En un contexto marcado por el proceso electoral y los desafíos ambientales que enfrenta el país, especialistas, representantes de la sociedad civil, líderes indígenas y actores del sector productivo participaron en un espacio de diálogo convocado desde la academia para analizar el vínculo entre sostenibilidad, desarrollo y toma de decisiones públicas.
Durante la jornada, el rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Julio del Valle Ballón, señaló que las elecciones representan un momento clave para la ciudadanía, especialmente para quienes votarán por primera vez, destacando la importancia de promover un voto informado y responsable. Asimismo, advirtió que el país atraviesa una etapa de fragmentación y desconfianza, en la que el proceso electoral será determinante para definir el rumbo de las políticas públicas, en particular en materia ambiental y de gestión de recursos naturales.
Desde la organización del evento, Ana Sabogal, directora del Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía de la Pontificia Universidad Católica del Perú (INTE PUCP), y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la PUCP, indicó que los temas ambientales aún no ocupan un lugar prioritario en la agenda pública, pese a su relación con problemáticas como la minería ilegal, la deforestación y la inseguridad. El encuentro fue estructurado en tres momentos: un diagnóstico académico, aportes desde la sociedad civil y la presentación de propuestas políticas.
Diagnóstico ambiental y desafíos estructurales
En el bloque académico, el antropólogo Óscar Espinosa abordó la situación de la Amazonía, señalando que se trata de uno de los territorios más vulnerables del país. Entre los principales problemas identificó la deforestación, la contaminación de ríos, la pérdida de biodiversidad y la expansión de economías ilegales. Indicó que el Perú pierde aproximadamente 150 mil hectáreas de bosques al año, en un proceso asociado a múltiples factores como la agroindustria, el narcotráfico, la minería ilegal y el desarrollo de infraestructura.
En relación con el sector agrícola, Sabogal planteó la necesidad de definir el rumbo del desarrollo agrario, especialmente tras la extensión de la ley agraria hasta 2035 -criticada porque otorga beneficios tributarios a grandes agroexportadoras, con un alto costo fiscal-. A partir de recomendaciones de organismos internacionales, destacó la importancia de la gestión sostenible del suelo, la restauración de tierras degradadas y la seguridad alimentaria, planteando interrogantes sobre el modelo de agroexportación, el despoblamiento rural y la preservación de sistemas tradicionales.
Por su parte, Juan Carlos Sueiro, representante de Oceana, se refirió a la relevancia del mar peruano para la economía y la seguridad alimentaria. Señaló riesgos asociados al crecimiento de la flota artesanal, la informalidad en nuevas embarcaciones y la sobreexplotación de especies. También advirtió sobre la pesca de juveniles y la contaminación marina en zonas portuarias.
Desde una perspectiva climática, Rosa Morales, de CARE Perú, indicó que el cambio climático impacta de manera transversal a todos los sectores, generando efectos como sequías, inundaciones, pérdida de glaciares y afectaciones a la salud pública. Si bien el país cuenta con marcos normativos en la materia, señaló que el principal desafío radica en su implementación efectiva.
En la misma línea, Mariano Castro, de GRADE, sostuvo que la crisis ambiental no es sectorial, sino estructural, y que incide directamente en la viabilidad del desarrollo y la democracia. Planteó la necesidad de incorporar criterios de justicia ambiental, priorizar territorios vulnerables y vincular las políticas públicas con presupuestos concretos.
Voces de la sociedad civil y sectores productivos
El segundo panel incorporó la perspectiva de actores sociales y productivos. Ketty Marcelo, lideresa indígena, señaló que los pueblos indígenas enfrentan retrocesos en sus derechos y una limitada visibilidad en la agenda política. Asimismo, destacó la relación entre los territorios andinos y amazónicos, así como la importancia de reconocer saberes ancestrales y garantizar la autonomía territorial.
Desde el sector agrario, Luis Gomero, de Conveagro, advirtió que la agricultura familiar enfrenta múltiples amenazas, en particular por el cambio climático. Cuestionó la falta de políticas públicas efectivas y planteó la necesidad de impulsar prácticas sostenibles, diversificación productiva y tecnologías de adaptación.
En el ámbito pesquero, Josué Abad, representante de pescadores artesanales, señaló las dificultades para la formalización del sector y la falta de reconocimiento de su aporte a la cadena alimentaria. También mencionó los impactos del cambio climático en los ecosistemas marinos y la necesidad de incorporar el conocimiento empírico en la toma de decisiones.
Desde el sector empresarial, Micaela Rizo Patrón, de Perú Sostenible, enfatizó la necesidad de abordar la sostenibilidad de manera integral, articulando Estado, empresas y sociedad civil. Destacó desafíos como la lucha contra la ilegalidad, la adaptación a estándares internacionales y la importancia de la innovación.
Propuestas políticas en el contexto electoral
En el tramo final, representantes de diversas agrupaciones políticas, entre ellos Roger Rumrrill del partido Ahora Nación, Ana Leyva de la Alianza electoral Venceremos, Patricia Iturregui del Partido Buen Gobierno, Alexander Villafuerte del Partido Morado, Antonio Quispe por Fuerza y Libertad, y Graciela Trujillo del partido Sí Creo, presentaron sus propuestas. En materia de agricultura y recursos hídricos, coincidieron en señalar la problemática del acceso al agua y la necesidad de integrar conocimientos ancestrales con tecnologías modernas. También se abordó la reducción de glaciares y su impacto en la disponibilidad hídrica.
En el eje ambiental, se planteó la integración de políticas de calidad del aire y cambio climático, así como la relación entre contaminación y salud pública. En cuanto a regulación, se identificaron vacíos normativos y la necesidad de fortalecer los instrumentos de fiscalización ambiental.
Sobre minería, se propuso el cierre del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) en 2026 y el impulso a procesos de formalización. En el ámbito económico, se destacó la necesidad de compatibilizar crecimiento y sostenibilidad, así como reducir las brechas entre agroexportación y agricultura rural.
Finalmente, en el plano de la gobernanza, se planteó priorizar el interés nacional, fortalecer la institucionalidad ambiental y avanzar en la ejecución de políticas públicas, más allá del diagnóstico.
El encuentro puso en evidencia la diversidad de enfoques y coincidencias en torno a los principales desafíos ambientales del país, en un escenario marcado por el proceso electoral y la necesidad de definir políticas sostenibles a largo plazo.
