El Ejecutivo pidió facultades para “actualizar” la Ley de Concesiones Eléctricas y la Ley 28832. La Comisión de Energía y Minas opinó que no corresponde delegar.
Coincido con el rechazo.
Pero no por su argumento: que son materias “complejas”, con implicancias económicas, sociales y ambientales. Si la complejidad impidiera delegar facultades, solo podrían delegarse asuntos fáciles.
Tampoco porque esas leyes no deban reformarse. Probablemente sí.
El problema es más básico: no se puede pedir facultades para reformar el sistema eléctrico sin explicar qué se quiere reformar, para qué y qué arquitectura de mercado se quiere.
Pedir autorización para “actualizar” la LCE y la Ley 28832 es como pedir facultades para “actualizar el Código Civil” sin decir si se piensa modificar el régimen de propiedad.
Los antecedentes hablan de separar distribución y comercialización y crear un comercializador eléctrico autónomo.
Entonces habría que explicar: ¿Para qué? ¿Por qué pasar por él? ¿Por qué un generador no podría vender directo a cualquier consumidor? ¿Se abrirá el mercado a las casas? ¿Qué ocurrirá con el umbral de 200 kW? ¿Y con los contratos de largo plazo celebrados por las distribuidoras?
Propondría algo más simple: que progresivamente todo consumidor pueda elegir suministrador.
Tendríamos generadores ofreciendo directamente planes de precio fijo, por bloques horarios, renovables, etc., y usuarios comparando, eligiendo y contratando con un clic. Sin desaparecer los PPA para los sofisticados.
La distribuidora sigue operando red y cobrando VAD; la transmisión, sus cargos; el COES sigue operando el sistema.
¿Y comercializadores? Si agregan valor, que compitan. Pero no veo por qué el Estado tendría que imponerlos.
Si esa fuera la política, así debería pedirse la delegación: qué derecho se quiere reconocer, qué barreras se removerán, qué artículos se modificarán, cómo será la transición y cómo se respetarán los contratos. Una mala transición puede arruinar una buena reforma.
Hay además una señal preocupante de improvisación. El MINEM dijo que el Libro Blanco debía contener la propuesta legislativa y reglamentaria de la reforma, con sustento técnico y socialización. Pero en mayo no reconformaba el comité de selección y hasta julio recibía propuestas para elaborarlo. ¿Y ahora pide facultades para modificar las dos leyes centrales del sector?
¿Primero las facultades y después se define la reforma?
El orden es al revés:
Primero, política pública. Luego, arquitectura de mercado. Después, modificaciones normativas concretas. Y recién entonces, facultades para ejecutarlas.
No estoy contra la reforma. Estoy contra tener que adivinar qué sistema eléctrico quiere construir el Ejecutivo después de haberle dado la facultad para cambiarlo.
A lo mal explicado (o concebido), bien rechazado.
