Adenda de Cálidda en la mira: plantean recuperar instalaciones y licitar una nueva concesión

La discusión sobre la eventual extensión de la concesión de Cálidda en Lima y Callao suma una nueva voz crítica. Para el especialista en energía Rafael Laca Sánchez, el planteamiento contenido en la Novena Adenda debería ser revisado de manera integral y, en lugar de extender el contrato vigente, el Estado debería prepararse para recuperar las instalaciones y convocar una nueva concesión.

“El Estado debe recuperar las instalaciones y convocar una nueva concesión”, sostuvo Laca al analizar las implicancias de la propuesta que busca extender por diez años la concesión de distribución de gas natural.

La posición del especialista se suma a las observaciones formuladas por Osinergmin a la propuesta de adenda. En su Informe N.° 413-2026-GRT/OS, el regulador cuestionó, entre otros aspectos, el tratamiento del valor residual de los activos, el uso del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR), las metas de masificación residencial y determinadas disposiciones que podrían afectar la autonomía de su función fiscalizadora.

El problema está en cómo se remunera la infraestructura

Para Laca, uno de los principales riesgos se encuentra en la posibilidad de mezclar conceptos contables con los criterios económicos que deben regir la determinación de las tarifas.

“El hecho concreto es que el Estado debe recuperar las instalaciones”, señaló, al considerar que debe tenerse especial cuidado con el valor que se pretenda reconocer por la infraestructura existente una vez culminado el periodo contractual.

La discusión resulta relevante porque Osinergmin ha cuestionado precisamente la pretensión de reconocer un valor residual de los activos de la concesión después de 2033. El regulador sostiene que, bajo la lógica del contrato BOOT, las inversiones realizadas durante la vigencia original deberían haber sido recuperadas al término del contrato.

Laca Sánchez enfatizó que la tarifa de gas natural responde a criterios económicos y no simplemente al valor que una infraestructura pueda mostrar en los libros contables.

“La tarifa de gas no está basada en costos contables sino en costos económicos”, explicó.

En ese punto, recordó una controversia anterior en la que, según relató, empresas de origen chileno pretendían que el Estado peruano reconociera un valor de carácter prácticamente contable por determinadas inversiones.

Su advertencia apunta a una diferencia que considera fundamental: el valor registrado contablemente por una infraestructura no necesariamente coincide con el valor económico que corresponde reconocer para efectos tarifarios.

“El valor nuevo de reemplazo es el valor económico de una red”

Laca puso como ejemplo el tratamiento del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR), mecanismo que forma parte de la discusión planteada por Osinergmin.

En términos simples, explicó, una red puede tener un determinado valor en los registros contables de una empresa, pero eso no significa que ese mismo monto deba trasladarse a la estructura tarifaria.

“El Valor Nuevo de Reemplazo es el valor económico de una red”, sostuvo.

El comentario adquiere relevancia frente a la propuesta de continuidad de la concesión. Osinergmin ha advertido que la aplicación del VNR después de 2033 debe ser revisada, debido a que las instalaciones existentes estarían vinculadas a un contrato BOOT que contempla su reversión al Estado al culminar la concesión.

El regulador también ha cuestionado que se pretenda reconocer un valor residual de los activos físicos cuando el derecho económico asociado a la concesión tendría que llegar a cero al finalizar el contrato original.

El riesgo de un subsidio cruzado

Pero Laca introduce un segundo elemento en el debate: el mecanismo mediante el cual se financiaría la expansión de las redes hacia nuevas localidades.

Según el especialista, si la concesión se extiende bajo las condiciones planteadas, podría producirse un subsidio cruzado.

“Si amplían su concesión, simplemente se produciría un subsidio cruzado”, afirmó.

Su cuestionamiento apunta a determinar cuánto de la nueva expansión sería efectivamente financiado por la concesionaria y cuánto terminaría siendo asumido por los usuarios a través del sistema tarifario.

La Novena Adenda contempla inversiones superiores a US$550 millones para ampliar el servicio hacia 15 localidades de siete regiones, además de nuevas plantas de regasificación, subestaciones y 3.738,9 kilómetros de redes. La propuesta también establece una meta mínima de 201.411 consumidores en las nuevas áreas.

Para Laca, el punto no es solamente cuánto se anuncia como inversión, sino quién termina pagando esa expansión y bajo qué mecanismo.

“¿Qué están invirtiendo?”, cuestionó al referirse al esfuerzo que asumiría la empresa para llevar el gas a nuevas provincias si parte de la expansión termina siendo financiada mediante el sistema tarifario.

“No es el Gobierno, somos nosotros”

El especialista utilizó como referencia el mecanismo de electrificación rural para explicar lo que, a su juicio, podría ocurrir con la expansión de las redes de gas.

“Es como decir ahora: el Gobierno está expandiendo la electrificación rural. No es el Gobierno, somos nosotros, porque a nosotros nos cobran un impuesto para crear un fondo”, explicó.

Con esa comparación, Laca Sánchez plantea que una infraestructura puede aparecer formalmente como una inversión pública o promovida por el Estado, pero finalmente ser financiada por los propios usuarios o contribuyentes.

Trasladado al caso de la concesión de gas natural, su preocupación es que una eventual ampliación del contrato termine reduciendo el riesgo y el esfuerzo económico que corresponde asumir al concesionario, mientras parte de los costos se distribuye entre los usuarios.

El planteamiento conecta con una de las principales preocupaciones del informe de Osinergmin: que la expansión física de las redes no necesariamente se traduzca en una masificación residencial proporcional y que una infraestructura con niveles de utilización inferiores a los previstos pueda terminar impactando en las tarifas.

Una nueva concesión como alternativa

Frente a este escenario, Laca considera que el Estado debería evaluar una ruta distinta a la extensión del contrato.

Su propuesta es que, al término de la concesión, el Estado recupere las instalaciones y convoque un nuevo proceso concesionario.

La idea cambiaría el punto de partida de la discusión: en lugar de extender las condiciones económicas del contrato actual, se establecería un nuevo esquema concesionario que determine las condiciones de operación, inversión, expansión y remuneración de la infraestructura.

Esto también permitiría, según la lógica planteada por Laca, definir desde cero qué activos deben ser considerados, cuáles ya fueron recuperados económicamente y cuáles corresponden a nuevas inversiones.

El propio Osinergmin ha señalado que después de 2033 no existe un régimen tarifario previamente acordado que pueda simplemente prolongarse y que una eventual extensión requeriría revisar variables como el VNR, el valor neto contable, las nuevas inversiones, los costos y los criterios de valoración.

El Congreso pone la lupa sobre la propuesta

La controversia en torno a la Novena Adenda también ha empezado a trasladarse al Congreso. Índice.pe tuvo conocimiento de que la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados del Congreso invitó para el martes 15 de septiembre al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, y a su equipo técnico, para que brinden mayores detalles sobre la propuesta presentada por Cálidda.

La convocatoria busca conocer los alcances de la iniciativa mediante la cual la concesionaria plantea extender su operación hacia siete regiones del país y que, está vinculada a la prórroga por 10 años de la concesión en Lima y Callao.

La reunión adquiere especial relevancia luego de las observaciones formuladas por Osinergmin y ante los cuestionamientos surgidos respecto del reconocimiento tarifario de las instalaciones existentes, las nuevas inversiones y el esquema bajo el cual se financiaría la expansión de las redes.

Precisamente, Rafael Laca considera que el Congreso debería prestar especial atención a la propuesta antes de que se adopte una decisión definitiva.

“Esperemos que, en este caso, el Congreso prenda las alarmas”, sostuvo el especialista.

Así, la discusión sobre la adenda ya no se limita a determinar si Cálidda continuará operando las redes de gas natural. El debate empieza a centrarse en una cuestión de mayor alcance: qué modelo de concesión debe regir después de 2030, cómo deben valorarse los activos existentes y quién debe asumir el costo de la expansión del servicio hacia nuevas regiones.

Mientras Osinergmin ha planteado reparos regulatorios y tarifarios, Laca coloca sobre la mesa una alternativa más disruptiva: que el Estado recupere las instalaciones al término de la concesión y convoque un nuevo proceso concesionario. La decisión que finalmente se adopte definirá no solo quién operará las redes, sino también bajo qué condiciones económicas se seguirá expandiendo el gas natural y cuánto de ese costo recaerá sobre los usuarios.