Deflagración en Camisea: investigación técnica continúa inconclusa tres meses después
La investigación técnica sobre la deflagración en el ducto de Camisea permanece inconclusa por la inmovilización de pruebas clave. El caso reabre cuestionamientos sobre la seguridad del sistema energético peruano y la capacidad del Estado para fiscalizar una infraestructura crítica.
A casi tres meses de la deflagración registrada en el sistema de transporte de gas de Camisea, el país aún no conoce las causas exactas del incidente que desencadenó una de las mayores crisis energéticas de los últimos años. La investigación técnica permanece paralizada y ahora el propio Osinergmin ha responsabilizado públicamente a la Fiscalía por impedir la culminación de las pericias especializadas necesarias para determinar responsabilidades.
El incidente ocurrió el 1 de marzo en una estación de válvulas ubicada en el kilómetro KP 43, en el distrito cusqueño de Megantoni, y obligó a paralizar el transporte de gas natural y líquidos de gas natural provenientes de Camisea, afectando el abastecimiento nacional de combustibles y provocando restricciones en el suministro de GNV.
Un caso que expone fragilidad institucional
La decisión de Osinergmin de solicitar apoyo de la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas y la Defensoría del Pueblo para exhortar a la Fiscalía a acelerar el proceso revela el nivel de tensión institucional alrededor de un caso que tiene implicancias energéticas, económicas y políticas.
El regulador sostiene que sin esos análisis técnicos no puede concluir la etapa de fiscalización ni aplicar eventuales sanciones. Sin embargo, la demora también deja en suspenso la determinación de responsabilidades en una infraestructura considerada estratégica para el país.
La crisis generada por la interrupción del ducto evidenció la alta dependencia del Perú respecto del sistema Camisea. Durante marzo, el Gobierno declaró la emergencia energética y aplicó mecanismos de racionamiento para priorizar el abastecimiento residencial y del transporte público.
El episodio generó largas colas en estaciones de servicio, incremento de precios de combustibles y afectaciones operativas para industrias y transportistas. La situación también reactivó cuestionamientos sobre la falta de redundancia en el sistema energético nacional y la ausencia de infraestructura alternativa frente a contingencias de gran escala.
Los antecedentes que vuelven a poner a TGP bajo la lupa
Aunque la investigación oficial sigue inconclusa, Osinergmin ya ha emitido tres informes preliminares sobre el caso. En marzo, el organismo descartó que existieran condiciones excepcionales suficientes para justificar una declaratoria de fuerza mayor solicitada por el concesionario. Posteriormente, en abril, detectó incumplimientos contractuales vinculados al suministro insuficiente de flujo y presión de gas natural entre el 1 y el 13 de marzo.
Según Osinergmin, el sistema debía garantizar una disponibilidad del 99% y operar bajo estándares orientados a evitar paradas no programadas.
Los cuestionamientos no son nuevos. Una investigación de Reuters reveló que organismos supervisores habían advertido durante años sobre riesgos asociados a erosión, deslizamientos y fallas estructurales en el sistema operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP). El reporte periodístico señala que existen más de 75 informes oficiales acumulados desde 2005 y al menos 13 fallas documentadas en la infraestructura.
Incluso, según ese informe, una fuga importante ya había sido detectada en 2020 en la misma estación de válvulas donde ocurrió la deflagración de marzo de 2026.
Investigación inconclusa y dudas abiertas
La imposibilidad de concluir las pericias técnicas mantiene abiertas preguntas fundamentales: qué originó exactamente la deflagración, si existieron fallas operativas prevenibles y si el concesionario actuó conforme a los estándares exigidos por el contrato.
Mientras tanto, el caso continúa alimentando el debate sobre la capacidad del Estado peruano para supervisar adecuadamente proyectos energéticos de alto impacto y responder con rapidez frente a emergencias que comprometen el abastecimiento nacional.
Por ahora, la principal investigación técnica sobre la crisis energética de marzo sigue detenida en una etapa administrativa y fiscal. Y con ello, también permanece en suspenso la posibilidad de establecer responsabilidades concretas en uno de los sistemas más sensibles para la economía peruana.
