El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) manifestó su preocupación por la intención del Congreso de la República de ampliar el periodo de vigencia de la reducción de la tasa del Impuesto General a las Ventas (IGV) a los restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos.
Esta medida de la ley 31556, que ya le ha costado más de S/1.700 millones a las arcas públicas, vencía en diciembre de este año. Pero el Parlamento puso en agenda del Pleno un dictamen para ampliarlo hasta el 2025. De ser así, el costo fiscal ascendería a S/2.500 millones, en base al estimado anual del MEF actualizado en un reciente informe al que accedió Índice.
En un comunicado, el Ministerio de Economía enfatiza que, pese a la reducción del IGV, los precios de los restaurantes subieron 6,6%, esto es casi el doble que la inflación de alimentos (3,7%).
“La lógica de una exoneración o reducción de una tasa del IGV es que esta se refleje en menores precios, lo cual debería generar una mayor demanda de bienes y servicios. Eso no ocurrió (…) Es un beneficio ciego que favorece en mayor medida a las empresas que no lo necesitan”, advierte el Ministerio de Economía.
La cartera de Economía subrayó que las empresas que se acogen a la reducción del impuesto son las de mayores niveles de ventas que más bien deben pagar más impuestos, y que esta medida no discrimina entre las que se encuentran en buena situación económica de las que no.
En el 2023 el beneficio alcanzó a 28.769 empresas, pero la quinta parte fueron las de mayores ventas, las cuales recibieron el 76% del importe total del beneficio en perjuicio de una menor recaudación para los ingresos del tesoro público.
Perjuicio fiscal en beneficio de los restaurantes
La propuesta tiene un alto costo fiscal. La ley 31556 entró en vigencia en setiembre de 2022, según información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en cuatro meses de ese año la reducción del IGV a restaurantes generó un forado fiscal de S/221 millones 796.350.
Mientras que para todo el 2023, los restaurantes se beneficiaron con S/742 millones 931.071 en perjuicio de la recaudación pública. De ese total, el 75% (S/560 millones) favoreció solo a 5.700 de las 28.000 que se acogieron.
En un reciente informe, el MEF estima que el costo fiscal de dicha ley 31556 asciende a S/780 millones anuales. Con lo que considerando esa cifra para el 2024, el país ya estaría dejando de recaudar más de S/1.700 millones.
Y si el Congreso amplía la vigencia de dicha ley hasta el 2025, pese a las advertencias del Ministerio de Economía, el perjuicio fiscal al país ascenderá a S/2.500 millones.
El MEF enfatiza que la propuesta es contraria a los lineamientos de política tributaria plasmados en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2025-2028, que indica que se debe limitar la creación de nuevos beneficios tributarios racionalizar los existentes.
“Ampliar su vigencia tendría implicancias sobre el cumplimiento de reglas fiscales, dado que las previsiones del MMM 2025-2028 contemplan que la tasa reducida del IGV culmine en 2024, y no continúe restando ingresos fiscales en los siguientes años”, puntualizó.
Bancadas que insisten con reducir el IGV a restaurantes
El Congreso puso en agenda del Pleno —a pocos días de culminar la legislatura 2023-2024— el dictamen que reúne los proyectos de ley 7838 y 8637, de autoría de Luis Aragón (Acción Popular) y Jorge Flores Ancachi (Podemos Perú), respectivamente.
Según el registro de la web del Parlamento, recién el último jueves 5 de diciembre, el presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Salhuana, reunió las firmas para la exoneración de dictamen de la Comisión de Economía respecto de los proyectos de ley 7838 y 8637, y la ampliación de Agenda del Pleno para incluir el debate de esta medida.
Esto fue validado con las firmas de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Perú Libre, Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Avanza País y Honor y Democracia. Con ello se sumaron 80 integrantes a favor, del total de 124, y se procedió a agendar su debate en el Pleno.
Es preciso señalar que como la legislatura acaba el 16 de diciembre, al ser un tema tema tributario que requiere entrar en vigencia desde enero de 2025, surge la premura a las internas del Congreso para aprobar la medida. Por ello, la preocupación pública del MEF.
El mismo presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, expresó su rechazo a este beneficio tributario que redujo el IGV a los restaurantes sin sustento técnico: “es lo peor”, calificó.
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