Congreso avanza en otro golpe a las finanzas públicas: nuevo paquete de normas costará S/8.700 millones al año

En los últimos años, el Congreso de la República se ha convertido en un actor muy importante en el debilitamiento de las finanzas públicas del país, debido a la aprobación de normas que implican gasto en el presupuesto público, pese a que la Constitución señala que el Parlamento no tiene iniciativa de gasto.

Si bien desde diversas tribunas, como el Consejo Fiscal, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se advierte que el Congreso no debe seguir aprobando normas que impliquen gasto para el Estado, pues debilitan las finanzas públicas.

 “Iniciativas legislativas recientes implican costos fiscales significativos y complican el logro de las metas”, señala la declaración del FMI en su última revisión de las finanzas públicas peruanas en marzo de este año.

Pero estas advertencias no han tenido eco en el Congreso. Por el contrario, en la última sesión de la Comisión de Economía se aprobó un paquete de normas que implicarán un nuevo golpe a las finanzas públicas, pues tienen un impacto estimado en más de S/ 8.700 millones año, de acuerdo a cálculos realizados por el MEF a los cuales accedió Índice.pe, los cuales se resumen en el siguiente cuadro:

Impacto de las iniciativas legislativas aprobadas por la comisión de Economía

Mejoras remunerativas y laborales impactan en finanzas públicas

El proyecto de ley de mayor impacto para las finanzas públicas es el que permitirá que los trabajadores públicos que cuentan con contrato administrativo de servicios (CAS) a plazo indeterminado, nivelen sus sueldos al de otros regímenes laborales como el 276 (carrera pública tradicional) o 728 (régimen privado en el Estado).

Para que esto suceda, los CAS indeterminados deben cumplir con dos condiciones: percibir ingresos mensuales no mayores a S/ 4.000 y ocupar cargos equivalentes a los regímenes con los cuales se nivelarán sus salarios.

Según el análisis realizado por el MEF, en las entidades del gobierno nacional y gobiernos regionales, existen 258.399 puestos CAS, de los cuales 158.573 son a plazo indeterminado. De este último grupo, 119.366 serían los beneficiados con la norma ya que tienen ingresos menores a los S/ 4.000 mensuales.

El cálculo realizado por el MEF señala que la medida propuesta tendría un impacto en las finanzas públicas de manera permanente estimada en S/ 5.607 millones anuales, de los cuales S/ 3.506 millones corresponden al gobierno nacional y S/ 2.101 a los gobiernos regionales.

Además, se advierte que, la aprobación de la iniciativa legislativa en los términos propuestos, implicaría mayores asignaciones presupuestarias a las entidades públicas, con la consecuente demanda de recursos adicionales al tesoro público.

Más beneficios remunerativos

Además, el otro grupo de cuatro proyectos de ley aprobados en la Comisión de Economía también están vinculados a mejoras remunerativas de un grupo de funcionarios públicos.

Se tratan de iniciativas que permitirán que los trabajadores del Poder Judicial contratados como CAS pasen al régimen 728 y que los fiscales titulares del Ministerio Público tengan una homologación de una bonificación adicional como las que tienen los jueces titulares del Poder Judicial.

A ellos se suman la actualización de la escala remunerativa de los trabajadores de Cofopri bajo el régimen 728; y el cambio de categoría de suboficial a oficial en la Policía Nacional del Perú (PNP).

En conjunto, la implementación de estas leyes implicarán un impacto permanente en las finanzas públicas superior a los S/ 500 millones al año, de acuerdo con los cálculos realizados por el MEF.

Constitucionalidad de medidas en debate

En todas las observaciones presentadas por el MEF se especifica que las iniciativas legislativas aprobadas por la Comisión de Economía del Congreso, vulnerarían la Constitución Política del Perú, ya que su artículo 79 señala que “los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear o aumentar gastos públicos“.

Sin embargo, en el análisis realizado por la comisión parlamentaria niegan que exista tal vulneración a la Constitución, ya que las iniciativas no aumentarían ni crearían gasto público, ya que se financiarán con recursos del presupuesto de cada una de las entidades que se beneficien de las medidas.

Además, señalan que la implementación de las leyes serán graduales, por lo que le corresponderá al MEF establecer los plazos para que estas puedan hacerse viables, manteniendo la competencia del manejo de la caja fiscal.