La decisión del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de declarar ilegal el cobro de S/ 1.188.50 que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) exigía para el reconocimiento de grados y títulos obtenidos en el extranjero constituye un nuevo revés para la entidad encargada de supervisar el sistema universitario peruano.
Mediante la Resolución N.º 0257-2026/SEL-INDECOPI, la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas confirmó que la tasa cobrada por Sunedu no fue sustentada conforme a la metodología de costos establecida por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), ni guardaba una justificación acreditada respecto del costo real del procedimiento administrativo.
Según informó Indecopi, la entidad universitaria no logró demostrar técnicamente aspectos fundamentales como las horas de trabajo requeridas para el trámite ni la relación entre el costo fijado y la cantidad de solicitudes recibidas. Como consecuencia, el cobro deberá dejar de aplicarse con efectos generales para todos los ciudadanos una vez publicada la decisión en el diario oficial.
Un trámite necesario para miles de profesionales
El reconocimiento de grados y títulos extranjeros es el procedimiento mediante el cual el Estado peruano otorga validez oficial a estudios realizados fuera del país, permitiendo su inscripción en el Registro Nacional de Grados y Títulos. Este reconocimiento resulta especialmente relevante para profesionales que desean ejercer la docencia universitaria, participar en concursos públicos o acreditar estudios de posgrado realizados en el exterior.
La propia Sunedu señala que este trámite puede ser solicitado por cualquier persona que haya obtenido un grado académico o título profesional en universidades extranjeras reconocidas o amparadas por tratados internacionales suscritos por el Perú.
Sin embargo, el elevado costo del procedimiento venía generando cuestionamientos desde hace varios años.
Una tasa bajo cuestionamiento
La resolución de Indecopi coincide con críticas recurrentes de usuarios y profesionales que consideraban excesivo el monto exigido para acceder al reconocimiento de estudios cursados en el extranjero.
Diversos foros especializados y comunidades de peruanos que realizaron maestrías o doctorados fuera del país habían advertido sobre el incremento de la tasa durante los últimos años. Usuarios señalaban que el costo pasó de alrededor de S/ 325 a S/ 1.188,50, un aumento superior al 260 %, sin una explicación pública suficientemente detallada sobre los criterios utilizados para determinarlo.
Aunque los comentarios en redes sociales no constituyen evidencia oficial, reflejaban un malestar creciente entre investigadores, docentes y profesionales que regresaban al Perú luego de completar estudios en universidades extranjeras.
Más allá del cobro: el problema de las barreras burocráticas
La controversia también pone en evidencia un problema estructural en la administración pública peruana: la fijación de tasas administrativas sin una adecuada sustentación técnica.
La normativa vigente exige que los derechos de trámite respondan al costo efectivo del servicio prestado por la entidad. Cuando ello no ocurre, dichos cobros pueden convertirse en barreras burocráticas que restringen el acceso de los ciudadanos a procedimientos esenciales.
En este caso, la Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas concluyó precisamente que Sunedu no acreditó haber seguido la metodología obligatoria para determinar el monto del procedimiento.
La decisión no elimina el trámite de reconocimiento ni implica que los títulos obtenidos en el extranjero sean automáticamente válidos en el Perú. Lo que desaparece es el cobro considerado ilegal. Los profesionales seguirán debiendo cumplir con los requisitos académicos y documentarios exigidos por la normativa vigente.
Un precedente para la administración pública
El caso podría convertirse en un precedente relevante para la revisión de otras tasas administrativas en distintas entidades estatales.
Especialistas en gestión pública han advertido en reiteradas oportunidades que la falta de transparencia en la determinación de costos administrativos genera riesgos de sobrecobros y afecta la confianza ciudadana en las instituciones.
Para miles de peruanos que invirtieron recursos significativos en estudios internacionales, la decisión de Indecopi representa una reducción de una barrera económica que, según el propio organismo, carecía de sustento suficiente.
La resolución también coloca nuevamente a Sunedu bajo escrutinio respecto de la gestión de sus procedimientos administrativos y la necesidad de garantizar que los costos exigidos a los ciudadanos respondan a criterios técnicos verificables y no a decisiones discrecionales.
