La posible modificación del esquema de financiamiento agrario encendió las alertas entre las organizaciones cafetaleras. La Alianza del Café de Cajamarca y la Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras de los Valles de Sandia (CECOVASA) plantearon mantener las condiciones preferenciales del Fondo AGROPERÚ y cuestionaron que una eventual modernización del sistema pueda trasladar a los pequeños productores el mayor costo asociado al riesgo crediticio.
El pronunciamiento se produce luego de que el Poder Ejecutivo presentara al Congreso, el 27 de agosto de 2026, un pedido de delegación de facultades legislativas por 120 días, que incluye medidas destinadas a facilitar el acceso al crédito, garantías y seguros en el sector agrario, así como modernizar los instrumentos de financiamiento a productores.
En ese contexto, las organizaciones cafetaleras señalan que se viene evaluando un nuevo diseño para el rol crediticio de AGROBANCO y AGROPERÚ. De acuerdo con información que circula durante el proceso de elaboración del nuevo marco normativo, los recursos del fondo podrían ser canalizados mediante instituciones financieras intermediarias, con una tasa para el productor cercana al 12% anual, frente al 3,5% vigente para determinados beneficiarios organizados.
La propia Alianza precisa que dicha tasa del 12% corresponde a información en circulación y no a una norma publicada ni a una medida aprobada, por lo que reclama que el texto en evaluación sea difundido para permitir un debate informado.
El impacto sobre el costo financiero
El cambio planteado tendría un efecto directo sobre los costos de financiamiento de los productores. Según el pronunciamiento, un crédito de S/10.000, calculado únicamente con las tasas nominales de 3,5% y 12%, pasaría de generar aproximadamente S/350 a más de S/1.200 anuales en intereses.
Para una cooperativa con S/2 millones de crédito de campaña, el costo financiero bajo esas mismas tasas subiría de S/70.000 a S/240.000 anuales. La organización sostiene que esos recursos actualmente pueden destinarse a actividades como fertilización, acopio y mejora de la calidad.
CECOVASA coincide en advertir sobre el impacto que tendría una mayor orientación comercial del financiamiento. La organización, que agrupa a cooperativas cafetaleras de los Valles de Sandia, en Puno, señala que si los recursos de AGROPERÚ fueran canalizados principalmente bajo condiciones comerciales de bancos privados o cajas rurales podrían producirse mayores tasas de interés, mayores exigencias de garantías y restricciones para acceder al crédito, además de un incremento del costo financiero del acopio y la comercialización.
La central de cooperativas sostiene que sus organizaciones necesitan capital de trabajo para acopiar oportunamente el café de sus productores, financiar el acopio durante la campaña, procesar y comercializar la producción y cumplir compromisos comerciales y contratos de exportación.
Asimismo, en documentos cursados a los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego, Economía y Finanzas, así como a las comisiones Agraria y de Economía de la Cámara de Diputados, los cafetaleros advierten que el costo efectivo podría ser superior a la tasa nominal anunciada, debido a la incorporación de comisiones, seguros, gastos administrativos y servicios de extensión agraria que, de acuerdo con la normativa vigente citada por el sector, forman parte de la estructura del financiamiento y son asumidos por el productor.
Cajamarca y Puno concentran una parte relevante del financiamiento
La discusión tiene especial relevancia para las principales zonas productoras. A mayo de 2026, el Fondo AGROPERÚ había colocado S/226 millones entre 14.059 pequeños productores. Puno registraba 2.359 créditos, seguido de Cajamarca, con 2.319, mientras que durante el primer trimestre del año se otorgaron 1.042 créditos destinados a la renovación y rehabilitación de café y cacao.
El pronunciamiento de la Alianza del Café de Cajamarca cita además información de 2025 según la cual esta región concentraba aproximadamente el 16% de la cartera de AGROBANCO. La documentación de respaldo precisa que se trata del dato regional más reciente publicado para ese indicador y recomienda actualizarlo con información correspondiente a 2026.
Para las organizaciones cafetaleras, el riesgo no estaría limitado al incremento de la tasa. La Alianza sostiene que una mayor participación de intermediarios financieros con criterios comerciales podría reducir la cobertura en zonas rurales alejadas, donde los costos operativos son mayores y existen dificultades relacionadas con el acceso vial y el saneamiento físico-legal de los predios.
CECOVASA plantea una preocupación similar desde Puno. En su pronunciamiento señala que el pequeño productor agrario no puede ser tratado únicamente como un cliente financiero, debido a que la agricultura enfrenta riesgos climáticos, productivos y de mercado que requieren una política pública de financiamiento diferenciada.
Cooperativas piden preservar el rol de AGROPERÚ y AGROBANCO
Frente a esta posibilidad, la Alianza del Café de Cajamarca plantea mantener el crédito preferencial mediante mecanismos que permitan distribuir el costo del riesgo entre los distintos participantes del sistema.
Entre sus propuestas figura establecer un subsidio presupuestal que cubra la diferencia entre la tasa que necesita la entidad financiera y la tasa preferencial que paga el productor. También plantea garantías públicas de primera pérdida de hasta 90% del crédito, con el objetivo de facilitar préstamos a productores que no cuentan con garantías hipotecarias o cuyos predios aún no tienen saneamiento físico-legal.
CECOVASA, por su parte, solicita al MIDAGRI, AGROBANCO y al Congreso mantener AGROPERÚ como instrumento de política pública y a AGROBANCO como entidad estratégica para su administración y canalización. La organización no plantea excluir a la banca privada ni a las cajas rurales, pero propone que su participación sea complementaria y no sustituya el rol del Estado en el financiamiento de la agricultura familiar.
La central también pide garantizar tasas de interés preferenciales y condiciones financieras diferenciadas para pequeños productores y organizaciones agrarias, así como fortalecer el financiamiento destinado al acopio, transformación y comercialización. Entre sus propuestas figura además implementar mecanismos especiales de capital de trabajo para las cooperativas agrarias.
Capital de trabajo, un punto central para las cooperativas
La disponibilidad de financiamiento no solo determina el acceso del productor a recursos para la campaña agrícola. Para las cooperativas cafetaleras, también resulta relevante para contar con liquidez durante el proceso de acopio y comercialización.
CECOVASA advierte que una reducción del financiamiento o un aumento de su costo podría limitar la capacidad de las cooperativas para comprar el café de sus asociados oportunamente. Esto podría afectar, según su pronunciamiento, su capacidad de procesamiento, comercialización y cumplimiento de compromisos comerciales y contratos de exportación.
En esa línea, la organización plantea fortalecer el financiamiento para acopio, transformación y comercialización, además de crear mecanismos específicos de capital de trabajo para las cooperativas.
La referencia de Colombia y Brasil
El sector cafetalero utiliza como referencia los modelos de Colombia y Brasil, donde los recursos públicos son canalizados también mediante distintas entidades financieras, pero existen mecanismos estatales para reducir el costo asumido por el pequeño productor.
En Colombia, según la documentación presentada por la Alianza, las tasas para pequeños productores se ubican entre 3% y 5% efectivo anual, mientras que el Estado subsidia parte de la tasa y puede garantizar hasta 90% del crédito. En Brasil, las líneas del PRONAF para agricultura familiar se encuentran entre 1% y 7,5% anual, de acuerdo con las condiciones citadas para el ciclo 2026/2027.
La Alianza sostiene que estas experiencias muestran que ampliar el número de entidades que canalizan los recursos y mantener tasas preferenciales no necesariamente son objetivos incompatibles, siempre que exista una política pública que determine cómo se distribuye el costo del riesgo.
Piden conocer resultados del modelo de intermediación
Uno de los principales pedidos del sector es que el Gobierno publique los resultados del Fondo de Inclusión Financiera del Pequeño Productor Agropecuario (FIFPPA), debido a que este fondo ya opera bajo un esquema de intermediación financiera similar al que se plantea extender.
Según la información de respaldo, el FIFPPA opera con una tasa promedio de 13% anual, frente al 3,5% del Fondo AGROPERÚ. La Alianza considera que sus indicadores de cobertura, morosidad y costo efectivo para el productor deberían ser conocidos antes de adoptar una modificación estructural del modelo.
Las organizaciones solicitan además que los cambios sean discutidos con los representantes del sector. La Alianza pide instalar una mesa técnica, realizar un análisis de impacto sobre productores y cooperativas y garantizar la continuidad de la tasa preferencial junto con mecanismos de garantía y subsidio.
CECOVASA también solicita que las cooperativas y organizaciones de productores sean escuchadas antes de aprobar cualquier modificación que afecte el financiamiento del sector.
El debate se da en un sector que, según datos de MIDAGRI citados en el documento de la Alianza, reúne a unas 223.000 familias productoras de café distribuidas en 16 regiones del país. Cerca del 85% conduce parcelas de entre una y cinco hectáreas.
Así, mientras el Gobierno evalúa cambios en los instrumentos de financiamiento agrario, las organizaciones cafetaleras de Cajamarca y Puno coinciden en que la discusión debe considerar no solo la canalización de los recursos, sino también el costo del crédito, las garantías, el capital de trabajo y la capacidad de las cooperativas para sostener el acopio y la comercialización de la producción.
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