El más reciente informe de la La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el Perú lanza un mensaje contundente: la economía peruana está atrapada en la trampa de la informalidad y el bajo crecimiento.
“La informalidad afecta a más del 70% de los trabajadores y sigue siendo un obstáculo importante para el crecimiento sostenible”. Esta frase resume el problema estructural que atraviesa el país: la mayoría de peruanos trabaja en condiciones precarias, sin acceso a seguridad social ni estabilidad.
La alta informalidad no solo erosiona el mercado laboral, también golpea las cuentas públicas. Según el documento, “los ingresos tributarios del Perú se mantienen bajos, en un 17% del PIB en 2024, muy por debajo de los promedios regionales y de la OCDE”. Esto significa que, pese a la riqueza minera y la estabilidad macroeconómica, el Estado no tiene recursos suficientes para sostener políticas sociales o invertir en infraestructura de calidad.
El organismo advierte que el deterioro fiscal es creciente: “la disciplina fiscal se ha deteriorado, con déficits que superan los límites establecidos por la regla fiscal”. En otras palabras, se está gastando más de lo que se recauda, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de la economía en el mediano plazo.
El informe de la OCDE fue presentado en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores por el secretario general de este organismo, Mathias Cormann, donde también participaron el canciller Elmer Schialer y el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes.
La OCDE señala que el país mantiene fortalezas fiscales y monetarias, así como una importante base exportadora minera. Sin embargo, la proyección de crecimiento del PBI para 2025 es de apenas 2,8%, y de 2,6% para 2026, lo que refleja una economía moderada y vulnerable a shocks externos .
OCDE advierte fragilidad institucional
La fragilidad institucional también aparece como un freno al desarrollo. “La corrupción sigue siendo un obstáculo importante, con un costo estimado del 2,4% del PIB anual”, señala la OCDE, revelando el impacto directo de la falta de integridad en la gestión pública.
El panorama social no es más alentador. El informe enfatiza que “la baja movilidad intergeneracional limita las oportunidades económicas en el Perú”. Es decir, los hijos de familias pobres tienen pocas probabilidades de mejorar su nivel de vida respecto a sus padres, lo que perpetúa la desigualdad.
La educación juega un rol decisivo en esa trampa. “Los resultados educativos y el acceso a empleos formales de alta calidad siguen dependiendo en gran medida del contexto socioeconómico”, advierte la OCDE. En otras palabras, nacer en un hogar pobre determina las posibilidades de acceso a educación de calidad y, luego, a un empleo digno.
El informe también pone la lupa en los jóvenes: “El 23% de peruanos entre 15 y 29 años no estudia ni trabaja”. Este dato refleja el enorme reto de insertar a la juventud en un mercado laboral marcado por la precariedad y la falta de formación técnica alineada con las necesidades del sector productivo.
En el frente ambiental, la advertencia es contundente: “La deforestación contribuye al 50% de las emisiones actuales y está impulsada por la expansión de la frontera agrícola, la tala ilegal, la minería y la producción de coca”. Perú, pese a sus compromisos de carbono neutral, sigue perdiendo una de sus mayores ventajas: la Amazonía.
La receta de la OCDE
Sin embargo, el informe también ofrece pistas claras de cómo revertir estos problemas. Una de las más relevantes: “Reducir la informalidad permitiría obtener beneficios más amplios: mayor productividad, más recaudación fiscal, mejor calidad de empleo y mayor cobertura de protección social”.
La clave, según la OCDE, está en diseñar incentivos adecuados: “Una estructura progresiva de cotizaciones sociales basada en los ingresos de los trabajadores fortalecería la formalización sin castigar a los de bajos ingresos”. Esta reforma permitiría integrar a más peruanos al sistema sin asfixiar a las pequeñas empresas.
En materia fiscal, el organismo plantea que “movilizar ingresos adicionales requiere fortalecer la administración tributaria, reducir los gastos fiscales y simplificar los regímenes para las pequeñas empresas”. La simplificación del sistema es vista como una forma de reducir la evasión y ampliar la base de contribuyentes.
Cambios estructurales
En educación, la OCDE propone un cambio estructural: “Ampliar gradualmente el acceso a una educación de calidad en la primera infancia tendría efectos positivos en los futuros resultados educativos de los niños”. Esta apuesta por la infancia busca cortar de raíz la transmisión de la desigualdad.
En cuanto a la transición verde, el estudio recomienda: “Detener y luego revertir la deforestación en la Amazonía es la parte más esencial del camino previsto para alcanzar las metas de descarbonización del Perú”. La frase convierte a la Amazonía en la columna vertebral de la lucha climática del país.
La entidad también resalta la necesidad de diversificación productiva: “Ampliar el acceso a la financiación más allá de los préstamos bancarios tradicionales fortalecería el papel de las MIPYMES como creadoras de empleo de calidad”. Sin crédito accesible, las pequeñas empresas no podrán escalar ni generar trabajo formal.
En suma, la OCDE dibuja un diagnóstico duro pero claro: el Perú se encuentra atrapado entre la informalidad, la debilidad fiscal, la baja movilidad social y la amenaza ambiental. Pero las soluciones están sobre la mesa: educación de calidad desde la infancia, reformas tributarias y laborales progresivas, lucha frontal contra la corrupción y un compromiso real con la transición verde.
