La reglamentación de la Ley N.° 32249 se ha convertido en uno de los temas más sensibles para el sector energético peruano. La norma, aprobada a finales del 2025 para modernizar el sistema eléctrico nacional, promover una mayor competencia y facilitar la incorporación de nuevas tecnologías de generación, enfrenta hoy visiones contrapuestas sobre cómo debe implementarse.
El debate surge en un contexto de expansión de la demanda eléctrica. Según el Boletín Mensual de mayo de 2026 del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), la producción de energía eléctrica alcanzó los 5.355 GWh durante mayo, un crecimiento de 7,48 % respecto al mismo mes de 2025. Asimismo, la máxima demanda coincidió en 8.093 MW, cifra 6,66 % superior a la registrada un año antes.
El crecimiento también se refleja en el consumo regional. La demanda aumentó 6,98 % en la zona norte, 8,35 % en la zona centro y 2,78 % en la zona sur, evidenciando una presión creciente sobre la infraestructura eléctrica nacional.
La apuesta de las renovables
La Asociación Peruana de Energías Renovables (SPR) sostiene que la demora en la reglamentación está frenando el desarrollo del sector y postergando inversiones estratégicas.
En un reciente pronunciamiento, el gremio señaló que existen proyectos renovables por aproximadamente US$ 20.000 millones que enfrentan dificultades para avanzar debido a la falta de reglas claras para su comercialización y financiamiento.
La organización argumenta que la Ley 32249 fue concebida precisamente para promover mayor competitividad, neutralidad tecnológica, eficiencia y confiabilidad en el sistema eléctrico. Sin embargo, advierte que el retraso en la publicación del reglamento genera incertidumbre, posterga decisiones de inversión y retrasa beneficios económicos y sociales para el país.
Durante el foro Perú Energía 2026, el director ejecutivo de la SPR, Francisco Ísmodes, sostuvo que el Perú todavía aprovecha de manera limitada su potencial renovable y recordó que los problemas recientes en el suministro de gas y las restricciones de transmisión en el norte del país evidencian la necesidad de diversificar la matriz energética.
El argumento encuentra respaldo parcial en las cifras del COES. La producción acumulada de energías renovables alcanzó 4.115 GWh entre enero y mayo de 2026, un crecimiento de 17,5 % respecto al mismo periodo del año anterior, convirtiéndose en la fuente de generación con mayor expansión porcentual del sistema.
Kallpa: competencia sin restricciones
La posición de Kallpa Generación difiere sustancialmente.
Si bien la empresa coincide en la necesidad de aprobar el reglamento para reducir la incertidumbre regulatoria, cuestiona algunos aspectos de las propuestas conocidas hasta el momento.
Carlos León, gerente legal y de regulación de la compañía, considera que las futuras licitaciones de suministro no deberían restringirse a proyectos nuevos ni depender de una evaluación previa de Osinergmin sobre qué tecnologías o actores pueden competir. A su juicio, el mercado debe determinar quién puede ofrecer energía en las mejores condiciones económicas.
La preocupación de Kallpa se centra en que una intervención administrativa excesiva podría limitar la competencia y terminar afectando el objetivo principal de las licitaciones: obtener la electricidad al menor costo posible para los usuarios regulados.
La postura de la empresa se sustenta también en la estructura actual del sistema. De acuerdo con el COES, las centrales hidroeléctricas y térmicas continúan siendo la columna vertebral del abastecimiento nacional. En mayo, la generación hidráulica representó cerca del 50 % de la producción eléctrica y el gas natural de Camisea aportó más del 34 %, mientras que las renovables alcanzaron alrededor del 14,5 % de la energía generada.
Desde esta perspectiva, los generadores convencionales sostienen que cualquier cambio regulatorio debe preservar la competencia abierta entre tecnologías para evitar sobrecostos y riesgos para la seguridad energética.
Un sistema que demanda nuevas inversiones
Las cifras del COES muestran que el sistema eléctrico peruano atraviesa una etapa de crecimiento sostenido.
La máxima demanda nacional superó los 8.000 MW en mayo, mientras que la producción acumulada del sistema aumentó 3,7 % respecto al año anterior. Además, la generación renovable no convencional —solar y eólica— continúa ganando participación, aunque todavía representa una fracción menor frente a las fuentes tradicionales.
Paralelamente, el norte del país registra uno de los mayores incrementos de consumo eléctrico, escenario que coincide con las advertencias formuladas por diversos actores sobre la necesidad de fortalecer la red de transmisión.
Otras voces: entre incentivos, planificación y almacenamiento
Más allá de la confrontación entre renovables y generación convencional, otros representantes del sector han planteado matices importantes para la reglamentación.
María del Pilar Matto, CEO de Celaris Energy, considera que la ley constituye un avance porque incorpora mecanismos orientados a garantizar sostenibilidad y confiabilidad. Sin embargo, advierte que aún faltan definiciones claras sobre los mecanismos de contratación y sobre el papel que tendrán distribuidoras, generadoras y comercializadores.
Asimismo, reclama un reconocimiento regulatorio y tributario más sólido para los sistemas de almacenamiento con baterías, una tecnología que considera clave para la estabilidad futura del sistema.
Desde el lado de la distribución, Javier Muro, gerente comercial de Pluz Energía Perú, defiende la necesidad de preservar la capacidad de planificación de las empresas distribuidoras. En su opinión, la incorporación de aprobaciones regulatorias adicionales podría limitar su autonomía para asegurar oportunamente el abastecimiento de los usuarios regulados.
Por su parte, Carlos Grez, country manager de Aggreko para Perú y Chile, considera que la Ley 32249 constituye una oportunidad para modernizar un marco normativo diseñado hace casi dos décadas. No obstante, advierte que el éxito de la reforma dependerá de que el reglamento cierre las brechas existentes y otorgue certidumbre a los inversionistas.
El consenso parece encontrarse en un punto: todos los actores coinciden en que el reglamento ya no puede esperar. La diferencia radica en cómo equilibrar tres objetivos que hoy compiten entre sí: atraer inversiones en energías renovables, mantener la competencia en el mercado eléctrico y garantizar la confiabilidad del suministro para una demanda que continúa creciendo. El desafío para el Ministerio de Energía y Minas será construir un reglamento capaz de armonizar esas prioridades sin sacrificar ninguna de ellas.
