El reciente incremento de las tarifas eléctricas registrado en el norte del Perú ha vuelto a poner sobre la mesa un debate que el sector energético viene planteando desde hace varios meses: la necesidad de acelerar las reformas regulatorias para fortalecer la seguridad del suministro y ampliar la competencia entre tecnologías de generación.
Para la Asociación Peruana de Energías Renovables (SPR), el episodio no debe interpretarse como un hecho aislado, sino como una señal de las limitaciones que enfrenta actualmente el sistema eléctrico nacional frente a contingencias operativas y restricciones en la infraestructura de transmisión.
La organización sostiene que durante este año coincidieron diversos factores que presionaron los costos de la electricidad, entre ellos las interrupciones en el suministro de gas natural de Camisea hacia centrales térmicas, una menor disponibilidad de generación hidroeléctrica y las restricciones en el corredor de transmisión Centro–Norte. Como consecuencia, los costos marginales del sistema superaron en determinados momentos los US$ 250/MWh, trasladando mayores costos al mercado eléctrico.
Diversificación energética como respuesta estructural
La SPR considera que el contexto evidencia la necesidad de acelerar la diversificación de la matriz energética peruana. Si bien durante las últimas dos décadas el desarrollo del sistema eléctrico estuvo sustentado principalmente en generación hidroeléctrica y a gas natural, sostiene que la evolución tecnológica ha reducido significativamente los costos de las energías renovables no convencionales, permitiendo que compitan en igualdad de condiciones en numerosos mercados.
Desde la perspectiva del gremio, una mayor participación de tecnologías como la energía solar y eólica contribuiría a reducir la dependencia de un número limitado de fuentes de generación y otorgaría mayor resiliencia frente a eventos que afectan el abastecimiento energético.
Reglamentación pendiente
Uno de los principales planteamientos de la asociación es la pronta reglamentación de la Ley N.° 32249, publicada en enero de 2025, cuyo objetivo es actualizar el marco regulatorio para incorporar condiciones de competencia más equitativas entre las distintas tecnologías de generación eléctrica.
Según la SPR, mientras dicha reglamentación permanezca pendiente, continúan postergándose decisiones de inversión que podrían incrementar la oferta de generación renovable, fortalecer la competencia en el mercado eléctrico y contribuir a una mayor estabilidad tarifaria en el mediano plazo.
El gremio sostiene que la norma permitiría adecuar una regulación diseñada originalmente para un sistema dominado por centrales hidroeléctricas y térmicas hacia un esquema que incorpore las nuevas tecnologías que hoy forman parte del desarrollo energético mundial.
Soluciones de corto plazo
El comunicado también cuestiona la adopción de medidas temporales para enfrentar las restricciones del sistema de transmisión. Como ejemplo menciona el Decreto Supremo N.° 013-2026-EM, aprobado en julio de este año, que autorizó operar el enlace de transmisión Centro–Norte por encima de sus límites habituales de carga hasta diciembre de 2027 con el propósito de aliviar la congestión existente.
A juicio de la asociación, este tipo de soluciones permiten atender la emergencia operativa, pero no sustituyen las inversiones de largo plazo que requiere la infraestructura eléctrica nacional para garantizar un suministro confiable y sostenible.
Llamado al próximo Gobierno
En ese contexto, la SPR exhortó al Gobierno que iniciará funciones a priorizar la aprobación del reglamento de la Ley N.° 32249 como parte de su agenda energética.
La organización considera que esta decisión permitiría incentivar nuevas inversiones privadas, ampliar la competencia tecnológica, fortalecer la seguridad energética y reducir la exposición del sistema eléctrico a episodios que generan incrementos extraordinarios en el costo de la electricidad.
Para el sector renovable, el Perú dispone de los recursos naturales, el potencial de inversión y el marco legal necesario para avanzar hacia una matriz energética más diversificada. El desafío pendiente, sostiene el gremio, es completar el desarrollo regulatorio que permita materializar esas inversiones.
