La decisión de Promigas de iniciar formalmente un arbitraje internacional contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) representa uno de los conflictos regulatorios más relevantes que enfrenta actualmente el sector energético peruano. Más allá de la controversia legal, el caso pone nuevamente sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿el actual modelo regulatorio ofrece suficientes incentivos para atraer inversiones que permitan continuar expandiendo el acceso al gas natural en el país?
La empresa colombiana, que opera en Perú mediante las concesiones Norte y Piura bajo la marca Quavii, formalizó la demanda tras considerar que las tarifas de distribución aprobadas por Osinergmin para el período regulatorio correspondiente no reflejan criterios técnicos suficientes para garantizar la viabilidad económica de sus operaciones. Según la compañía, la metodología aplicada resultó arbitraria y discriminatoria, por lo que decidió activar los mecanismos de protección previstos en el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito entre Colombia y Perú.
Antes de acudir al CIADI, Promigas agotó la etapa de consultas y negociación con el Estado peruano durante varios meses. Sin embargo, al no alcanzarse un acuerdo, presentó formalmente la solicitud de arbitraje internacional.
Un mercado que sigue creciendo, pero con fuertes desequilibrios
La controversia ocurre cuando el mercado peruano de distribución de gas natural atraviesa una etapa de expansión sostenida.
Al cierre de 2025, el país registró 2 millones 528.380 conexiones residenciales, consolidando al gas natural como uno de los principales servicios públicos en crecimiento dentro del sector energético.
Sin embargo, las cifras también muestran una elevada concentración geográfica.
La concesión de Lima y Callao, operada por Cálidda, concentra 2 millones 066.107 conexiones, equivalente al 81,7% del total nacional. Muy por detrás aparece la Concesión Norte, administrada por Quavii (Promigas), con 273.193 conexiones, que representan el 10,8% del mercado.
El resto de las conexiones se distribuye entre:
- Contugas (Ica): 105.192 conexiones (4,2%).
- Gasnorp (Piura): 70.094 conexiones (2,8%).
- Petroperú (Concesión Suroeste): 13.794 conexiones (0,5%).
Estas cifras, elaboradas con información de la Dirección General de Hidrocarburos, Osinergmin y las empresas concesionarias, evidencian que la masificación del gas natural continúa siendo una tarea pendiente fuera de la capital.
Más que un litigio tarifario
Especialistas consultados por medios internacionales coinciden en que el arbitraje trasciende el aspecto estrictamente económico.
El fondo de la controversia gira alrededor de cómo deben diseñarse las tarifas para permitir simultáneamente la protección de los usuarios y la recuperación de las inversiones necesarias para ampliar las redes de distribución.
La discusión adquiere especial relevancia porque la distribución de gas natural es una actividad intensiva en infraestructura, con inversiones de largo plazo y contratos de concesión que pueden extenderse durante varias décadas. Cualquier modificación regulatoria que altere la rentabilidad esperada puede influir directamente sobre las decisiones futuras de inversión.
En ese contexto, el caso Promigas podría convertirse en un precedente importante para otros inversionistas interesados en infraestructura energética peruana.
El desafío regulatorio
Desde la perspectiva del regulador, la fijación tarifaria busca equilibrar el interés público con la eficiencia económica del servicio. Sin embargo, desde el lado empresarial, el argumento es que las tarifas aprobadas no permiten cubrir adecuadamente los costos ni generar señales suficientes para continuar expandiendo la infraestructura.
Ese equilibrio constituye uno de los mayores desafíos del sector.
Perú ha logrado importantes avances en cobertura de gas natural durante las últimas dos décadas, pero la distribución territorial continúa siendo desigual. Mientras Lima y Callao concentran más de cuatro de cada cinco conexiones del país, regiones donde justamente opera Promigas —Áncash, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad y Piura— todavía presentan un enorme potencial de crecimiento.
En consecuencia, el arbitraje ante el CIADI no solo medirá la solidez jurídica del marco regulatorio peruano, sino también la percepción internacional sobre la estabilidad de las reglas para proyectos de infraestructura de largo plazo.
Lo que está en juego
La controversia llega en un momento particularmente sensible para el Perú.
El país busca acelerar inversiones en infraestructura energética, ampliar la cobertura del gas natural y fortalecer su competitividad industrial mediante una energía más económica y menos contaminante.
Si bien el resultado del arbitraje podría demorar varios años, el mensaje para el mercado es inmediato: la predictibilidad regulatoria será un factor determinante para definir el ritmo de las futuras inversiones en distribución de gas natural.
Porque, en última instancia, el caso Promigas no solo enfrenta a una empresa y al Estado. También pone a prueba la capacidad del modelo regulatorio peruano para compatibilizar tres objetivos que rara vez avanzan al mismo ritmo: tarifas eficientes para los usuarios, rentabilidad razonable para los inversionistas y una expansión sostenida de la infraestructura energética que permita llevar el gas natural a millones de hogares que aún no cuentan con este servicio.
