El futuro del sistema energético peruano dependerá menos de la velocidad con la que se incorporen nuevas tecnologías y más de la capacidad del país para construir instituciones sólidas, garantizar reglas claras para la inversión y ejecutar la infraestructura que demanda la transición energética. Esa fue la principal conclusión de la Mesa Energética Perú 2035, un encuentro que reunió a representantes de los principales actores de la industria eléctrica para analizar los desafíos que enfrentará el sector durante la próxima década.
Durante el foro, organizado por INDECO by Nexans, ejecutivos de empresas vinculadas a la generación, transmisión y distribución de energía, así como representantes del operador del sistema eléctrico, coincidieron en que el crecimiento económico del país dependerá de un suministro eléctrico confiable y de políticas públicas que ofrezcan estabilidad para atraer inversiones de largo plazo.
El encuentro permitió identificar cuatro prioridades estratégicas para fortalecer la seguridad energética del Perú hacia 2035.
La primera apunta a fortalecer la estabilidad institucional, mediante reglas predecibles, seguridad jurídica y una relación sostenible entre las empresas y las comunidades donde se desarrollan los proyectos. Los especialistas señalaron que la confianza constituye uno de los principales factores para movilizar inversiones en infraestructura energética.
El segundo eje propone modernizar el marco regulatorio para adecuarlo a los cambios tecnológicos que experimenta el sector. Entre los temas considerados prioritarios figuran la promoción de contratos de suministro de largo plazo, el desarrollo del almacenamiento de energía, la generación distribuida y mecanismos que permitan gestionar con mayor eficiencia la demanda eléctrica.
La tercera prioridad está vinculada con la expansión de la infraestructura eléctrica, especialmente de las redes de transmisión y distribución, consideradas indispensables para integrar nuevos proyectos de generación renovable, responder al incremento del consumo y reforzar la confiabilidad del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.
Finalmente, los participantes plantearon la necesidad de construir una gobernanza con visión de largo plazo, mediante un espacio permanente de coordinación entre el Estado y el sector privado que permita definir prioridades, asignar responsabilidades y asegurar la continuidad de las políticas energéticas más allá de los cambios de gobierno.
En ese contexto, Alex García, director de la Unidad de Negocios Sur de Nexans, sostuvo que la infraestructura eléctrica constituye un elemento esencial para la competitividad del país y no debe entenderse únicamente como un costo de inversión.
“La transición energética se gana o se pierde en las redes. La infraestructura eléctrica no es un costo, sino la plataforma que hace posible la inversión, la competitividad y el desarrollo del país”, afirmó.
Asimismo, señaló que el éxito de la transición energética dependerá de las decisiones que el país adopte hoy para fortalecer sus instituciones, ampliar la infraestructura y generar condiciones que incentiven la inversión privada de largo plazo.
Las conclusiones del encuentro adquieren especial relevancia en un contexto en el que el Perú busca ampliar su matriz energética, incorporar nuevas fuentes de generación renovable y responder al crecimiento proyectado de la demanda eléctrica, objetivos que requerirán una mayor coordinación entre el sector público y privado para garantizar la seguridad energética en los próximos años.
