.000 hogares, lo que representa menos del 31 % de la población de estas siete regiones y dejaría a cerca del 70 % de sus habitantes sin la oportunidad de beneficiarse con este combustible. Cabe precisar, además, que, en rigor, el gas a domicilio no constituye técnicamente una masificación. Solo las empresas mineras requieren una cantidad superior a los 300 millones de pies cúbicos diarios (pcd) de gas natural, por lo que una verdadera masificación podría demorar más de diez años adicionales a lo que podríamos esperar.
Es cierto que las 200.000 familias de esas siete regiones requieren acceder al gas, pero eso no significa aceptar costos excesivos que finalmente terminarán pagando los mismos usuarios. Actualmente, estas familias pagan alrededor de S/ 50 por un balón de gas, pero la adenda significaría un costo cuatro veces mayor al del GLP. Más aún, el subsidio del FISE al que acceden los usuarios para la compra de balones de gas representa US$ 15 millones al año, lo que equivale apenas al 4 % de lo que costaría la adenda. Sobre esta “plática”, el Minem no dice ni pío.
Se requiere absoluta claridad de la propuesta respecto de las obligaciones y penalidades suficientes para la fiscalización de las metas de conexión, la ejecución de redes y los plazos de inversión. De no ser así, se limitaría la capacidad del Estado para exigir que el concesionario cumpla con sus compromisos.
Cuando vemos en detalle la anunciada adenda, con mucha razón nos preguntamos: ¿Los usuarios serán subsidiados por el FISE? ¿Cuál será el retorno de inversión de Cálidda mediante las tarifas? ¿Cómo se determinarán las conexiones? ¿Qué pasa si Cálidda no cumple?
Son preguntas que requieren claridad y respuestas específicas, puesto que, tratándose de un proyecto que puede significar el futuro energético de millones de peruanos, el Gobierno debe priorizar decisiones técnicas, con reglas claras y predictibilidad, que garanticen inversiones eficientes, transparentes y sostenibles.
