Cosco escala disputa por el Puerto de Chancay y apelará fallo que respalda la supervisión de OSITRAN

La controversia en torno al alcance de las facultades de supervisión del Estado sobre el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay continuará en los tribunales. Cosco Shipping Ports Chancay Perú (CSPCP) anunció que recurrirá a la siguiente instancia constitucional luego de que la Segunda Sala Constitucional de Lima emitiera una resolución desfavorable en el proceso de amparo que interpuso contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN).

Mediante un comunicado difundido este jueves 2 de julio, la empresa precisó que su acción judicial no cuestiona las funciones de supervisión e inspección que ejercen diversas entidades del Estado dentro del puerto, entre ellas la SUNAT, la Autoridad Portuaria Nacional (APN), la DIRANDRO, el SENASA, la Policía Fiscal, Migraciones y las autoridades sanitarias, cada una dentro del ámbito de sus competencias.

No obstante, la compañía reiteró que el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay posee una naturaleza “totalmente privada” y opera en un mercado de libre competencia, por lo que considera que las facultades que busca ejercer OSITRAN exceden las establecidas en la Ley del Sistema Portuario Nacional y vulneran el principio de legalidad.

Según la empresa, la resolución judicial no desarrolló los argumentos de fondo planteados en la demanda de amparo, especialmente aquellos relacionados con el marco jurídico vigente cuando se realizó la inversión y las competencias que, a su juicio, corresponden a las distintas autoridades estatales.

Asimismo, Cosco Shipping Ports Chancay Perú sostuvo que el fallo trasciende el ámbito operativo del terminal y podría generar efectos sobre la seguridad jurídica para futuros inversionistas, al modificar las reglas bajo las cuales —afirma— se concretó el proyecto portuario.

Frente a este escenario, la operadora informó que agotará las vías procesales previstas en el ordenamiento jurídico y expresó su confianza en que la siguiente instancia constitucional evalúe integralmente los argumentos presentados durante el proceso.

Pese al litigio, la empresa reafirmó su compromiso de cumplir la normativa peruana y continuar operando el Puerto de Chancay bajo estándares internacionales, destacando que la infraestructura constituye un activo estratégico para el desarrollo del comercio exterior y la competitividad logística del país.

La decisión de acudir a una nueva instancia prolonga un proceso que será determinante para definir el alcance de las competencias regulatorias de OSITRAN sobre el megapuerto de Chancay, un precedente que podría influir en la supervisión de futuras inversiones privadas en infraestructura portuaria.