A puertas de culminar la legislatura, la Junta de Portavoces del Congreso acordó incluir en la agenda del Pleno el dictamen de la nueva ley agraria, o denominada Ley Chlimper 2.0, que da un paquete de beneficios tributarios a las agroexportadoras, como la reducción del Impuesto a la Renta al 15% (la mitad del régimen general dispuesto en 29,5%).
Además del alto perjuicio fiscal de hasta S/20.000 millones en 10 años, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha sustentado su rechazo a este dictamen porque beneficia principalmente a las grandes empresas —como Camposol y Danper Trujillo— que vienen registrando ganancias extraordinarias en los últimos años, lo cual no justifica que se les reduzcan los impuestos.
Pero hay un detalle más. Esta nueva versión de la Ley Chlimper no solo beneficia a las grandes agroexportadoras, sino que ahora el Congreso también incorpora a empresas que usan palma aceitera y las del sector vitivinícola y de pisco. Los principales nuevos beneficiados serían Queirolo y Tabernero, según lo precisa el mismo MEF en un reciente informe al que accedió Índice.
“Con la incorporación del sector vitivinícola, se estaría beneficiando principalmente a grandes empresas como Santiago Queirolo y Bodegas y Viñedos Tabernero, evidenciando la falta de focalización de la medida”, enfatiza el informe del ministerio.
El MEF recuerda que en la actual ley agraria (31110) se excluyó de los beneficios tributarios a estos subsectores (palma aceitera, vitivinícolas y pisqueras) porque estas ya tienen un nivel de desarrollo significativo en el sector y “reflejan indicadores de alta concentración en el mercado”.
Santiago Queirolo S.A.C concentra más de la tercera parte (35,2%) del mercado vitivinícola y Bodegas y Viñedos Tabernero S.A.C. le sigue con un 13,2% del sector.
“Si las empresas agroindustriales que emplean palma aceitera o del sector vitivinícola ya han ganado un mercado a nivel nacional e internacional, no necesitan de beneficios tributarios”, cuestiona.
Según cifras del Ministerio de la Producción (Produce), el sector vitivinícola creció a una tasa promedio de 6% entre 2019 y 2023. La producción de vinos pasó de 15,1 millones de litros en 2019 a 19,1 millones de litros en 2023. Mientras que las exportaciones del sector subieron 7,4% promedio anual en ese mismo periodo.
El costoso paquete tributario
La nueva ley que quiere aprobar el Congreso para reducir el impuesto a la renta al 15% a las agroexportadoras —y las de palma aceitera, vitivinícolas y pisqueras—, implica un retroceso en la estrategia de racionalizar los beneficios tributarios. Y van en contra de las recomendaciones de entidades multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Es preciso recordar que las empresas agroexportadoras pagan impuesto reducido desde hace más de 20 años, ya que en el gobierno de Alberto Fujimori se promulgó la Ley 27360 (Ley Chlimper) que le dio beneficios tributarios y de corte laboral.
En 2020, con la ley 31110, se había dispuesto aumentar el impuesto a la renta progresivamente, con lo que actualmente pagan 20%, para el 2025, 2026 y 2027 se debía aumentar al 25%; y desde 2028 este debía alcanzar el 29,5% del régimen general.
Pero ahora el Congreso busca que las agroexportadoras nuevamente paguen solo el 15% de impuesto a la renta hasta el 2035, adicional a otros beneficios tributarios. Y además incorpora empresas de otros rubros (de palma aceitera, vitivinícolas y pisqueras) para que gocen el mismo privilegio fiscal, pese a sus ganancias extraordinarias.
El costo del paquete tributario para estas empresas asciende a S/1.888 millones cada año, según estimó el MEF en un reciente informe. Esto implica cerca de S/20.000 millones que el Estado dejará de recaudar entre 2025 y 2035, periodo de duración de la medida.
A detalle anual, S/ 826 millones corresponden a la tasa reducida del Impuesto a la Renta; S/ 319,8 millones por el crédito por reinversión, S/ 303 millones por el crédito fiscal especial, S/ 259,5 millones por la tasas negativas, S/ 94,6 millones por los aportes no reembolsables, y S/ 85,4 millones por la aplicación de la depreciación acelerada.
Las otras alertas a la ley Chlimper 2.0
Por otro lado, el exviceministro de Empleo, Fernando Cuadros, advirtió que el dictamen del Congreso también limita la fiscalización a las agroexportadoras por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), pese a que hay un historial de multas por infracciones laborales en el sector.
En tanto, gremios y sindicatos agrarios también mostraron su rechazo a la posible aprobación de la Ley Chlimper 2.0 por parte del Congreso. “De aprobarse el dictamen, los trabajadores sabremos responder en defensa de nuestros derechos”, anunciaron desde la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (Fentagro).
Mientras que desde la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) y la Confederación Nacional Agraria (CNA) calificaron la medida como un “privilegio rentista que agrava desigualdades” porque no beneficia a la agricultura familiar, sino a los grandes agroexportadores.
Para leer más contenido como este, suscríbete a Indice.pe
