La verdadera reforma tributaria empieza por transformar la administración tributaria

Cada cambio de Gobierno, más allá de las legítimas diferencias políticas, despierta expectativas. Para muchos ciudadanos representa la posibilidad de corregir el rumbo; para otros, la esperanza de que finalmente se atiendan los problemas estructurales que limitan el desarrollo del país. El Perú no enfrenta desafíos menores. La inseguridad, la informalidad, las brechas de infraestructura, la precariedad de los servicios públicos y la necesidad de impulsar el crecimiento económico demandan recursos fiscales sostenibles. Sin una mayor recaudación tributaria, será imposible financiar las políticas públicas y los proyectos anunciados en el mensaje presidencial.

Sin embargo, aumentar los ingresos tributarios no puede seguir entendiéndose como sinónimo de incrementar la presión sobre quienes ya cumplen. La verdadera discusión debe centrarse en cómo construir un sistema tributario más eficiente, más simple y, sobre todo, más confiable.

Durante años se ha hablado de la necesidad de una reforma tributaria integral. Existe un amplio consenso en torno a sus principales objetivos: simplificar el sistema, reducir la litigiosidad, fortalecer la seguridad jurídica, disminuir los costos de cumplimiento y promover una mayor cultura tributaria. No obstante, existe un aspecto que suele quedar relegado en el debate y que, paradójicamente, constituye la piedra angular de cualquier reforma: la modernización de la administración tributaria.

No puede existir una reforma tributaria exitosa sin una administración tributaria moderna.

Lamentablemente, el modelo que ha predominado en la SUNAT durante los últimos años continúa respondiendo a una lógica basada en la desconfianza. Se trata de un esquema en el que el contribuyente es visto, por defecto, como un potencial evasor y donde el esfuerzo institucional se concentra excesivamente en verificar el cumplimiento de formalidades antes que en facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.

Sería injusto desconocer los avances alcanzados. La transformación digital emprendida por la SUNAT ha permitido importantes mejoras en materia de facturación electrónica, servicios digitales e intercambio de información. Incluso quedaron atrás mecanismos sancionadores como el cierre temporal de establecimientos por infracciones formales, práctica común hace poco más de una década. Sin embargo, estos avances tecnológicos no han estado acompañados de una visión estratégica de largo plazo que redefina la relación entre la administración tributaria y el contribuyente.

La permanente rotación de autoridades y, en algunos casos, la ausencia de una conducción técnica con visión de futuro han impedido consolidar un modelo institucional orientado a generar confianza y promover el cumplimiento voluntario. Se ha invertido en tecnología, pero no necesariamente en transformar la cultura organizacional ni en rediseñar los procesos desde la perspectiva del ciudadano.

Desde hace varios años la OCDE y las administraciones tributarias más avanzadas impulsan conceptos como la Administración Tributaria 3.0 y el cumplimiento cooperativo. Ambos modelos parten de un principio sencillo pero poderoso: utilizar la información disponible para segmentar adecuadamente a los contribuyentes, identificar perfiles de riesgo y concentrar los esfuerzos de control en quienes realmente representan una amenaza para la recaudación.

En el Perú, esa transformación aún no se percibe.

Tanto las micro y pequeñas empresas como las medianas y grandes organizaciones continúan enfrentando procesos de fiscalización donde el estándar probatorio exigido parece ser el mismo para todos, sin importar su historial de cumplimiento. En la práctica, la carga de demostrar la buena fe recae sistemáticamente sobre el contribuyente, como si la evasión fuera la regla y no la excepción. Ello evidencia que la gestión basada en riesgos todavía no constituye el eje central de la actuación administrativa.

Las consecuencias son particularmente gravosas para las MYPES. Mientras el discurso oficial promueve su formalización, la realidad les impone un conjunto creciente de obligaciones formales: libros electrónicos, declaraciones periódicas, registros, comunicaciones y múltiples requerimientos que exigen asesoría especializada. El resultado es evidente: aumenta el costo de cumplir con la ley y se reducen los incentivos para permanecer en la formalidad.

La lógica debería ser exactamente la inversa.

Si una microempresa realiza la totalidad de sus operaciones mediante comprobantes electrónicos y la propia SUNAT puede disponer de prácticamente toda su información comercial en tiempo real, carece de sentido exigirle obligaciones cuyo contenido ya debería obrar en poder de la administración. La tecnología debe servir para simplificar, no para duplicar cargas administrativas.

La SUNAT debería avanzar hacia un modelo en el que proponga automáticamente las declaraciones del IGV y del Impuesto a la Renta para las pequeñas empresas, de manera similar a lo que actualmente ocurre con muchos contribuyentes que perciben rentas del trabajo. La información ya existe; lo que falta es transformar esa información en servicios que faciliten el cumplimiento.

Algo similar ocurre con el sistema de notificaciones electrónicas. Hoy resulta indispensable que miles de empresarios revisen diariamente su buzón SOL para evitar que una comunicación quede consentida por el simple transcurso del tiempo. Para un gran contribuyente ello puede formar parte de sus procesos internos, pero para un pequeño empresario significa destinar tiempo, recursos o contratar servicios especializados únicamente para verificar si ha recibido una notificación.

Una administración tributaria moderna no debería trasladar esa carga al contribuyente. Debería utilizar la tecnología para acercarse a él mediante sistemas que permitan contar con un asistente tributario digital permanente, cuenta tributaria única, pago automático opcional y mecanismos de corrección antes que sanción. La digitalización no puede convertirse en un nuevo obstáculo para cumplir, sino en la herramienta que haga más sencillo hacerlo.

En el caso de las grandes empresas, los avances tampoco han sido suficientes. La mayoría de las interacciones con la administración tributaria continúa desarrollándose bajo una lógica predominantemente formalista, sin diferenciar adecuadamente a los contribuyentes de bajo riesgo de aquellos cuya conducta evidencia esquemas de evasión o elusión agresiva. Ello genera elevados costos de cumplimiento, prolonga controversias innecesarias y desvía recursos que podrían destinarse a combatir las verdaderas fuentes de incumplimiento.

El Perú necesita recaudar más, pero también necesita recaudar mejor. La diferencia no es menor. Recaudar más únicamente mediante mayores controles, mayores exigencias documentarias y mayores cargas administrativas puede producir resultados de corto plazo, pero deteriora la confianza en el sistema tributario y desalienta la formalización. Recaudar mejor significa construir una administración inteligente, que aproveche los datos que ya posee, gestione riesgos, simplifique procedimientos y reserve sus capacidades de fiscalización para quienes realmente incumplen.

La confianza no excluye el control; lo hace más eficiente. Una administración tributaria que conoce a sus contribuyentes, que segmenta riesgos y que facilita el cumplimiento voluntario obtiene mejores resultados que aquella que presume el incumplimiento de todos por igual.

Quizá la verdadera reforma tributaria que el Perú necesita no comience con una nueva ley ni con la creación de nuevos impuestos. Tal vez deba empezar por algo mucho más profundo: cambiar la forma en que el Estado se relaciona con quienes cumplen. Porque cuando el cumplimiento es sencillo, justo y predecible, la recaudación deja de depender exclusivamente de la fiscalización y comienza a sustentarse en la confianza.

Y esa es, probablemente, una de las reformas más importante que el país tiene pendiente.