La promulgación de la Ley 32645, que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP), ha encendido una controversia en el sector cultural. Mientras sus impulsores sostienen que la iniciativa permitirá ordenar el ejercicio profesional, fortalecer la representación gremial y mejorar las condiciones laborales de los artistas, diversas organizaciones culturales advierten que la norma podría convertirse en un mecanismo de exclusión para una parte significativa de los trabajadores del arte.
El debate trasciende el ámbito corporativo. En juego se encuentra una pregunta de fondo: ¿puede el Estado condicionar el reconocimiento formal de un artista a la posesión de un título profesional?
Un sector históricamente marcado por la informalidad
La discusión ocurre en un contexto donde la actividad artística peruana se caracteriza por altos niveles de informalidad y precariedad laboral.
Según estimaciones del propio sector cultural, miles de personas desarrollan actividades artísticas y creativas fuera de los circuitos académicos tradicionales. Músicos populares, artesanos, artistas visuales autodidactas, gestores culturales independientes, danzantes tradicionales y cultores del patrimonio inmaterial constituyen una parte fundamental de la producción cultural del país.
El problema es que una proporción importante de ellos no cuenta con títulos universitarios o de institutos superiores especializados.
Bajo esta realidad, diversos analistas advierten que la nueva legislación podría generar una segmentación inédita entre quienes poseen acreditación académica y quienes han construido su trayectoria mediante la práctica, la transmisión generacional o el aprendizaje autodidacta.
El riesgo de excluir a los creadores tradicionales
Las principales críticas apuntan al carácter restrictivo que podría adquirir la colegiación si esta termina convirtiéndose en un requisito indispensable para acceder a determinados espacios laborales, convocatorias públicas o contratos financiados con recursos estatales.
Los cuestionamientos son especialmente fuertes en regiones donde la transmisión de conocimientos artísticos ocurre fuera de los sistemas formales de educación superior.
En ese escenario, maestros retablistas, talladores, músicos tradicionales, artesanos textiles y otros portadores de saberes ancestrales podrían enfrentar dificultades para ser reconocidos en igualdad de condiciones frente a profesionales titulados.
Especialistas consultados por organizaciones culturales sostienen que la norma corre el riesgo de imponer una lógica propia de profesiones reguladas —como medicina o ingeniería— a una actividad cuya esencia está vinculada a la libertad de expresión y a la creación cultural.
¿Cuántos artistas podrían verse afectados?
Aunque el Estado no cuenta con un registro integral de todos los artistas peruanos, diversos indicadores permiten dimensionar el alcance potencial de la medida.
Los datos de empleo cultural muestran que decenas de miles de personas participan en actividades artísticas, creativas y patrimoniales a nivel nacional. Sin embargo, la oferta de educación superior especializada en artes sigue siendo limitada y se concentra principalmente en Lima y algunas capitales regionales.
Bajo ese escenario, representantes del sector estiman que una proporción considerable de trabajadores culturales no podría acreditar los requisitos académicos exigidos por la nueva normativa.
Si se considera que gran parte de los artistas populares y tradicionales han desarrollado sus carreras fuera de universidades o escuelas superiores, el universo potencialmente afectado podría alcanzar a varios miles de creadores en todo el país, particularmente en las regiones andinas y amazónicas.
Libertad artística frente a regulación estatal
Otro eje de la controversia es el constitucional.
Juristas y colectivos culturales sostienen que el arte no constituye una actividad que genere riesgos directos para la salud o la seguridad pública, condición que históricamente ha servido para justificar la colegiación obligatoria en determinadas profesiones.
Desde esta perspectiva, exigir una habilitación formal para ejercer una actividad creativa podría interpretarse como una limitación indirecta al derecho a la libertad de expresión y al libre desarrollo de la personalidad.
Los críticos de la ley argumentan que el reconocimiento de un artista debe provenir de su obra, trayectoria y aporte cultural, no necesariamente de una certificación académica.
Una demanda legítima con una solución cuestionada
Paradójicamente, incluso entre los detractores de la norma existe consenso respecto a los problemas estructurales que enfrenta el sector.
La ausencia de sistemas de protección social, la falta de acceso a pensiones, la precariedad laboral y la escasez de mecanismos de financiamiento son demandas históricas de los trabajadores culturales.
Sin embargo, organizaciones como ArteTaller consideran que la creación de un colegio profesional no resolverá estas carencias y que, por el contrario, podría desplazar el debate hacia requisitos burocráticos en lugar de impulsar políticas públicas orientadas al fomento cultural.
Un debate que recién comienza
La promulgación de la Ley 32645 abre una nueva etapa de discusión sobre el papel del Estado en la regulación de las actividades artísticas.
Mientras sus defensores la presentan como una herramienta de profesionalización, sus críticos advierten que podría consolidar una división entre artistas titulados y no titulados, afectando especialmente a quienes representan la diversidad cultural del Perú profundo.
La controversia plantea un desafío de fondo para las políticas culturales del país: cómo mejorar las condiciones laborales del sector sin convertir la acreditación académica en una barrera para la creación, la transmisión de saberes tradicionales y el ejercicio de una actividad que históricamente ha florecido en los márgenes de las instituciones formales.
