El gobierno peruano aceptó la propuesta de la empresa Cálidda, actualmente encargada de la distribución de gas natural en Lima y Callao desde el 2004, para prestar el mismo servicio a 7 regiones altoandinas del Perú.
Así, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y la empresa concesionaria de la distribución de gas natural en la capital, concluyeron el acuerdo para “ampliar la prestación del servicio de suministro de gas natural en 15 nuevas localidades de 7 regiones”, según anunció la presidenta de la república Dina Boluarte, durante su mensaje a la nación, por Fiestas Patrias.
Se trata de las regiones de Huancavelica, Puno, Cusco, Ucayali, Ayacucho, Apurímac y Junín, que se sumarían a las concesiones vigentes de Lima y el Callao y que hoy gozan de tarifas mucho más competitivas respecto a las concesiones del norte. Claramente, el aspecto tarifario es la ventaja que tiene Cálidda frente a propuestas pasadas.
Y es que el proyecto integral para llevar gas natural a 7 regiones del país no es nuevo. El proyecto “7 Regiones”, tal como se le conoce actualmente, no ve la luz desde el 2013, sin embargo, el origen de esta iniciativa – que antes consideraba menos regiones – data del 2005.
De acuerdo con especialistas consultados por Índice, las condiciones de las licitaciones pasadas resultaban poco atractivas para el capital privado, en la medida que no existe una demanda importante de gas natural en las regiones del sur, tales como grandes industrias o nuevas centrales termoeléctricas para hacer el subsidio cruzado que permita la masificación domiciliaria.
Aspectos centrales de la negociación
La propuesta para llevar el gas a estas regiones, que se acercó al Gobierno en los últimos meses del 2024, considera al menos dos aspectos centrales e innegociables. Justamente estos ejes no se explicaron en el mensaje de Boluarte y se espera que en los próximos días el ente rector profundice en ellos o mediante la pre publicación del contrato.
Un primer elemento clave sobre la propuesta de Cálidda, de distribuir gas en las regiones del centro y parte del sur del país, es que se suscriba una prórroga de 10 años para la concesión de Lima y Callao. De esta manera, el nuevo vínculo con la empresa – que tiene como accionistas a las compañías colombianas Promigas y al Grupo Energía Bogotá- se extenderá hasta el 2043.
Este era un aspecto central en la negociación con el Estado peruano, pues Cálidda busca extender su red de distribución a 14 ciudades más, ofreciéndoles la misma tarifa de gas natural que hoy cobra en Lima y Callao.
Y es que Cálidda está en la capacidad de ofrecer esta tarifa en la medida que la demanda de la capital es tan fuerte que puede “licuar” la nueva tarifa con el resto de la futura concesión, explicó Erick García, ex director general de Hidrocarburos del Minem.
“Serán como un distrito más de su actual concesión, además que el volumen de gas de Cálidda en residenciales no llega ni al 10%”, apuntó el especialista.
El actual contrato de Cálidda cuenta con un plazo de 33 años contados a partir del 9 de diciembre del 2000. Este plazo, según las memorias anuales de la empresa, se podrá prorrogar, previa solicitud del concesionario con una anticipación no menor a cuatro años a la fecha de su vencimiento o de cualquiera de sus prórrogas, hasta como máximo el año 2060.
“(…) con la finalidad de continuar movilizando inversión privada bajo esta modalidad -Asociación Público Privada (APP)-, para el año 2025 se espera suscribir cuatro adendas estratégicas en transporte, gas natural y salud, que viabilizarán aproximadamente 2.500 millones de dólares aproximadamente”, informó Dina Boluarte el pasado 28 de julio.
Cálidda solicita devolución de inversiones al Estado
Un segundo tema en la propuesta de Cálidda al Estado peruano, es que la empresa solicitó la devolución del valor residual de los activos de la concesión capitalina, revelaron fuentes del sector a Índice.
Se trata de un monto que oscilaría los US$700 millones, es decir, un valor superior a los US$550 millones que Cálidda invertirá para llevar el gas natural a las 7 regiones antes mencionadas.
Este medio pudo conocer que esta solicitud de Cálidda no gozaba de consenso en distintas instancias del Ejecutivo, sin embargo, ante la ratificación del acuerdo, queda por descontado que se impuso la propuesta del concesionario.
Pero estos US$700 millones no se devolvería a la empresa con dinero en efectivo, aclaró para Índice Amadeo Arrarte, Consejero de Miranda & Amado Abogados. Explicó que estos recursos se cobrarían en parte en la tarifa de Cálidda, hasta la culminación del vínculo en 2043, y en caso de existir todavía un saldo de valor residual, este deberá ser asumido por el nuevo contratista.
La justificación central de Cálidda para esta exigencia, es que no recuperará sus inversiones dentro del plazo de la concesión, debido a los criterios que maneja el regulador del sector, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
“Todas las inversiones que viene haciendo Cálidda, a través de sus planes quinquenales, el Gobierno hace que se recuperen a 30 años, pero eso no ocurre a partir de la segunda, tercera y el resto de inversiones que las recupera fuera del plazo de la concesión. El problema es que la tarifa no te alcanza para recuperar esas inversiones y si no te renuevan el contrato nunca vas a recuperarlas. Por eso es que Cálidda ha pedido que se le asegure que va a recuperar sus inversiones, en parte vía tarifas, y el resto que lo asuma el nuevo inversor”, detalló Arrarte.
Sin embargo, existen voces disonantes en el sector que advierten que esta devolución marcaría un precedente único en el Perú, más aún cuando el activo todavía viene siendo usufructuado por Cálidda.
¿Qué implica la adenda y el nuevo plan de inversiones?
La inversión, que se hace en el marco de la adenda, consistirá en la construcción de cuatro subestaciones distribuidoras, 12 plantas regasificadoras y 3.711 kilómetros de redes de distribución, en 15 nuevas localidades de 7 regiones.
La inversión que esto demandará, según informó el gobierno, será superior a los US$550 millones o unos S/1.600 millones. Se proyecta que unos 300.000 hogares nuevos tendrán acceso a esta fuente de energía económica y limpia.
Es importante subrayar el gas natural que llegará a los hogares de Huancavelica, Puno, Cusco, Ucayali, Ayacucho, Apurímac y Junín, no será mediante red de ductos, sino a través de los denominados “gasoductos virtuales”, que no son otra cosa que camiones que llevan el producto licuado en Pisco.
Una vez que el gas licuefactado llegue a su destino, ingresará a las plantas regasificadoras y posterior a este proceso, será distribuido a través de las redes para, finalmente, entrar con las conexiones a los hogares.
Según los especialistas consultados, existe la probabilidad de un ligero ajuste en las tarifas que, en el caso de las tarifas residenciales, todavía seguirá siendo la mitad que el uso de GLP doméstico. Esta tarifa será la misma en todas las regiones de la concesión.
Masificación en hogares a paso lento en Perú
A la fecha Lima tiene una demanda promedio de 620 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, donde apenas 25 millones de pies cúbicos diarios va para los hogares. El grueso del consumo lo tienen la generación eléctrica (casi el 60%) y la industria (alrededor del 30%).
Cabe destacar que se encuentran en operación comercial las concesiones de distribución de gas natural en Lima y Callao a cargo de Cálidda, en Ica a cargo de Contugas, en Piura a cargo de Gases del Norte, en Cajamarca, Lambayeque, La Libertad y Áncash a cargo de Quavii y en Arequipa, Moquegua y Tacna a cargo de Petroperú.
Pese a que la puesta comercial del gas natural en país data del 2004, a marzo de este año el país apenas cuenta con un total de 2 millones 422.830 conexiones domiciliarias, mayoritariamente concentradas en Lima.
