“El gasoducto del sur es una obra necesaria para el país”

La falta de exploración, el deterioro de las reservas de gas natural y la vulnerabilidad de la infraestructura de transporte ponen en debate la seguridad energética del Perú. En esta entrevista con Índice.pe, Roberto Santiváñez Seminario, presidente de la Asociación de Consumidores de Gas en el Perú, sostiene que el gasoducto del sur es necesario para contar con un sistema más seguro y redundante, y plantea impulsar nuevas inversiones, revisar los contratos de licencia y garantizar competencia y transparencia en las licitaciones, sin desconocer los compromisos de exportación. El desafío, advierte, es tomar decisiones que aseguren el abastecimiento y permitan aprovechar el potencial del gas natural en la economía peruana.

En un año particularmente complejo para el sector energético, marcado por la incertidumbre geopolítica, los riesgos climáticos y el incidente ocurrido en Camisea, ¿el Perú tiene suficiente seguridad para garantizar el abastecimiento de gas natural durante los próximos 10 o 15 años?

La respuesta tiene varias dimensiones. Empecemos por la producción de gas y las reservas.

Es preocupante que durante los últimos 20 años la exploración no haya acompañado a la explotación. No se han confirmado ni certificado mayores reservas y, mucho menos, se han desarrollado comercialmente nuevos recursos.

Hay varias razones para ello. En el noroeste, por ejemplo, se ha deteriorado una parte importante de la producción porque el modelo de transferencia de los contratos de licencia no ha generado los incentivos adecuados para conservar y mantener las reservas.

Lo que debería ocurrir es que exista un periodo prudente, de cinco a diez años como mínimo, para definir quién será el nuevo operador y permitir que este llegue a acuerdos con el operador saliente sobre las condiciones en las que recibirá el campo.

El problema que tenemos hoy en el norte, por ejemplo, se refleja en la falta de gas para algunas plantas de generación eléctrica. Existen reservas, pero determinados campos no están en buenas condiciones y otros ni siquiera han sido desarrollados.

Esto evidencia un problema en el sistema de contratación que debe corregirse. Y sería preocupante que algo similar ocurriera en Camisea por las dimensiones que tiene este yacimiento. En ese caso, el impacto ya no sería local, sino nacional.

A medida que se acerque el vencimiento del contrato del consorcio de Camisea, previsto para 2044, será necesario asegurar la continuidad de las inversiones y evitar que las reservas declinen sin que existan nuevos campos disponibles.

Hay otros lotes que tienen reservas, pero todavía no son comerciales. Es necesario desarrollarlos, ampliar los campos existentes y promover la exploración. Ese es uno de los grandes retos para el próximo gobierno, Perupetro y la política energética del país.

Se ha señalado que las reservas de gas destinadas al consumo interno alcanzarían para poco más de diez años. ¿Cuál es la posición del gremio frente a esa perspectiva?

No tenemos una posición exacta respecto de una cifra específica. Tengo entendido que serían alrededor de 12 años, pero sí nos preocupa la situación de las reservas.

Desde la asociación estamos promoviendo su ampliación, cambios normativos y modificaciones en el diseño de los contratos de licencia, así como en la política de adjudicación de estos contratos, para incrementar la exploración y desarrollar nuevas reservas.

Tiene que haber más exploración y mecanismos para que la inversión que realiza un operador en el mantenimiento de las reservas pueda recuperarse.

¿Qué ha fallado para que el país no haya incorporado nuevas reservas al ritmo necesario?

No se ha anticipado adecuadamente la renovación de los contratos de licencia. No hubo un buen planeamiento y los contratos no se volvieron a licitar o adjudicar con suficiente anticipación respecto de sus vencimientos.

Eso ha contribuido a la reducción de las reservas, porque un operador no va a invertir si no sabe cómo recuperará esa inversión.

Cuando a un operador le quedan diez años de contrato, comienza a controlar sus inversiones para asegurarse de recuperarlas dentro del periodo restante. Bajo el modelo actual no existe un mecanismo adecuado para compensar esas inversiones.

Si tienes un contrato de licencia de 40 años y, cuando llegas al año 30, no sabes qué ocurrirá con el campo, dejas de invertir y tratas de rentabilizar al máximo las inversiones que ya realizaste.

Lo que termina ocurriendo es que se consumen las reservas disponibles, sin que necesariamente exista una obligación contractual de devolver el campo con un determinado nivel de reservas.

¿Cómo podría corregirse ese problema sin trasladar necesariamente el costo al Estado?

Puede establecerse un acuerdo entre el operador saliente y el nuevo operador, siempre que este último haya sido adjudicado con suficiente anticipación.

Si existe un acuerdo con el siguiente operador —que incluso puede ser el mismo si vuelve a ganar el concurso— habrá incentivos para mantener las reservas. El nuevo operador recibiría el campo en condiciones adecuadas para continuar con la explotación.

Eso no fue lo que ocurrió en el noroeste: se recibieron campos que ya estaban en una situación muy deteriorada y varios de ellos terminaron en manos de Petroperú.

Sí existen mecanismos para mejorar la situación de las reservas del Perú, pero tiene que haber acción.

¿Considera que será posible desarrollar los recursos prospectivos de Candamo, considerando las restricciones ambientales?

Es un tema bastante complejo. Hay que determinar qué bienes son de interés público y cómo pueden compatibilizarse.

Candamo potencialmente tiene reservas, pero no hemos evaluado el tema lo suficiente como para dar una opinión específica.

Lo que sí debe existir es un fomento de la exploración. También deberían revisarse los esquemas regulatorios, porque en determinadas circunstancias pueden resultar poco adecuados. Se necesita mayor flexibilidad para promover inversiones.

Seguridad del transporte: la vulnerabilidad del sistema de gas natural

Más allá de las reservas, ¿qué otros factores comprometen la seguridad energética del país?

El segundo elemento es la infraestructura de transporte.

Tenemos un contrato que garantiza un determinado nivel de disponibilidad, pero el concesionario no lo está cumpliendo. Una disponibilidad de 99% ante fallas no programadas no es algo extraordinario: es un estándar de construcción.

Claramente, el sistema no cuenta con todos los atributos necesarios para ofrecernos esa seguridad. Cuando hablo del sistema, me refiero a todos sus componentes: la infraestructura, los diseños, los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo y las capacidades de respuesta.

Además, tenemos otro elemento importantísimo: el ducto de gas comparte parte de su trazo con el ducto de líquidos. Lo ocurrido en marzo fue una explosión en el ducto de líquidos y el ducto de gas no pudo ser reparado dentro del plazo de 3,65 días exigido, debido a los problemas asociados con el ducto de líquidos.

Ese es un riesgo al que está sometido el ducto de gas seco. El mismo concesionario y operador tiene ambos ductos, que fueron construidos conjuntamente. Esto abre un debate sobre los niveles de riesgo y la ausencia de mecanismos suficientes para mitigarlos.

Desde nuestra asociación venimos señalando que existe un incumplimiento que se arrastra desde hace tiempo.

¿Qué responsabilidad le corresponde al Estado ante esta situación?

El Estado, como contraparte del contrato, tiene la responsabilidad de exigir su cumplimiento y requerir medidas que aseguren el nivel de disponibilidad establecido.

Como en cualquier contrato, cuando una de las partes incumple, la parte afectada tiene derecho a exigir que se subsane ese incumplimiento.

Eso debería estar ocurriendo y no está ocurriendo.

Gasoducto del sur y nuevas infraestructuras: la necesidad de redundancia

¿La vulnerabilidad del sistema hace necesario construir un segundo gasoducto?

Tiene que existir otro ducto, probablemente el gasoducto del sur, además de una interconexión que permita conectar el centro del país a través de la costa. Pero para ello hay que sincerar las tarifas y los costos.

El gasoducto del sur tiene que construirse. Es necesario para contar con redundancia en el sistema que actualmente transporta gas desde Malvinas hacia Pisco y la costa.

¿Qué demanda podría justificar esa infraestructura en el sur del país?

En el sur existe una capacidad de generación eléctrica importante. Hay alrededor de 1.500 megavatios de capacidad que podrían utilizar gas natural. Eso podría representar una demanda significativa, aunque no necesariamente tendría un despacho de base.

Actualmente, algunas de esas centrales utilizan diésel. Fueron precisamente las que ayudaron a sostener el sistema cuando se produjo la interrupción del ducto de Camisea.

Esas centrales deberían pasar a gas natural en algún momento.

Otra alternativa sería llevarles gas natural licuado. Existe la posibilidad de extender el ducto costero desde Marcona hacia el sur. Ese ducto tiene en Marcona una capacidad de alrededor de 320 millones de pies cúbicos que sería suficiente para esa demanda.

También podría instalarse capacidad de regasificación en el otro extremo. Incluso podría funcionar como un pulmón y como redundancia para el sistema de ductos.

¿Cómo debería abordarse el desarrollo de la infraestructura de transporte y distribución en el largo plazo?

Necesitamos más infraestructura de transporte y, definitivamente, mayor capacidad de procesamiento.

También hay que considerar que el desarrollo de nuevos campos requiere inversiones y una demanda que justifique esos proyectos. El sector del gas natural está muy vinculado a la generación eléctrica, pero ambos mercados se gestionan de manera bastante independiente.

El mercado eléctrico exige determinadas flexibilidades que el mercado de gas no permite. Eso tiene impacto en el crecimiento de la demanda y, por tanto, en el crecimiento de la oferta, que debería estar impulsado por esa demanda.

No se puede simplemente decir que mejorar la planificación resolverá todos los problemas. Tampoco considero que la planificación sea necesariamente la solución a todo. Hay que darle mayores libertades al mercado para que pueda desarrollarse con flexibilidad y permitir que la demanda también impulse la oferta.

Descentralización del gas: competencia y transparencia en las licitaciones

Ustedes han cuestionado determinadas iniciativas de infraestructura. ¿Se oponen a la descentralización del gas mediante proyectos como el gasoducto costero o Siete Regiones?

No. No nos oponemos a la descentralización del gas. Lo que planteamos es que debe existir transparencia y competencia en los concursos.

Si son obras que involucran miles de millones de dólares, ¿por qué se van a adjudicar directamente? Si una empresa considera que es la más competente para ejecutarlas, que compita.

Para nosotros es clave que exista competencia y que el costo de la tarifa sea resultado de esa competencia, no de un acuerdo privado.

¿Una adjudicación directa permitiría avanzar más rápido, considerando que procesos anteriores, como el de Siete Regiones, fracasaron durante años?

Ese fracaso obedeció a razones de diseño. Además, Siete Regiones es un proyecto social, no necesariamente un proyecto de masificación.

Nosotros no entramos mucho en ese tema. El gasoducto del sur o el proyecto SITGAS sí son obras que consideramos necesarias para el país, pero tienen que ejecutarse bajo condiciones de competencia.

También hay que considerar que la concesión de Transportadora de Gas del Perú terminará en menos de diez años. Se puede comenzar a licitar desde ahora, ya sea conjuntamente con un nuevo proyecto o por separado.

El Estado tiene capacidad para hacerlo. Proinversión licita líneas de transmisión de miles de kilómetros todos los años. ¿Por qué no podría licitar un tramo de un gasoducto? Habría terceros interesados y podría existir competencia.

Gas para la industria: tarifas y descentralización económica

Si el gas llegara a las regiones, ¿existiría interés de las grandes industrias en instalar plantas fuera de Lima?

Sí, aunque hay que considerar varios factores.

La mayoría de las industrias de las que estamos hablando ya está instalada en Lima y utiliza gas porque se convirtió a este combustible.

Una vez que el gas llegue a una región, puede permitir que otras industrias se conviertan a gas o que se desarrolle nueva industria. Pero dependerá mucho del tipo de proceso y del tipo de industria que se busque desconcentrar hacia el sur u otras regiones.

Es difícil, porque también existe un tema de costos.

¿Una tarifa única o tarifa estampilla para las concesiones de distribución favorecería la descentralización?

Favorecería la descentralización de la economía en general.

Si tienes un insumo energético que llega a determinado precio al quemador de una industria en Lima y ese mismo producto llega a un precio mucho mayor en Trujillo o Piura, evidentemente, cuando una empresa busca dónde desarrollar una planta industrial, resulta más conveniente hacerlo en Lima.

Lo mismo ocurre con el usuario residencial o el transportista: enfrentan costos diferentes.

Ahora bien, es normal y correcto que los costos de un sistema de distribución estén relacionados con los costos medios del servicio.

En Lima, el costo medio es mucho menor porque existe mayor intensidad de consumo, la infraestructura tiene más años y, además, están las generadoras como demanda ancla. Eso no necesariamente ocurre en otras regiones.

Pero tampoco significa que no puedan existir grandes volúmenes fuera de Lima. Hay industrias que cuentan con sistemas de distribución alimentados mediante regasificación de gas natural licuado. También existen plantas de generación que podrían convertirse a gas natural.

El problema es el precio. Si el gas llega a una determinada zona a US$12 por millón de BTU, mientras que en Lima llega al quemador de las plantas a alrededor de US$3,60 por millón de BTU, la conversión deja de ser económicamente viable.

Exportación frente al mercado interno: qué hacer con las reservas

Este gobierno tendrá que tomar decisiones relevantes para el sector, entre ellas una eventual actualización de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, el fortalecimiento de Perupetro y la situación del contrato de exportación de gas. ¿Han fijado una posición sobre este último tema?

Sobre ese tema no hemos discutido una posición gremial.

Algunos analistas plantean que, ante la reducción de las reservas destinadas al consumo interno, las reservas destinadas a exportación deberían orientarse al mercado local por razones de seguridad energética. ¿Cuál es su posición?

Primero, los contratos firmados tienen que respetarse y cumplirse. Esa es la base para que funcione cualquier sistema.

Si existen acuerdos respecto de qué campos están destinados a exportación y cuáles al mercado doméstico, deben respetarse.

El Lote 88 está destinado al mercado doméstico. Pero existen otros campos, como los lotes 57 y 58, que tienen reservas aprobadas pero que no son comerciales. No tengo el dato de por qué todavía no lo son.

Sin embargo, tampoco se puede simplemente dejar de exportar, porque la exportación es un canal que permite mantener el interés en la explotación.

Además, el consumo de gas del Perú, aunque debería masificarse más, no necesariamente tiene que crecer de manera enorme. La mayor parte de la demanda doméstica de gas corresponde a la generación eléctrica.

Durante las últimas décadas, el gas ha sido fundamental para la generación de base. Con la transición energética y el ingreso de las renovables, puede asumir un papel diferente: acompañar a la generación renovable.

Podríamos tener un consumo similar de gas, pero utilizarlo para respaldar una generación renovable mucho mayor y, al mismo tiempo, duplicar la demanda eléctrica del Perú.

Por eso, la masificación no necesariamente significa que el consumo de gas vaya a crecer en volúmenes enormes.

Entonces, ¿no considera conveniente modificar la asignación de determinados lotes de exportación para destinarlos al mercado interno?

Personalmente, no estoy de acuerdo con ese planteamiento. Es un tema que tampoco se ha discutido en el gremio.

Necesitamos cambios, pero hay que buscar soluciones constructivas hacia el futuro. No se trata de desvestir un santo para vestir a otro.

Política energética: el futuro del gas natural en el Perú

En un contexto de conflictos geopolíticos, volatilidad de los precios internacionales y mayores costos asociados a los combustibles importados, ¿qué tan urgente es promover el gas natural? ¿Estamos llegando tarde?

Nos hemos dormido durante 10 o 15 años. No ha habido novedades importantes en todo ese tiempo.

Existe una necesidad de replantear el futuro del gas como un combustible confiable, seguro y ambientalmente amigable, que además puede cumplir un papel de transición y facilitar el paso hacia fuentes de energía todavía más limpias.

¿Crear una autoridad nacional del gas natural ayudaría a mejorar la planificación y coordinación del sector?

No, no creo que crear una nueva autoridad sea el tema. Es una cuestión de voluntad política. Con la estructura de gobierno que tenemos actualmente, si existieran liderazgo, intención y voluntad adecuados, esto podría avanzar. Y, por supuesto, también con transparencia.

No hay que crear más burocracia. Al contrario, habría que eliminar parte de la burocracia existente.