Los primeros 100 días del nuevo Gobierno estarán marcados por una prueba que va más allá del discurso político: la capacidad de transformar los anuncios económicos en decisiones concretas capaces de preservar la confianza de los inversionistas.
Ese será uno de los principales focos de atención de los mercados, según un análisis de Alfredo Marentes, analista de mercados de VT Markets. Entre los asuntos que serán monitoreados figuran la aprobación de facultades legislativas para el Ejecutivo, la implementación de la reforma tributaria, las medidas de simplificación administrativa y el avance de una legislación sobre trabajo forzoso que permita negociar con Estados Unidos el retiro del último arancel aplicado a productos peruanos.
El frente externo: el costo del arancel
Uno de los primeros desafíos estará fuera de las fronteras. El Perú enfrenta un arancel de 12,5% que afecta a cerca del 55% de sus exportaciones, con impacto sobre productos generadores de empleo como arándanos, uvas, espárragos, mandarinas, textiles y perfiles de cobre refinado.
Desde la perspectiva de VT Markets, la respuesta pasa por acelerar la aprobación de una ley que regule y sancione la importación de bienes vinculados con trabajo forzoso, condición que Estados Unidos exige para levantar la medida.
La señal económica detrás de esta discusión es relevante: la política comercial se convierte en una variable de competitividad y empleo. Para sectores exportadores expuestos al mercado estadounidense, una reducción de la carga arancelaria podría mejorar las condiciones de acceso y reducir una presión que afecta directamente sus márgenes.
Por ello, el diálogo técnico entre Lima y Washington también será observado como parte de la gestión económica de los primeros meses del Gobierno.
Sueldo mínimo: el riesgo está en la formalización
El segundo frente estará dentro del mercado laboral. El incremento de la Remuneración Mínima Vital de S/1.130 a S/1.300, equivalente a 15%, representa uno de los mayores ajustes de los últimos años y será seguido de cerca por los inversionistas.
El impacto, sin embargo, no será homogéneo. Las micro y pequeñas empresas, más expuestas a los costos laborales y con una elevada presencia de empleo informal, tendrían mayores dificultades para absorber el incremento. Las empresas medianas y grandes, en cambio, contarían con estructuras de costos más diversificadas para enfrentar el ajuste.
Aquí aparece una de las variables más sensibles: la capacidad del aumento salarial para convivir con la formalización laboral.
El Gobierno ha anunciado un bono compensatorio para las mypes, pero todavía están pendientes elementos centrales como su monto, duración y mecanismo de aplicación. La demora en reglamentarlo podría elevar la presión sobre empresas pequeñas y, en consecuencia, generar incentivos adicionales hacia la informalidad.
Menos burocracia, más inversión
El tercer frente estará relacionado con la capacidad del Estado para reducir los costos que enfrentan las empresas.
Entre las medidas anunciadas figuran la apertura inmediata de negocios para micro y pequeñas empresas, beneficios tributarios para jóvenes emprendedores y la digitalización del 80% de los trámites estatales mediante una nueva Autoridad Nacional Digital respaldada por inteligencia artificial.
Sobre el papel, estas medidas constituyen una señal favorable para el sector privado. El problema será la ejecución.
Para los mercados, la diferencia entre una promesa y una política económica efectiva estará en los tiempos, la reglamentación y la capacidad institucional para poner en marcha los cambios.
El mercado ya espera resultados
La presión sobre el Gobierno aumenta porque una parte del optimismo ya se encuentra reflejada en los precios de los activos.
Según VT Markets, la Bolsa de Valores de Lima acumulaba un avance cercano al 28,7% en lo que va del año, por lo que el margen para sorprender positivamente mediante nuevos anuncios sería menor.
La lectura es clara: el mercado comenzará a evaluar la ejecución antes que el anuncio.
Esto convierte a los primeros 100 días en una suerte de período de validación. La aprobación de reformas, la implementación de medidas tributarias, la respuesta frente al arancel estadounidense y la reglamentación del aumento de la remuneración mínima permitirán determinar si el optimismo inicial puede convertirse en confianza sostenida.
En ese escenario, el principal desafío económico del nuevo Gobierno no será solamente conseguir respaldo político para sus medidas, sino demostrar que puede implementarlas con velocidad y previsibilidad.
Para los inversionistas, esa diferencia puede ser decisiva. En una economía donde buena parte de las expectativas ya está incorporada en los precios, la ejecución se convierte en la nueva señal de política económica.
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