Gobierno designa a su quinto jefe de Sunat en medio de menor impulso de recaudación tributaria

De manera sorpresiva, el 3 de octubre último, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, designó a Edward Víctor Alberto Tovar Mendoza como jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), en reemplazo de Marilú Haydeé Llerena Aybar quien se desempeñó en ese cargo desde el 22 de marzo último, es decir, poco más de seis meses.

De esta manera, Tovar Mendoza, quien es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y se venía desempañando como presidente del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se convierte en el quinto jefe de la Sunat del gobierno de Dina Boluarte.

Cuando inició su mandato, en diciembre del 2022, Boluarte mantuvo como jefa de la Sunat a Luis Enrique Vera Castillo, quien se desempeñaba en el cargo desde el gobierno de Francisco Sagasti, hasta marzo del 2024 cuando se designó a Gerardo López González.

Pero López solo estuvo en el puesto más importante de la Sunat durante siete meses, pues en octubre del 2024 fue reemplazado por Víctor Mejía Ninacondor. Este último también duro solo cinco meses en dicha posición, ya que en marzo de este año se designó a Marilú Llerena Aybar, quien dejó el cargo luego de seis meses para dar pase a Edward Tovar Mendoza, quien inicia una nueva etapa.

Crecimiento alto de la recaudación tributaria, difícil de sostener

Este cambio en la dirección de la Sunat se da en medio de previsiones de un menor impulso de la recaudación tributaria en el Perú durante esta segunda mitad del 2025.

De acuerdo con el Informe de Reglas Fiscales – Segundo Trimestre 2025 elaborado por el MEF, los ingresos fiscales crecieron 14,1% en términos reales entre abril y junio, acumulando cinco trimestres consecutivos de expansión.

Este desempeño permitió reducir el déficit fiscal a 2,6% del PBI anualizado, acercando al país al cumplimiento de la regla fiscal que fija un límite de 2,2% del PBI para todo el año.

Sin embargo, el documento advierte que el crecimiento de los ingresos fiscales se moderará en el segundo semestre, debido a la disipación de factores extraordinarios que impulsaron su expansión durante el primer semestre.

Factores transitorios

Entre los principales elementos transitorios que impulsaron el crecimiento de la recaudación en la primera mitad del año figuran la venta de la empresa Enel —que generó ingresos por S/ 2.160 millones— y la transferencia de utilidades del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) al Tesoro Público, por S/ 938 millones. Estos ingresos no recurrentes elevaron la presión tributaria hasta 14,6% del PBI, según el reporte del MEF.

El crecimiento también fue impulsado por las medidas implementadas por la Sunat, como el Régimen Especial de Fraccionamiento (FRAES), la aplicación del IGV e ISC a plataformas digitales y nuevos mecanismos de cobro del Impuesto a la Renta por venta indirecta de acciones.

Segundo semestre con menor empuje

Para la segunda mitad del año, el MEF prevé que el desempeño de la recaudación estará determinado por factores macroeconómicos estructurales, como el dinamismo de la actividad interna, las condiciones del comercio exterior y los precios internacionales de las materias primas.

“Se espera que el crecimiento de los ingresos fiscales continúe, aunque a un ritmo más moderado, en línea con el desempeño de sus principales fundamentos macroeconómicos”, precisa el informe.

Se precisa que a medida que se disipen los factores que favorecieron la recaudación del primer semestre del año, el crecimiento de los ingresos fiscales en la segunda mitad del 2025 estará en línea con sus principales determinantes: dinamismo de la actividad económica, precios favorables de las materias primas y mejor desempeño del comercio exterior.

Evasión tributaria sigue siendo un reto

Pese al repunte de la recaudación, el MEF advirtió que el país aún enfrenta altos niveles de incumplimiento tributario.

En 2024, la evasión del IGV representó el 34,4% de su recaudación potencial, mientras que en el caso del Impuesto a la Renta empresarial alcanzó 53,6%, lo que equivale a más del 9% del PBI en ingresos no percibidos por el Estado.

Estas brechas, señala el informe, reflejan la necesidad de seguir fortaleciendo las medidas de fiscalización y ampliación de la base tributaria, con el fin de sostener la recuperación de los ingresos sin depender de recursos extraordinarios.

Austeridad y control del gasto

En paralelo, el gasto público también mostrará una tendencia de contención. El MEF proyecta una desaceleración del gasto no financiero, tras la desaparición del efecto del aporte extraordinario a Petroperú y la aplicación de medidas de austeridad previstas en la Ley de Presupuesto 2025.

Estas medidas limitan los incrementos en viajes, publicidad y contrataciones, y refuerzan la eficiencia del gasto en bienes y servicios.

Además, desde abril se aplica la nueva Ley de Contrataciones del Estado, que busca mayor eficiencia, transparencia y ahorro en las compras públicas.

Sólidos fundamentos macrofiscales

El documento del MEF destaca que, pese a la moderación prevista, el Perú mantiene una posición fiscal sólida. La deuda pública se redujo a 30,7% del PBI, y el país conserva su grado de inversión con perspectiva estable por parte de Moody’s, Fitch y S&P, en contraste con recientes rebajas de calificación en países vecinos como Colombia y Bolivia.

“El sólido pilar fiscal del Perú contribuye a mantener una baja percepción de riesgo por parte de los inversionistas internacionales”, subraya el MEF.

Meta: cierre del año con déficit controlado

Con la disipación de los ingresos atípicos, el desafío será mantener la senda de consolidación fiscal sin afectar el crecimiento. “Los ingresos seguirán creciendo, pero a un ritmo más moderado, acorde con el desempeño de los fundamentos macroeconómicos y la disipación de los factores transitorios”, precisa el informe.

El MEF proyecta que el país cerrará 2025 con un déficit fiscal dentro de los límites legales y una estructura de ingresos más equilibrada, consolidando la confianza de los mercados en la sostenibilidad de las finanzas públicas.