Colegio de Ingenieros pide licitación para masificar el gas natural en las regiones

El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) expresó su preocupación por la propuesta de ampliar la concesión de Cálidda mediante una adenda y sostuvo que la expansión de la infraestructura de gas natural hacia el centro y sur del país debe realizarse bajo condiciones de transparencia, competencia y seguridad para las inversiones.

A través del Pronunciamiento N.° 007-2026-CIP-CN, el gremio señaló que reconoce la necesidad de acelerar la masificación del gas natural, pero cuestionó que nuevos proyectos puedan incorporarse a una concesión existente sin un proceso competitivo.

El documento fue suscrito por el decano nacional del CIP, Ing. Jaime Antonio Ruiz Béjar, y la presidenta de la Comisión Nacional de Energía, Ing. Maribel Flora Fernández Rengifo, y lleva fecha del 13 de octubre de 2026.

CIP cuestiona que nuevos proyectos se incorporen mediante una adenda

Uno de los principales argumentos del Colegio de Ingenieros es que una adenda debería utilizarse para corregir o modificar aspectos de una concesión existente y no para incorporar nuevos proyectos que se encuentren fuera de su ámbito original.

Según el pronunciamiento, cuando una modificación contractual incorpora nuevos proyectos fuera de la concesión, el mecanismo debería ser evaluado bajo un proceso competitivo. El gremio califica esta situación como una entrega directa de proyectos y plantea que la expansión de la infraestructura debe realizarse mediante concursos públicos competitivos.

El CIP también sostiene que modificar la naturaleza de un contrato BOOT tendría efectos sobre otros contratos de características similares que se encuentran vigentes y que llegarán a término en los próximos años.

En ese contexto, advierte que una modificación contractual podría generar un precedente para futuras solicitudes de ampliación de concesiones.

El debate también alcanza al costo financiero de las inversiones

Otro de los puntos planteados por el Colegio de Ingenieros está relacionado con la tasa de descuento utilizada para evaluar las inversiones.

El pronunciamiento señala que Cálidda y Transportadora de Gas del Perú (TGP) se constituyeron bajo tasas de descuento de 12%, cuando el Perú registraba niveles de endeudamiento similares a ese porcentaje a comienzos de la década de 2000.

El gremio contrasta ese antecedente con el costo de financiamiento que atribuye actualmente a los bonos soberanos peruanos, que se encuentra por debajo del 5%.

A partir de ello, el CIP sostiene que las condiciones financieras de nuevos proyectos deberían ser revisadas y que no correspondería trasladar tasas superiores a proyectos que, de acuerdo con su posición, sean asignados sin un proceso competitivo.

El CIP también menciona la posición de organismos técnicos respecto a la inexistencia de valor residual y sostiene que la infraestructura existente ya estaría siendo remunerada mediante las tarifas hasta 2033.

Contratos BOOT y efecto sobre las tarifas

El pronunciamiento introduce además una discusión sobre los contratos bajo el esquema BOOT (Build, Own, Operate and Transfer) y su relación con las tarifas que pagan los usuarios.

El Colegio de Ingenieros sostiene que cambiar las condiciones de un contrato de este tipo puede tener efectos sobre los contratos BOOT vigentes y plantea que debe evaluarse el impacto económico de las nuevas condiciones sobre los usuarios.

El documento hace referencia específicamente a un posible subsidio cruzado entre los usuarios de Lima y Callao y los usuarios de las nuevas regiones donde se pretende ampliar la masificación del gas natural.

Para el gremio, este aspecto requiere ser analizado dentro de la estructura tarifaria y de las condiciones económicas de la expansión de la infraestructura.

CIP invoca procesos competitivos para la expansión del gas natural

El Colegio de Ingenieros también plantea que la Constitución establece las licitaciones como regla general, particularmente cuando se trata de servicios públicos.

Desde esa perspectiva, el gremio sostiene que la ampliación de la infraestructura de gas natural debería permitir la participación de empresas e ingeniería peruanas mediante mecanismos competitivos.

La posición del CIP no cuestiona la necesidad de ampliar la cobertura del gas natural. Por el contrario, el pronunciamiento reconoce la urgencia de avanzar con la masificación en el centro y sur del país, pero plantea que esa expansión debe realizarse bajo procedimientos que permitan comparar alternativas de inversión, costos y condiciones contractuales.

¿Qué exige el Colegio de Ingenieros?

En la parte final del documento, el CIP plantea que no se apruebe la ampliación en los términos propuestos y que la masificación se realice mediante concursos públicos competitivos.

Entre sus pedidos incluye que los procesos consideren empresas con solvencia técnica y financiera, además de garantías de cumplimiento.

Asimismo, propone evaluar de manera separada la construcción y la operación de la infraestructura.

Finalmente, solicita que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ProInversión y Osinergmin sustenten sus decisiones en evaluaciones técnicas independientes.

El pronunciamiento concluye planteando que la expansión del sistema energético debe considerar mecanismos de transparencia, competencia y garantías de inversión.

Adendas también se cuestiona desde el frente político

Roberto Sánchez, presidente de Juntos por el Perú, participó el martes 13 de octubre de 2026 en la audiencia pública descentralizada de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, realizada en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. En el encuentro se discutió el abastecimiento de gas natural, las condiciones para ampliar su distribución y las propuestas de modificación de los contratos de concesión vinculados a Cálidda y Transportadora de Gas del Perú (TGP).

La discusión reunió a parlamentarios, representantes del Ejecutivo, autoridades regionales, gremios y organizaciones de la sociedad civil. Entre los planteamientos expuestos estuvo el rechazo a la firma de nuevas adendas en los términos propuestos, así como la exigencia de priorizar la masificación del gas natural en el sur del país, reducir los costos para los consumidores y garantizar que los beneficios de los recursos gasíferos alcancen a las regiones productoras.

La posición expresada en Cusco se enmarca en el debate sobre las condiciones contractuales que permitirían ampliar la infraestructura gasífera y en los cuestionamientos a la extensión de las concesiones de Cálidda y TGP. Los participantes reclamaron que las decisiones sobre estas modificaciones incorporen las demandas de las regiones y ofrezcan garantías sobre sus efectos económicos y los beneficios para los usuarios.

El pronunciamiento se suma a las observaciones formuladas desde el ámbito técnico y parlamentario sobre la adenda de Cálidda, incluida la propuesta del Colegio de Ingenieros del Perú de recurrir a mecanismos competitivos para adjudicar los proyectos de expansión. El debate plantea así dos asuntos relacionados, pero distintos: la necesidad de extender el acceso al gas natural a más regiones y la forma contractual, económica y regulatoria en que debe ejecutarse esa expansión.