El gobierno saliente podría estar dejando una de las herencias más delicadas para el mercado laboral peruano: un sistema de fiscalización debilitado, fragmentado y con menor capacidad de proteger a los trabajadores frente a la informalidad, los abusos y la precarización del empleo.
La advertencia proviene de dos organizaciones sindicales de la propia Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL): el Sindicato Único de Inspectores y Trabajadores de la SUNAFIL (SUIT SUNAFIL) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la SUNAFIL (SI SUNAFIL), que han emitido pronunciamientos de tono inusualmente severo tras la decisión del Ejecutivo de observar la autógrafa derivada del Proyecto de Ley N.° 9621/2024-CR.
La norma aprobada por el Congreso prorrogaba por diez años la vigencia de las competencias inspectivas transferidas a la SUNAFIL, con el objetivo de mantener la unidad del sistema nacional de inspección del trabajo. Sin embargo, la observación presidencial abre la puerta al retorno de inspectores a gobiernos regionales que, según los sindicatos, no cuentan con capacidades operativas, presupuestales ni técnicas suficientes para asumir esa función de manera inmediata.
“Se rompe la unidad del sistema inspectivo nacional”, sostiene SI SUNAFIL en su pronunciamiento.
La crítica va más allá de una disputa administrativa. Para SUIT SUNAFIL, la decisión del Ejecutivo representa un “grave debilitamiento institucional” que compromete la capacidad del Estado para garantizar la tutela efectiva de los derechos laborales fundamentales y podría vulnerar los estándares establecidos en el Convenio 81 de la OIT sobre inspección del trabajo.
Una fiscalización en retirada
El principal temor de ambas organizaciones es que la fragmentación del sistema genere duplicidad de funciones, criterios dispares de supervisión e interferencia política en las labores inspectivas. Los sindicatos sostienen que la SUNAFIL ha demostrado una capacidad de fiscalización y prevención superior a la que históricamente tuvieron muchas instancias regionales, y advierten que desmontar esa estructura en este momento equivale a retroceder más de una década.
El problema adquiere mayor gravedad por el contexto del mercado laboral peruano. Tras la pandemia, diversos especialistas han señalado que el país experimenta una precarización del empleo formal: mayor rotación, incremento de modalidades temporales, expansión del trabajo independiente de baja productividad y persistencia de altos niveles de informalidad. Aunque algunos indicadores de empleo se han recuperado, la calidad del trabajo sigue siendo una de las principales debilidades de la economía peruana.
En ese escenario, la inspección laboral no es un asunto secundario. Es el mecanismo que permite verificar el cumplimiento de jornadas, remuneraciones, seguridad y salud en el trabajo, libertad sindical y otras garantías básicas. Debilitar la capacidad fiscalizadora del Estado implica reducir la probabilidad de detección y sanción de infracciones, precisamente cuando millones de trabajadores enfrentan condiciones más frágiles.
La alarma sindical
Los pronunciamientos de SUIT SUNAFIL y SI SUNAFIL coinciden en varios puntos críticos:
- Parálisis de procesos en curso: denuncias y fiscalizaciones podrían quedar suspendidas o entrar en una zona de incertidumbre administrativa.
- Retorno de inspectores a regiones sin capacidad operativa: gobiernos regionales enfrentarían dificultades para financiar remuneraciones, logística y soporte técnico.
- Debilitamiento de la autonomía inspectiva: la fiscalización quedaría más expuesta a presiones políticas y administrativas locales.
- Riesgo para los compromisos internacionales del Perú: especialmente aquellos vinculados a tratados comerciales y estándares laborales de la OIT.
- Menor protección efectiva de los trabajadores: en un contexto de elevada informalidad y creciente vulnerabilidad laboral.
SUIT SUNAFIL incluso solicitó la intervención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de países con los que el Perú mantiene tratados de libre comercio, argumentando que la reducción de capacidades inspectivas podría afectar obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano.
Una decisión de último tramo
El elemento político resulta inevitable. La observación de la autógrafa se produce cuando el gobierno se encuentra en la etapa final de su mandato. Para los sindicatos, adoptar una medida de este calibre en el ocaso de la administración equivale a dejar una “bomba de tiempo” que deberá ser desactivada por el siguiente gobierno, mientras trabajadores y empleadores enfrentan un periodo de transición e incertidumbre.
La pregunta de fondo es si el Perú puede darse el lujo de debilitar su principal organismo de fiscalización laboral cuando la informalidad sigue siendo predominante y la calidad del empleo formal continúa deteriorándose. Para SUIT SUNAFIL y SI SUNAFIL, la respuesta es categórica: no solo sería un error, sino un retroceso institucional con costos sociales que podrían sentirse durante años.
“Fortalecer la SUNAFIL es fortalecer los derechos de los trabajadores”, resume uno de los comunicados. La frase, más que un eslogan sindical, plantea un debate de alcance nacional: si el Estado peruano quiere combatir la informalidad y elevar la calidad del empleo, resulta difícil imaginar cómo podría hacerlo reduciendo precisamente la capacidad de inspeccionar, fiscalizar y hacer cumplir la ley.
Y ese es, precisamente, el núcleo de la acusación sindical: que el gobierno saliente no está cerrando un expediente administrativo, sino dejando sembrada una crisis laboral cuyo impacto real podría aparecer cuando ya no esté en el poder.
