El problema petrolero del Perú ya no puede explicarse únicamente por la falta de recursos o por la existencia de áreas con potencial hidrocarburífero. Las cifras muestran una brecha más profunda: el país tiene contratos vigentes, pero muy poca actividad exploratoria capaz de traducirse en nuevos descubrimientos, reservas y producción.
La señal más reciente es la producción de julio. Según las cifras oficiales de Perupetro difundidas por la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), el país produjo 36.93 mil barriles de petróleo por día (MBPD), apenas por encima del mes anterior, pero 23% menos que en julio de 2025.
La magnitud del retroceso adquiere mayor relevancia cuando se observa la concentración de la producción. El Lote 95, en Loreto, aportó 10.658 MBPD; el Lote X, en Piura, 8.233 MBPD; y el Z-69, también en Piura, 2.954 MBPD. En conjunto, estos tres lotes explicaron cerca del 59% de la producción nacional de julio.
El contraste con el gas natural es significativo. En julio, la producción gasífera alcanzó 1.554 millones de pies cúbicos diarios, frente a 1.551 MMPCD en junio y 9,6% más que un año antes.
La fotografía, por tanto, es particularmente preocupante para el petróleo: mientras el gas mantiene una trayectoria de crecimiento, el crudo continúa perdiendo terreno.
Cinco contratos para explorar un país que necesita más petróleo
Los contratos vigentes al 31 de julio de 2026 ayudan a dimensionar el problema.
El registro adjunto muestra solamente cinco contratos en fase de exploración, todos bajo modalidad de licencia, que abarcan aproximadamente 2,23 millones de hectáreas. Los operadores son Petrotal, Upland y Anadarko.
La distribución también revela una elevada concentración territorial: el Lote 107, operado por Petrotal en la Selva Central, comprende 252.232 hectáreas; el bloque XXIII de Upland, en el Noroeste, 93.199 hectáreas; mientras que Anadarko mantiene los lotes Z-61, Z-62 y Z-63 en el Zócalo, con superficies que van desde 548.050 hasta 680.519 hectáreas.
Es decir, el Perú cuenta con grandes extensiones bajo contratos de exploración, pero apenas cinco contratos están actualmente en esa etapa. El desafío consiste en transformar esas áreas contratadas en actividad exploratoria efectiva y, posteriormente, en descubrimientos comercialmente viables.
Perupetro confirma que su función comprende precisamente la negociación, celebración y supervisión de contratos hidrocarburíferos, mientras que los contratos de licencia asignan al contratista los costos y riesgos de la exploración y exigen el cumplimiento de programas mínimos de inversión y trabajo exploratorio.
La fotografía de explotación es más amplia, pero tampoco permite hablar de un upstream dinámico. El cuadro adjunto registra 25 contratos en fase de explotación, con un área conjunta de aproximadamente 3,37 millones de hectáreas. Sumados los contratos de exploración y explotación, el país tiene 30 contratos vigentes bajo las cifras mostradas al 31 de julio.
El punto crítico es que tener contratos vigentes no equivale necesariamente a tener producción creciente. La evidencia está en los 36,93 MBPD de julio y en los lotes que actualmente no registran producción, entre ellos los lotes 67, XV, XX y Z-6.
El costo económico de producir poco
La baja producción petrolera no es solamente un problema sectorial. Tiene consecuencias sobre la seguridad energética y sobre la necesidad de recurrir al mercado internacional para cubrir la demanda de combustibles.
La propia SPH advierte que la reducción de la producción obliga a impulsar nuevos proyectos para incrementar reservas, fortalecer la seguridad energética y reducir la dependencia de las importaciones de hidrocarburos.
La dimensión externa también puede observarse en las estadísticas del Banco Central de Reserva del Perú. En 2025, las exportaciones de hidrocarburos sumaron US$3.305 millones, frente a US$3.833 millones en 2024. Dentro de ese resultado, las exportaciones de petróleo crudo y derivados alcanzaron apenas US$1.891 millones, mientras que las de gas natural fueron de US$1.415 millones.
El descenso de la producción petrolera, por tanto, también limita la capacidad del país para generar divisas mediante sus propios recursos energéticos. En sentido inverso, elevar el upstream permitiría sustituir progresivamente parte de las compras externas y mejorar el balance energético.
Gonzáles: “El mayor reto es recuperar la competitividad”
Carlos Gonzáles, gerente de Enerconsult, considera que el diagnóstico debe ir más allá de una modificación puntual de la legislación.
“El mayor reto que enfrenta el nuevo gobierno es recuperar la competitividad que perdimos hace más de 20 años”.
Para el especialista, la situación actual del upstream es especialmente delicada porque combina una producción de apenas alrededor de 36 mil barriles diarios con un número reducido de contratos de exploración.
Gonzáles cuestiona además la evolución de los últimos años, que califica como particularmente negativa, aunque introduce una precisión relevante: la responsabilidad de la situación no puede atribuirse íntegramente a Perupetro, debido a que la empresa estatal no habría contado con suficiente respaldo ni del Poder Ejecutivo ni del Legislativo.
Este punto resulta clave para el debate. Si Perupetro es el organismo encargado de negociar y administrar los contratos de exploración y explotación, su capacidad institucional termina siendo un factor determinante para convertir el potencial geológico del país en inversiones concretas. La propia entidad señala que puede contratar mediante procesos de convocatoria o negociación directa, de acuerdo con la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
El debate no debería limitarse a cambiar la Ley
Una de las principales conclusiones de Gonzáles es que modificar o reemplazar leyes y reglamentos no será suficiente para recuperar competitividad.
Su propuesta apunta directamente al fortalecimiento institucional de Perupetro y contempla cuatro frentes: incorporar profesionales de primer nivel en las especialidades vinculadas con su objeto social; realizar una evaluación rigurosa del personal para conservar las capacidades necesarias; establecer remuneraciones competitivas con la industria petrolera; y dotar a la empresa de reglas de contratación propias para los bienes y servicios vinculados directamente con su actividad petrolera.
El objetivo sería reducir una de las brechas que enfrenta el Estado cuando negocia con compañías internacionales: la diferencia entre la capacidad técnica y negociadora del contratista privado y la del organismo encargado de representar los intereses del Estado.
Gonzáles plantea incluso recuperar una práctica utilizada hace tres décadas durante la negociación del contrato de Camisea: conformar equipos negociadores de primer nivel, reforzados por especialistas externos cuando la magnitud y complejidad del contrato lo ameriten.
La propuesta adquiere especial relevancia en un sector donde una negociación contractual puede comprometer inversiones, obligaciones de trabajo, regalías, plazos de explotación y condiciones económicas durante décadas.
La capacidad de negociación también es parte de la competitividad
Perupetro fue creada precisamente para promover la inversión en exploración y explotación de hidrocarburos y, entre otras funciones, negocia, celebra y supervisa contratos.
Por eso, fortalecerla no debería entenderse únicamente como aumentar presupuesto o modificar su estructura administrativa. El reto está en construir una institución especializada, técnicamente sólida y con capacidad de negociación frente a operadores internacionales.
En un mercado petrolero global donde las compañías pueden dirigir sus capitales hacia distintas jurisdicciones, Perú compite no solo por sus reservas potenciales, sino también por la calidad de sus instituciones, la predictibilidad contractual, la velocidad de los permisos y la capacidad del Estado para acompañar los proyectos.
La SPH apunta en la misma dirección cuando plantea un marco regulatorio predecible, mayor agilidad en los permisos y condiciones que fortalezcan la inversión privada como elementos necesarios para reactivar la exploración y desarrollar nuevos proyectos.
Arbitrajes: una alerta sobre la relación contractual
Gonzáles introduce además un punto que merece ser incorporado al debate institucional: los arbitrajes en los que participa Perupetro.
Su cuestionamiento no apunta al arbitraje como mecanismo, sino al riesgo de que diferencias que podrían resolverse mediante trato directo terminen convirtiéndose en controversias arbitrales por interpretaciones contractuales que, según sostiene, no siempre considerarían adecuadamente la voluntad de las partes ni el objetivo común de producir hidrocarburos.
La preocupación tiene una dimensión adicional: mientras un contratista puede asumir económicamente las consecuencias de perder un arbitraje, una eventual obligación de pago de Perupetro tiene una naturaleza distinta debido a que la empresa estatal no administra ingresos propios equivalentes a las regalías que recauda para el Estado.
Por ello, la recomendación de Gonzáles es que los desacuerdos contractuales sean gestionados con mayor capacidad técnica y jurídica antes de llegar a una controversia formal.
El reto para el nuevo Gobierno
El punto de partida es poco alentador: 36,93 MBPD de producción petrolera, una caída interanual de 23% y apenas cinco contratos de exploración.
Pero la existencia de 25 contratos de explotación y más de 5,5 millones de hectáreas comprendidas entre exploración y explotación muestra que el problema no puede reducirse simplemente a la ausencia de áreas contractuales.
La discusión debe desplazarse hacia una pregunta más incómoda: ¿por qué un país con áreas bajo contrato, recursos potenciales y una institución creada específicamente para promover la inversión hidrocarburífera no consigue elevar sostenidamente su producción petrolera?
La respuesta pasa por varios factores —inversión, exploración, permisos, regulación, infraestructura, conflictividad y condiciones económicas—, pero también por la capacidad del Estado para negociar y administrar contratos de largo plazo.
En ese contexto, fortalecer Perupetro debería formar parte de una estrategia más amplia para recuperar la competitividad del upstream. No se trata únicamente de conseguir más contratos, sino de atraer capital, perforar más pozos, descubrir nuevas reservas y convertirlas en producción comercial.
El objetivo final trasciende las cifras de un solo sector: producir más petróleo y gas permitiría reducir la dependencia de importaciones, mejorar la seguridad energética y disminuir la presión que el déficit de hidrocarburos ejerce sobre la balanza externa. El desafío del nuevo Gobierno será demostrar que esta vez el país puede pasar de discutir reformas a construir las condiciones para que la inversión efectivamente llegue al subsuelo peruano.
