Imagine que vive en un edificio y que el administrador propone renovar por diez años más el contrato con la empresa de mantenimiento, sin concurso. Asegura que es la mejor opción, que la empresa conoce el edificio y que buscar otra tomaría demasiado tiempo. Cualquier propietario sensato haría, antes de votar, algunas preguntas simples: ¿puedo ver el contrato?, ¿cuánto nos va a costar?, ¿se pidió alguna otra cotización?, ¿qué dijo el contador del edificio? Si el administrador respondiera que los números existen, pero que no se pueden mostrar, la votación difícilmente sería tranquila.
Algo parecido ocurre hoy con las Novenas Adendas de Cálidda y de TGP. Son dos decisiones que comprometerían la distribución y el transporte del gas natural de Lima hasta 2043 y 2044, y buena parte de la información en la que se apoyan no es pública o solo se conoce a través de la prensa.
Vale la pena recordar lo que se sabe hoy y cómo se sabe. Del informe en el que Osinergmin cuestionó la adenda de Cálidda, el Informe N°413-2026-GRT/OS, la mayoría de los ciudadanos conoce solo lo que han publicado los diarios; las metas de conexión, los US$1.832 millones de utilidad que el regulador estima para la empresa entre 2033 y 2043, las observaciones sobre el factor de penetración y las penalidades. La cifra de US$824,2 millones que se ha presentado como valor residual de los activos de Cálidda proviene de una valorización de EY cuyo modelo no es público. Y ambas propuestas han cambiado varias veces: la de Cálidda, según fuentes del Ejecutivo, se modificó cinco veces desde 2023, y la de TGP tiene versiones de 2024, de 2025 y de septiembre de 2026, sin que se haya explicado de forma ordenada qué cambió en cada una.
Con ese nivel de información, es muy difícil que alguien fuera del Gobierno pueda saber si las adendas son un buen negocio para el país. Y es igual de difícil que el propio Estado pueda defender su decisión si algún día se la cuestionan.
Por eso, antes de firmar, el Estado debería publicar al menos siete tipos de documentos.
· El primero es la versión final de cada adenda, con todos sus anexos, acompañada de un cuadro que explique qué cambió respecto de las versiones anteriores y por qué.
· El segundo son los modelos económicos que sustentan la decisión: los flujos de caja de los diez años adicionales, el valor que se asigna a la prórroga y, en el caso de Cálidda, el modelo con el que se calculó el valor residual de los activos.
· El tercero son los informes completos de las entidades que evaluaron las propuestas, como Osinergmin, ProInversión y el Ministerio de Economía y Finanzas, junto con una explicación de cómo se atendió cada una de sus observaciones o por qué se descartó.
· El cuarto documento, quizá el más importante, es la comparación con las alternativas. La normativa vigente de asociaciones público-privadas prevé un informe de análisis multicriterio que evalúe la ampliación frente a otras opciones, como un nuevo concurso. Si ese análisis existe, debe publicarse; si no existe, debe hacerse antes de decidir. No basta con afirmar que la adenda es la mejor opción; hay que mostrar con qué se comparó y con qué resultado.
· El quinto es la lista de inversiones de cada adenda, clasificada según su naturaleza: cuáles son obras realmente nuevas y cuáles corresponden a obligaciones que el concesionario ya tenía, incluidas las que se presentan como «CAPEX de reposición». Sin esa clasificación, nadie puede saber si los usuarios están pagando por algo nuevo o pagando dos veces por lo mismo.
· El sexto son las metas, los cronogramas, las penalidades y las garantías, escritos de forma que cualquier ciudadano pueda verificar qué se promete, para cuándo y qué pasa si no se cumple.
· Y el séptimo es el propio calendario del trámite: qué entidad tiene el expediente, qué plazo tiene para pronunciarse y cuánto ha tardado. Incluso quienes defienden las adendas, han pedido que los tiempos efectivos de tramitación sean públicos.
Se podría objetar que parte de esa información es confidencial. Es cierto que la ley de transparencia permite proteger cierta información comercial sensible de las empresas. Pero esa excepción no alcanza a lo esencial de una decisión pública: cuánto vale lo que el Estado entrega, cuánto vale lo que recibe y con qué alternativas se comparó. Si algún dato puntual debe reservarse, puede hacerse sin ocultar el razonamiento completo.
También se dirá que publicar todo esto retrasará las adendas y, con ellas, el gas para las regiones y para el sur. No es así. Estos documentos ya deberían existir, porque son los que el propio Estado necesita para decidir; publicarlos no exige hacer nuevos estudios, sino ponerlos a disposición de todos. Hacerlo toma días, no años. Lo que sí podría generar demoras, y de las largas, es firmar sin transparencia y enfrentar después cuestionamientos, investigaciones o controversias que podrían haberse evitado con información clara desde el principio. Además, las dos concesiones siguen vigentes hasta 2033 y 2034: hay tiempo suficiente para hacer las cosas a la vista.
La transparencia, además, no favorece a ninguna de las partes. Si las adendas son tan convenientes como se afirma, publicar los números es la mejor forma de demostrarlo y de darles legitimidad. Si no lo son, es mejor saberlo ahora que dentro de diez años. Las empresas también ganan con un acuerdo que nadie pueda tachar de opaco.
Volviendo al edificio… ningún propietario debería votar a ciegas una renovación de diez años. Con mayor razón, ningún país debería comprometer el transporte y la distribución de su principal fuente de energía sin que sus ciudadanos puedan ver en qué se basa esa decisión.
Antes de la firma, los documentos. Después, el debate. Y solo entonces, la decisión.
