El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, considera que la adenda con Cálidda para extender la distribución de gas natural a siete regiones del país podría quedar resuelta en noviembre. En declaraciones a Exitosa Noticias, sostuvo que el proyecto seguirá adelante y defendió los intentos previos de licitación, al señalar que no hubo postores. Sin embargo, su anuncio deja abiertas interrogantes sobre la evaluación económica del proyecto, el mecanismo de asignación de la concesión y la infraestructura que finalmente se utilizará para abastecer a las regiones.
El adelanto de una fecha para resolver la adenda contrasta con el hecho de que el proyecto todavía requiere evaluaciones y coordinaciones entre el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En una entrevista con medios locales, el propio Shinno reconoció diferencias de criterio con Osinergmin sobre el reconocimiento de las inversiones y el valor neto contable de los activos.
La discusión adquiere mayor relevancia porque la ampliación de la concesión de Cálidda no solo determinaría quién distribuye el combustible en nuevas localidades, sino también cómo se construirá la infraestructura, qué costos asumirá el sistema y qué alternativas tendrá el Estado para desarrollar una red de transporte de gas natural en el centro y sur del país.
Una adenda antes de despejar las dudas técnicas
La expectativa de resolver el proyecto en noviembre plantea una pregunta central: ¿qué elementos técnicos y económicos deben estar definidos antes de comprometer al Estado con una ampliación de esta naturaleza?
Según diversas fuentes consultadas por este medio, la respuesta no puede limitarse a la promesa de conectar nuevos hogares. La evaluación debe considerar la inversión requerida, las metas efectivas de conexión, el costo del suministro, el tratamiento de los activos, las condiciones tarifarias y los riesgos que podrían trasladarse a los usuarios.
El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), mediante su Pronunciamiento N.° 007-2026-CIP-CN, cuestionó que se incorporen proyectos fuera del ámbito original de una concesión mediante una adenda, en lugar de someterlos a un concurso público que permita comparar propuestas. También planteó revisar los costos financieros y los posibles efectos de las modificaciones contractuales sobre las tarifas.
El gremio no cuestiona la necesidad de masificar el gas natural. Su objeción se dirige al mecanismo elegido para hacerlo y a las condiciones bajo las cuales se asignarían nuevas inversiones. En términos económicos, esa diferencia es sustancial: una ampliación contractual directa y una licitación competitiva no necesariamente producen los mismos resultados en materia de costos, obligaciones de inversión y distribución de riesgos.
Por ello, mientras no se conozca el sustento técnico y económico completo que respalda la adenda, anticipar su resolución en una fecha determinada puede generar expectativas sin despejar las preguntas de fondo. El desafío del Gobierno no es únicamente firmar un documento, sino demostrar que el mecanismo escogido representa una alternativa conveniente para el país.
Gas en camiones frente a un sistema de gasoductos
Otro punto de controversia es el modelo de abastecimiento previsto para las siete regiones: Ayacucho, Ucayali, Junín, Cusco, Puno, Apurímac y Huancavelica.
La propuesta vinculada a Cálidda contempla transportar gas natural licuado (GNL) en camiones hasta plantas de recepción y regasificación, desde donde el combustible puede distribuirse mediante redes locales. Esta modalidad permite abastecer localidades sin conexión directa a un gasoducto troncal, pero no equivale a construir una infraestructura de transporte de gran escala que conecte las zonas de producción con los principales centros de demanda.
La diferencia importa porque el GNL transportado por carretera depende de una cadena logística que incluye licuefacción, carga, transporte, recepción y regasificación. Su viabilidad económica depende de las distancias, los volúmenes transportados, la frecuencia de suministro, la infraestructura disponible y los costos operativos.
Un gasoducto, por su parte, requiere una inversión inicial considerable y una demanda suficiente para justificarla, pero permite transportar grandes volúmenes de manera continua. La comparación debe realizarse con estudios de demanda, inversión y costo total del suministro, en lugar de asumir que cualquiera de las dos alternativas es automáticamente superior.
El problema es que el debate sobre la masificación regional corre el riesgo de reducirse a la cantidad de conexiones domiciliarias que podrían instalarse, sin evaluar suficientemente qué infraestructura permitirá sostener el abastecimiento en el largo plazo y en qué condiciones económicas.
El CIP ha planteado que la expansión se realice mediante concursos públicos competitivos. Por su parte, la Asociación de Consumidores de Gas en el Perú (ACG), que representa a grandes consumidores de gas natural, ha defendido la construcción del gasoducto del sur como una infraestructura necesaria para reforzar la seguridad energética, ampliar la capacidad de transporte y reducir la vulnerabilidad de un sistema concentrado en un corredor principal.
La comisión de Energía y Minas del Congreso y otros actores del sector también han planteado alternativas que ponen el foco en el desarrollo de infraestructura de transporte. La cuestión que debe resolver el Gobierno es por qué la ampliación mediante una adenda constituye la mejor opción frente a otras fórmulas que podrían evaluarse competitivamente.
La licitación que quedó desierta en 2021
En Exitosa, Shinno sostuvo que el proyecto sí fue licitado en dos oportunidades, pero que no se presentaron postores. El antecedente es relevante, aunque no basta por sí solo para concluir que la competencia privada no está interesada en desarrollar infraestructura de gas para las regiones.
El proyecto de masificación de gas natural para las siete regiones fue relanzado por ProInversión en julio de 2018, durante el gobierno de Martín Vizcarra, tras los cambios producidos en la administración de Pedro Pablo Kuczynski. La inversión estimada entonces era de alrededor de US$400 millones. En marzo de 2019, el Minem informó que tres empresas habían precalificado para participar en el proceso.
Posteriormente, el proceso se reestructuró. En julio de 2020, durante el gobierno de Martín Vizcarra, ProInversión aprobó la versión final del contrato de concesión de una iniciativa que contemplaba una inversión estimada de US$200 millones y conexiones iniciales para más de 113.000 hogares.
La convocatoria no logró concretarse. El 28 de junio de 2021, durante el gobierno de transición de Francisco Sagasti, el concurso fue declarado desierto porque ninguno de los tres postores calificados presentó una oferta. El resultado se produjo aproximadamente un mes antes de que Pedro Castillo asumiera la Presidencia, el 28 de julio de ese año
Este contexto permite precisar el argumento del ministro: hubo procesos de promoción y licitación, pero el resultado fue la ausencia de ofertas en el último concurso. Corresponde examinar si la estructura económica, las condiciones contractuales, las garantías, las tarifas y la distribución de riesgos hicieron viable la participación de los inversionistas.
La masificación no se mide solo por el número de conexiones
La comparación con el crecimiento de Cálidda en Lima, utilizada por Shinno para defender el potencial de expansión, requiere considerar las diferencias entre los mercados.
Lima y Callao concentran una demanda urbana e industrial que favorece la utilización intensiva de las redes. Las siete regiones, en cambio, presentan distintas densidades poblacionales, distancias, perfiles de consumo y posibilidades de desarrollar clientes industriales o de generación eléctrica que sostengan la infraestructura.
Por eso, proyectar un determinado número de usuarios en diez años no es suficiente para establecer la conveniencia económica de un proyecto. También deben conocerse el ritmo previsto de incorporación de clientes, el costo por conexión, el consumo esperado, la tarifa final y los mecanismos de financiamiento.
El diseño de la expansión debe aclarar, además, qué parte de los costos corresponderá al concesionario, qué recursos públicos podrían intervenir y cómo se distribuirán los eventuales subsidios entre usuarios de diferentes regiones.
La discusión resulta especialmente relevante cuando se plantea ampliar una concesión que ya opera en Lima y Callao. El CIP ha advertido sobre los posibles efectos de los cambios contractuales y sobre la necesidad de evaluar las condiciones financieras y tarifarias de la ampliación.
Gasoducto del sur y seguridad energética
La discusión no se limita al acceso domiciliario. También está relacionada con la capacidad del país para garantizar el suministro energético a la industria y a la generación eléctrica.
En una entrevista publicada por Índice.pe, el presidente de la ACG, Roberto Santiváñez Seminario, sostuvo que el gasoducto del sur es necesario para reforzar la seguridad energética, reducir la vulnerabilidad del sistema de transporte y facilitar el uso de gas natural en centrales eléctricas e industrias. También planteó que la nueva infraestructura debe desarrollarse bajo condiciones de competencia.
La dependencia de un corredor principal quedó expuesta durante la emergencia de marzo de 2026, cuando una interrupción en el sistema de transporte de gas obligó a adoptar medidas de racionamiento y recurrir temporalmente a combustibles alternativos para parte de la generación eléctrica. Ese episodio mostró que disponer de recursos gasíferos no garantiza que el combustible llegue a los consumidores cuando falla la infraestructura.
En ese escenario, llevar GNL en camiones a determinadas localidades puede formar parte de una estrategia de abastecimiento regional, pero no resuelve por sí mismo la necesidad de contar con mayor capacidad de transporte ni de desarrollar rutas alternativas para reducir la vulnerabilidad del sistema, de acuerdo con distintas voces del sector energético peruano.
La política energética debe distinguir entre ampliar rápidamente el acceso a gas en localidades determinadas y construir una infraestructura que permita atender, con costos competitivos, una demanda regional creciente. Ambas metas pueden complementarse, pero requieren evaluaciones y decisiones de inversión diferenciadas.
La decisión pendiente del Gobierno
El anuncio de Shinno coloca al Gobierno ante una decisión que trasciende el calendario de una adenda. Si la intención es resolver el proyecto en noviembre, el Ejecutivo debe explicar qué condiciones exigirá a Cálidda, qué observaciones técnicas y económicas han sido formuladas, cómo se resolverán las diferencias con los organismos reguladores y qué garantías tendrá el Estado respecto del cumplimiento de las inversiones y las metas de conexión.
También debe justificar por qué la ampliación contractual sería preferible a una nueva licitación y si se han comparado de manera integral los costos y beneficios de abastecer las regiones mediante camiones de GNL, redes locales y gasoductos de mayor capacidad.
La masificación del gas natural no debería convertirse en una disyuntiva entre conectar pronto a algunos usuarios o desarrollar infraestructura para el futuro. El reto consiste en diseñar una expansión que permita ampliar la cobertura sin cerrar anticipadamente alternativas de inversión, sin debilitar la competencia y sin comprometer la seguridad energética del país.
Resolver la adenda en noviembre puede ser una meta administrativa. Demostrar que el modelo elegido ofrece mejores condiciones para los consumidores, las regiones y el sistema energético peruano es la tarea que todavía debe sustentar el Gobierno.
