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Economía

Gobierno realiza ajuste fiscal de S/ 1.200 millones para cumplir meta de déficit en 2025

El ajuste fiscal restringe gastos denominados no esenciales y también en inversión pública. Los recursos ahorrados irán a la reserva de contingencia.

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El Gobierno publicó la noche del jueves 6 de noviembre el Decreto de Urgencia N.º 008-2025, que dispone un ajuste fiscal equivalente a S/ 1.200 millones a través de un conjunto de medidas de austeridad y control del gasto público.

La norma, suscrita por el presidente José Enrique Jerí Oré, el primer ministro Ernesto Álvarez Miranda y la ministra de Economía Denisse Miralles, tiene como finalidad asegurar el cumplimiento de la regla fiscal y preservar la sostenibilidad de las cuentas públicas.

La meta fiscal para el 2025 establece un déficit máximo de 2,2 % del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, el déficit fiscal anualizado a setiembre de este año alcanzó 2,4 % del PBI, superando la meta establecida.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advierte que la menor recaudación tributaria y el incremento de las devoluciones fiscales están afectando la capacidad del Estado para mantener su equilibrio presupuestario.

“La reducción del déficit fiscal es crucial para preservar la sostenibilidad fiscal, la cual es uno de los principales pilares del país pues contribuye con la estabilidad macroeconómica y la credibilidad de la política económica, además de que permite que la política fiscal genere efectos positivos sobre la economía y el bienestar social”, señala el decreto.

Medidas del ajuste fiscal

La norma publicada establece que los ministerios y entidades del Poder Ejecutivo deberán reducir o reprogramar gastos equivalentes a S/ 1.200 millones, monto que será transferido a la Reserva de Contingencia del MEF.

Estos recursos no podrán ser utilizados para nuevos proyectos, transferencias o ampliaciones presupuestarias, lo que implica un congelamiento parcial del gasto público.

Entre las medidas que se aplicarán destaca que las transferencias financieras que realicen las entidades del Poder Ejecutivo solo podrán aprobarse durante los siete días posteriores a su publicación, es decir, hasta el 13 de noviembre.

Transcurrido ese plazo, toda transferencia queda prohibida bajo responsabilidad del titular del pliego. La medida busca evitar el uso discrecional de fondos en la etapa final del año fiscal.

Asimismo, el decreto prohíbe el gasto en una amplia lista de conceptos considerados no prioritarios, como publicidad, consultorías, eventos, servicios diversos, impresiones, celebraciones y contrataciones administrativas de servicios (CAS).

Con ello, el Gobierno pretende frenar el crecimiento del gasto corriente y reorientar recursos hacia fines más productivos.

Restricciones a la inversión pública

El DU también introduce fuertes restricciones a los gastos de capital. Los pliegos del Ejecutivo no podrán modificar sus presupuestos para habilitar proyectos de inversión, Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición (IOARR) o programas de inversión que no estén en ejecución física o que no cuenten con contrato suscrito.

Solo podrán recibir financiamiento los proyectos con avances reales y compromisos contractuales vigentes.

El MEF será la única entidad autorizada para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, destinando los recursos liberados por este ajuste a la Reserva de Contingencia. De esta forma, el manejo del recorte queda centralizado en la cartera de Economía, que podrá redistribuir fondos solo mediante decreto supremo.

El decreto también faculta a la Dirección General de Presupuesto Público a establecer excepciones específicas cuando las restricciones afecten la prestación de servicios públicos esenciales, como salud, educación o seguridad ciudadana.

Con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, la norma responsabiliza a los titulares de los pliegos del Ejecutivo por su adecuada aplicación y cumplimiento. Su ejecución implicará que varias entidades limiten gastos en funcionamiento, personal eventual y contrataciones de servicios externos.

El ajuste fiscal de S/ 1.200 millones busca enviar una señal de disciplina ante los mercados y organismos multilaterales, pero también supone una contracción del espacio fiscal del Ejecutivo en un año clave para la recuperación económica.

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