SNI: una de cada cuatro bebidas alcohólicas vendidas en Perú sería ilegal

Una de cada cuatro bebidas alcohólicas comercializadas en el Perú tendría procedencia ilegal, debido a la falsificación, adulteración o contrabando, según estimaciones difundidas por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Frente a este escenario, los comités de Destilados y Vitivinícola del gremio plantean modificar el marco legal para que la producción y comercialización de estas bebidas puedan ser perseguidas bajo el enfoque del crimen organizado.

La propuesta busca incorporar estas conductas en la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, con el argumento de que las sanciones y herramientas legales vigentes no serían suficientes para enfrentar las redes que participan en esta actividad.

El planteamiento fue presentado durante el II Simposio “Transformación Económica e Innovación hacia la Sostenibilidad en Lima Metropolitana”, organizado por la Subgerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional Metropolitano de Lima, en alianza con el Comité de Destilados de la SNI.

Más allá del riesgo sanitario, el comercio de bebidas alcohólicas ilegales representa un problema económico para las empresas que operan formalmente. La circulación de productos falsificados, adulterados o ingresados ilegalmente compite con la oferta legal y puede desplazar ventas, afectar el empleo formal y reducir la recaudación tributaria.

Comercio ilícito presiona a la industria formal

Silvia Hooker, gerenta de Asuntos Internacionales de la SNI, señaló que el 52% de los empresarios industriales se ve afectado por el comercio ilícito. Dentro de esta problemática, la falsificación y la adulteración ocupan el cuarto lugar del ranking mencionado por el gremio, que sitúa al contrabando en la primera posición.

La representante empresarial sostuvo que combatir estas actividades requiere medidas que vayan más allá de la fiscalización, debido a que las redes involucradas pueden contar con estructuras logísticas, mecanismos de financiamiento y canales de distribución.

Desde la perspectiva de la industria formal, la competencia con productos ilegales no solo compromete las ventas de las empresas que cumplen con las obligaciones tributarias y regulatorias. También puede perjudicar a proveedores, distribuidores y trabajadores vinculados a la cadena productiva y comercial.

Sin embargo, para dimensionar el impacto económico de esta actividad sería necesario contar con estimaciones verificables sobre las ventas ilegales, las pérdidas tributarias y el empleo afectado. Las cifras expuestas por la SNI constituyen una referencia del sector, pero no reemplazan una medición integral del mercado informal.

¿Qué cambiaría con la Ley contra el Crimen Organizado?

En el Perú, la Ley 29632 establece medidas para erradicar la elaboración y comercialización de bebidas alcohólicas informales, adulteradas o no aptas para el consumo humano. Esta norma incorporó al Código Penal el artículo 288-C, referido a estas conductas.

No obstante, según la SNI, estos delitos no están comprendidos de manera específica en el ámbito de la Ley 30077, que establece herramientas para investigar y perseguir organizaciones criminales en los supuestos previstos por la legislación.

El gremio propone incorporar expresamente la producción y comercialización de bebidas alcohólicas ilegales entre las conductas contempladas por ese marco normativo. El objetivo sería facilitar una respuesta penal que permita investigar no solo a quienes elaboran o venden los productos, sino también a las estructuras que organizan y sostienen el negocio ilícito, siempre que se cumplan los requisitos legales aplicables.

José Luis Medina, abogado especialista en litigios penales vinculados a la actividad empresarial y cumplimiento corporativo del Estudio Rodrigo, sostuvo que la adulteración de bebidas alcohólicas funciona mediante estructuras organizadas que obtienen ganancias a costa de la salud de las personas.

A su juicio, incorporar estas conductas en el ámbito del crimen organizado permitiría fortalecer las capacidades del Estado para investigar, sancionar y desarticular las redes involucradas.

El alcance de una eventual modificación dependerá, sin embargo, de la redacción legal que se apruebe y de los requisitos necesarios para atribuir responsabilidad penal. La inclusión de un delito en la Ley 30077 no supone automáticamente que cualquier caso de elaboración o venta de bebidas ilegales constituya crimen organizado.

Bebidas adulteradas: el riesgo sanitario y económico

El impacto de esta actividad también se refleja en los riesgos para los consumidores. Adrián Reyes, integrante del equipo Legal & Compliance de Cartavio Rum Company, recordó que la circulación de licor adulterado ha estado asociada a intoxicaciones masivas y muertes en distintas zonas del país.

Durante el simposio, Reyes expuso resultados de análisis de productos alcohólicos adulterados incautados en el Perú. Según lo señalado, se encontraron niveles de contaminación bacteriana superiores en más de 200% al parámetro de referencia utilizado y niveles de turbidez por encima de 500%.

Estos porcentajes requieren una precisión técnica adicional para determinar qué parámetros se utilizaron como referencia, qué muestras fueron analizadas y bajo qué metodología. Por sí solos, no permiten establecer el riesgo específico de cada producto ni extrapolar los resultados a todo el mercado ilegal.

El riesgo más amplio está relacionado con la composición incierta de las bebidas adulteradas, cuyos ingredientes y condiciones de elaboración pueden apartarse de los controles sanitarios exigidos a los fabricantes formales.

Desde una mirada económica, las consecuencias pueden extenderse más allá de las empresas productoras: también pueden involucrar costos de atención sanitaria, pérdidas para los comercios formales y daños a la confianza de los consumidores.

Fiscalización y cambios legales, los retos pendientes

Hans Ramírez, analista de los Comités de Destilados de la SNI, reiteró la estimación del gremio de que una de cada cuatro bebidas alcohólicas vendidas en el país tendría procedencia ilegal. La cifra comprende productos vinculados con falsificación, adulteración o contrabando.

La propuesta de la SNI abre el debate sobre la capacidad del Estado para enfrentar una actividad que combina riesgos sanitarios, evasión de obligaciones y competencia desleal. No obstante, una respuesta efectiva también dependerá de la capacidad operativa de las autoridades para detectar los productos, rastrear sus canales de abastecimiento y distribución, y asegurar que las investigaciones lleguen a los responsables.

El simposio reunió a representantes del sector privado y del Estado, entre ellos funcionarios vinculados a la lucha contra los delitos aduaneros y la piratería, especialistas en innovación y representantes del Gobierno Regional Metropolitano de Lima.

El planteamiento del gremio industrial es que la persecución de las bebidas alcohólicas ilegales no se limite a intervenciones aisladas contra productores o comerciantes. Su propuesta apunta a que, cuando corresponda legalmente, las investigaciones alcancen a las redes que financian, distribuyen y obtienen ganancias de esta actividad.

La discusión pendiente será determinar si una modificación normativa, acompañada de fiscalización y coordinación entre las autoridades, logra reducir el mercado ilegal sin generar duplicidades legales y con resultados verificables en materia de salud pública, recaudación y protección de la industria formal.